En pleno trabajo está la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) respecto de la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor (REP), iniciativa que data de 2016 y que busca que las empresas se hagan cargo de los residuos que generan con metas graduales de reciclaje, asignándole a la entidad el rol de fiscalizador, seguimiento y cumplimiento de esta legislación.
La SMA ha estado dictando instrumentos desde el año 2021 en adelante, trabajando con equipos vinculados a tecnologías de la información, generando plataformas y todo lo que implica la inteligencia del dato por el volumen de información que se recibirá.
"La Superintendencia está trabajando muy intensamente en la dictación de instructivos, en la instalación de todo el sistema de certificación de lo que implicará la autorización de los terceros en un trabajo muy coordinado con el Ministerio de Medio Ambiente y en el trabajo también del diseño de una estrategia de fiscalización para asegurar el cumplimiento", asegura la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer.
“Hay un apoyo transversal a la necesidad de fortalecer la Superintendencia desde un punto de vista de la modificación de su Ley Orgánica, así que esperamos que esto próximamente ya pueda ingresar al Congreso”.
En esa línea, la autoridad adelanta que recientemente, dentro de la institución, conformaron un comité -con equipo de la SMA que viene trabajando hace mucho tiempo en esta materia- donde están transversalmente todas las áreas más pertinentes al ejercicio de esta ley. El objetivo principal es ver cómo se está dando la implementación de la normativa dentro de la entidad con lo que también implica con otros actores.
"El énfasis es cómo hacer esa sinergia de equipos, esa capacidad de coordinación interna con una mirada común, y eso es lo que hemos trabajado en todo este período y estos meses en que me ha tocado liderar la institución", indica.
Según explica Plumer, se está en un estadio donde "neumáticos" y "envases y embalajes" están en una etapa de funcionamiento, pero faltan todavía mucho más. "Para estos dos focos, neumáticos, y envases y embalajes, la Superintendencia está evidentemente focalizando sus esfuerzos y ahí estamos generando estrategias de fiscalización", dice, donde la naturaleza del obligado es uno de los elementos que entra en la ecuación de dicha definición. En concreto, en esta primera etapa, la SMA está concentrada en la fiscalización del cumplimiento de la meta y en aquellos que hoy están fuera del sistema debiendo hacerlo.
La autoridad destaca que este mes la entidad cumplió 13 años y que se impuso visitar todas las regiones en
su primer año de gestión. Respecto de la labor de la SMA sobre las diversas normativas, reitera el llamado a los titulares: "El mensaje es que estamos trabajando muy fuertemente en diseños, estrategias, y en poder siempre llamar a los titulares a mejorar su estándar de cumplimiento ambiental".
- Considerando el trabajo adicional por esta ley, ¿se necesitarán más recursos?
- Desde hace un tiempo tenemos varias leyes especiales que asignan a la Superintendencia la función de la fiscalización y seguimiento. La ley REP es una de ellas, pero está también la ley de impuesto verde, la ley de plástico de un solo uso, la ley Marco de Cambio Climático. Todas ellas establecen funciones nuevas a las que ya tiene la Superintendencia. Todo eso implica evidentemente la necesidad de fortalecer equipos y capacidades. Las capacidades están dadas por más capacidad de apoyo profesional y también de tecnología. Somos un organismo del Estado y se han solicitado los recursos pertinentes a partir de la discusión presupuestaria. Hay una conciencia en la necesidad de fortalecer a la Superintendencia para cumplir no solamente su rol histórico, sino también estos nuevos roles.
- ¿Cuánta dotación tendrían que contratar para dar cumplimiento a la ley REP?
- El óptimo siempre será un número que será difícil de llegar. Lo importante es que se permita anualmente generar uno o dos profesionales adicionales. Eso ya será un aporte significativo a nuestra forma de trabajar junto al apoyo tecnológico. Esperamos que para el 2024 tengamos un fortalecimiento en el equipo, y lo que nos permita, no solamente en el marco de la Ley REP, sino en todas estas leyes especiales que están todas más o menos en implementación. No están diferidas su vigencia. Son normas que requieren, que están funcionando hoy y que nuestros equipos están con todas sus capacidades tratando de responder a las exigencias.
- ¿Estaría en riesgo la implementación de esta ley en caso de no lograr la suficiente dotación o apoyo financiero?
- No. Tenemos desafíos gigantes como institucionalidad y limitaciones que son públicamente conocidas, pero ejercemos nuestro rol y ese es el objetivo. Por eso priorizamos y generamos estrategias para estar en el momento que hay que estar. En el marco de la Ley REP, se está trabajando para cumplir de la mejor manera. Se están haciendo todos los requerimientos que corresponden, y vamos a cumplir el rol que nos corresponde como organismo público de acuerdo a nuestra función pública.
- ¿Cómo ha visto el tema en la industria?
- El diálogo ha sido a través del Ministerio. Hemos tenido algunas reuniones de lobby. Hay una muy buena disposición de muchos actores a cumplir. Uno ve que hay un compromiso, una preocupación de poder entrar al sistema, de asumir que esta es una ley muy importante, que tiene beneficios, no solamente ambientales, también económicos y sociales. Y que, finalmente, todos ganan al entrar 100% a las reglas de esta ley. Desde la Superintendencia también vamos a informar a través de nuestras vías de comunicación de cuál es nuestro rol, dónde vamos a colocar nuestros énfasis, generar la mayor información posible. Es una ley que tiene sus complejidades de implementación. He visto por lo menos el esfuerzo de todos por cumplir, avanzar en ese cumplimiento.
- ¿Hay dudas en la industria de cómo se fiscalizará?
- Hemos estado trabajando todo este período en generar estas herramientas tecnológicas, tenemos ya ciertas prioridades de cómo vamos a focalizar. En algún momento nos van a llegar los informes de cumplimiento de metas, se revisarán, se definirá si se ha llegado o no al cumplimiento de la meta, qué estrategia vamos a usar respecto a eso, qué vamos a hacer con todos los que están fuera del sistema. Esas son definiciones que son importantes, especialmente en la primera etapa, porque en la primera etapa de una regulación, y en este caso como en la ley, lo importante es dónde están las primeras señales del organismo fiscalizador. Es importante esa definición y en eso estamos muy comprometidos. Y yo especialmente de, si la Superintendencia en algún momento va a tener que intervenir más fuerte, que sea dando las señales correctas.
Ley corta a la SMA: "Están todos comprometidos en que tiene que ingresar"
- Se ha atrasado el ingreso del proyecto de fortalecimiento de la SMA. ¿En qué está?
- El proyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros a comienzos de julio. El Ejecutivo ha estado trabajando intensamente estos meses en definir ciertos detalles propios del trabajo prelegislativo. Lo importante es que hay un apoyo transversal en la necesidad de fortalecer la Superintendencia desde un punto de vista de la modificación de su Ley Orgánica, así que esperamos que esto próximamente ya pueda ingresar al Congreso.
- ¿Pero hay novedades de cuándo se ingresará? Trascendió que está en la Segpres.
- Eso más bien es una respuesta que se la puede dar la ministra o el Ejecutivo directamente. Lo que sí se ha hecho es un trabajo muy intenso prelegislativo que ha permitido cerrar algunos asuntos. Y sobre todo con el tema del informe financiero que debe acompañar cualquier proyecto de ley. Lo importante es que hay un apoyo muy transversal en la necesidad de ajustar la normativa, porque su fortalecimiento no pasa 100% con más presupuesto. Tiene que haber una combinación algo virtuosa entre presupuesto y cambio normativo que permita fortalecer con más herramientas a la Superintendencia. Y, por lo tanto, mejorar su respuesta en eficacia y en lograr el objetivo que es proteger el medio ambiente.
- ¿Preocupa que se esté demorando tanto, considerando la mayor carga que tienen con nuevas leyes, por ejemplo?
- Es un trabajo que siempre requiere tiempo y eso es lo que ha sucedido. El convencimiento de que se va a hacer eso está y lo ha manifestado también la ministra en distintos espacios. Puedo responder que el Ejecutivo después del Consejo de Ministros ha estado trabajando fuertemente. Hemos colaborado en todo lo que se nos ha solicitado. Están todos comprometidos es que esto tiene que ingresar.
- ¿Cómo ha funcionado el ajuste organizacional que instauró al llegar?
- Hicimos el cambio de orgánica formalmente a partir de los primeros días de mayo después de un trabajo conversado con los equipos. Llegamos a una estructura que ha funcionado estos meses y que también se va a ir evaluando su funcionamiento permanentemente, pero en términos gruesos ha cumplido y cumple el objetivo que se buscó.
- ¿Será necesario un nuevo ajuste?
- Las orgánicas nunca están escritas en piedra. Están en permanente evaluación de mejoras o de agregar a veces unidades. Eso es un trabajo que estamos viendo permanentemente. Lo importante es que la orgánica, como está en lo central, cumple el objetivo. Y eso, más allá de quizás ajustes menores que puedan venir, se va a mantener.
- El Segundo Tribunal Ambiental rechazó una solicitud de la SMA que pretendía excluir a Contraloría de la interpretación de normas. ¿Cómo lo reciben?
- Ahí lamentablemente se planteó mediáticamente una discusión que era especialmente jurídica, que estaba radicada en el Tribunal Ambiental. Por lo tanto, el alcance que aparece en la prensa es muy limitado y no se refiere al objeto. Esto es asociado a un caso particular, casuístico, muy acotado. La discusión se refería a un tema que no tiene que ver con control de la Contraloría. La Superintendencia es un organismo del Estado, está sometida al control de la Contraloría y eso claramente nunca ha estado en duda.
- Se tomó mediáticamente como que querían actuar al margen de la ley.
- No me puedo hacer cargo de cómo se titula en un periódico una discusión que era jurídica y que se parcializa. La discusión era muy distinta y era una discusión jurídica. El Tribunal planteó ahí su definición y el asunto sigue radicado en la Contraloría con las reglas que correspondan.
- ¿Qué le parece la discusión de las "dos almas" que habría en el Gobierno en cuanto a la aprobación de los proyectos?
- Me da la impresión que es una discusión más bien mediática. Estuve invitada en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, en la cual también estaba la ministra y la directora del Servicio de Evaluación Ambiental, y en ese marco este mismo tema surgió. Se planteaba en ese seno de la Comisión por los senadores y en términos bien transversales que lo importante era trabajar en una mejora de lo que implica los permisos. El Gobierno tiene una agenda. Ahí tiene un rol el Ministerio de Economía y lo que está trabajando el Ministerio de Medio Ambiente en el marco de la reforma de la Ley 19.300. Por lo tanto, me quedo con eso, que hay un trabajo que está siendo reconocido. Y la Superintendencia en esto tiene un rol más bien de fiscalizar lo que ya hay hoy como permisos ambientales. Ese es nuestro foco en esta discusión mayor.
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