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REGÍSTRATE AQUÍEn el fallo se establece que el proyecto se establecerá "a gran distancia de las comunidades indígenas del sector, por lo que no se verán afectadas por las obras".
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Martes 29 de julio de 2014 a las 15:56 hrs.
La Corte de Apelaciones de Iquique rechazó el recurso de protección presentado por comunidades indígenas en contra de la aprobación que otorgó la Comisión Regional del Medio Ambiente a la declaración de impacto ambiental del proyecto "Obras de protección de cauce CMCC", de la compañía minera Cerro Colorado.
En fallo unánime, los ministros Érico Gatica, Mirta Chamorro y Pedro Güiza rechazaron la acción cautelar presentada en contra de la aprobación el proyecto que se emplazará a "gran distancia de las comunidades indígenas del sector, por lo que no se verán afectadas por las obras", según detalló el fallo.
"La Comisión descartó en la evaluación ambiental un impacto que implicara la localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectadas, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar. El proyecto se ubicará al interior de la ADI "Jiwasa Oraje", y a gran distancia de las comunidades indígenas del sector, por lo que no se verán afectadas por las obras. En el área no existen recursos protegidos susceptibles de ser afectados. Tampoco existen en el sector áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares susceptibles de ser afectados", puntualizó el documento.
Además, la resolución indicó que se "descartó en la evaluación ambiental un impacto que implicara la alteración significativa, en términos de magnitud o duración del valor paisajístico o turístico de la zona. En el área de las obras del proyecto no existen zonas con dicho valor (...) también se descartó un impacto que implicara la alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural".
El secretario de Estado planteó que “el diseño, la licitación y la implementación del Censo se hizo durante el gobierno anterior, y evidentemente que el ministro de Economía de la época puede tener responsabilidades políticas”.
La entidad dijo tener “plena certeza” que, con una serie de medidas adoptadas, podrá continuar desarrollando su negocio “con el fin de generar una recuperación importante para sus acreedores”.
El ente persecutor presentó un informe ante el TDLC que cuestiona los pilares del sistema de contratación de obras del ministerio: la prohibición de inscripción de empresas relacionadas, las reglas de subcontratación y la ausencia de mecanismos de resolución de conflictos.
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