Las pérdidas por $ 127 mil millones de las isapres al cierre del tercer trimestre volvieron a poner sentido de urgencia a la crisis de la industria. Es que a pesar de que las cifras en rojo mejoraron en 7,4% comparadas con el mismo lapso 2021, su magnitud hace que el presente ejercicio ya se perfile como el peor en la historia de la industria.
En este balance, la isapre que encabezó el balance negativo -con -$ 44.873 millones a septiembre pasado-, fue Cruz Blanca, la misma que el miércoles implementó una decisión radical: eliminó su fuerza de venta, dejando esta función fundamentalmente a traves de plataformas digitales, profundizando así su política de ajuste de personal que ha reducido a menos de la mitad su planta desde inicios de 2021.
Así, se agregó una nueva señal del deterioro del sistema asegurador, expresado a nivel corporativo no solo en despidos, sino también en el cierre de sucursales; en sus relaciones con los prestadores con varios ceses de convenios con clínicas y demoras en la cadena de pagos, y de cara a los afiliados en la dilatación de los plazos de reembolso de las atenciones y aumento en las tasas de rechazo de licencias médicas.
No obstante el alivio temporal que implicó la reanudación del ajuste de planes base y la aplicación de las alza de las primas GES, el escenario se complicó nuevamente para las isapres a fines de noviembre con el fallo de la Corte Suprema sobre la aplicación de las tablas de factores a los planes de salud. Al instruir la adecuación de ese mecanismo al modelo vigente desde 2020 y devolver los cobros en exceso en los casos que el regulador determine, puso a las aseguradoras ante la eventualidad de enfrentar un golpe financiero que advierten como irrecuperable.
La gravedad de este escenario tiene a los equipos jurídicos y asesores de las isapres en estado de máxima actividad, analizando distintos escenarios a la espera de conocer la noticia que toda la industria espera: el mecanismo que aplicará la Superintendencia de Salud, que encabeza Víctor Torres, para dar forma a la instrucción del máximo tribunal. De hecho, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simon, dio a conocer este martes ante la comisión de Salud del Senado el primer cálculo tras fallo de la Suprema: $ 40 mil millones menos anuales de ingresos como consecuencia de la exención de los menores de dos años de la aplicación de las tablas de factores.
“El tema no puede pasar de los próximos días, a lo más de un par de semanas”, indicó una fuente de la industria que pidió reserva.
Dentro de una frenética tarea de estimaciones y diseño de escenarios que realizan a diario los equipos de la industria, también el inminente fin de año aumenta la exigencia a los dueños de las compañías por definir su estrategia para 2023. Esto es especialmente relevante para los inversionistas internacionales presentes en esta industria y que representan a la mayoría de sus actores: Nexus Chile (Nueva Masvida) y especialmente UnitedHealth Group (que controla Banmédica y Vida Tres) y Bupa, ligada a Cruz Blanca.
“Las isapres ligadas a compañías internacionales deben dejar claras sus cifras antes de dos semanas, ya sea por una necesaria responsabilidad ante sus dueños, como por la urgencia de tomar decisiones de fondo tanto en el caso de contar con soluciones, como si no las hay y se vean obligadas a tomar decisiones como declarar procesos de insolvencia”, indicó un profesional que conoce la interna de las isapres. Otras fuentes agregan que esta posición fue planteada en la última reunión de los representantes de las aseguradoras con el superintendente de Salud. Incluso, añadieron que isapres de capitales chilenos se sentaron a la mesa con el mismo sentido de urgencia.
En este escenario, cunden los rumores respecto de cuáles conglomerados tendrán mayor disposición a inyectar capitales en función de sus espaldas financieras y qué grupos estarían dispuestos a encaminarse a una quiebra de su isapre.
Para la industria, los puntos clave en el caso que la Superintendencia instruya un sistema de devoluciones en efectivo – y no opte por mecanismos como el mejoramiento de los planes- es que se aplique una fórmula de pago con plazos suficientemente amplios que no afecten el equilibrio financiero de las isapres. Y en una perspectiva más de fondo, los privados instan a una solución en que se defina un marco de transición equilibrado al sistema que defina la autoridad.
“Frente a este fallo y el cierre del ejercicio anual, se hará obligatorio hacer provisiones en los estados financieros. Con ello, y considerando el peor escenario, los patrimonios se van a negativo y caen en incumplimiento regulatorio. Y si la superintendencia decide intervenir a las compañías exigiendo un plan de contingencia, es muy probable que algunas de ellas con una posición más dura no concurran y deberán ser intervenidas”, explica un ejecutivo.
Los argumentos
Al explicar las razones que llevaron a eliminar su área de ventas, Cruz Blanca explicó que está viviendo “una crisis financiera sin precedentes que compromete su sostenibilidad, producto de diversos factores regulatorios y jurídicos externos a la responsabilidad de la compañía. Agregó que si bien “hemos redoblado los esfuerzos administrativos y nuestro controlador ha efectuado consecutivos aportes de capital para sostener la operación”, reconoció que ésto “no ha sido suficiente, por lo que nuestra operación es deficitaria”.
El sentido de urgencia para dar forma al mandato de la Corte Suprema ha sido un llamado recurrente de la Asociación de Isapres, cuyo presidente reiteró ayer que “este ejercicio debe realizarse a la brevedad manteniendo un equilibrio”, enfatizando que “la solución es una sola: que se den las certezas legales que todo sector requiere para poder funcionar”.
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