La tramitación de las medidas que buscan enfrentar los efectos adversos de la aplicación del fallo GES -que significa que las isapres disminuyan un 12% sus ingresos desde enero- no ha sido como el Gobierno esperaba.
El lunes, en el capítulo misceláneo de la ley de reajuste del sector público, el Ejecutivo incluyó dos indicaciones: un adelanto de la recaudación del Indicador de Costos de la Salud (ICSA), para que las isapres adelanten las alzas de planes; y la posibilidad de que, por una sola vez, incorporen un valor para financiar la cobertura de las cargas de menores de dos años.
Pero mientras que las isapres calificaron las medidas de insuficientes, en la Cámara de Diputados surgieron diferencias de “forma y fondo” con el Gobierno. De forma, porque los parlamentarios -incluso oficialistas- se molestaron y se manifestaron públicamente en contra de que se mezclaran las medidas con el reajuste. Y de fondo, porque algunos diputados se lanzaron contra las medidas, acusando un “salvataje”.
Finalmente, se resolvió que las indicaciones relacionadas a las isapres no serán votadas esta semana y se discutirán después del plebiscito, posiblemente el lunes. Para ese día, explica el diputado Tomás Lagomarsino, de la comisión de Salud, esa mesa emitirá un informe (no vinculante) recomendando al resto de la Cámara si aprobar o no.
Así, durante la jornada de este miércoles, distintas autoridades estuvieron en el Congreso sosteniendo reuniones para conseguir los votos para las indicaciones. Algunas fuentes cuentan que los ministros de Hacienda, Mario Marcel; Segpres, Álvaro Elizalde; de Salud, Ximena Aguilera; y el superintendente de Salud, Víctor Torres, estuvieron en el Congreso conversando con diputados.
Según las fuentes, algunos parlamentarios estarían muy reacios a aprobar las indicaciones, sin embargo hay otros que entienden el sentido de emergencia y, a pesar de la molestia por la forma, podrían ceder. No obstante, también barajan la opción de que se hagan ciertos ajustes en el Senado.
Esto, porque existen algunos cuestionamientos de fondo. Por ejemplo, el mismo Lagomarsino planteó en una presentación que si el alza del ICSA volviera a realizarse sin una verificación de los costos, la medida podría reabrir la única arista judicial ya cerrada en la crisis de las isapres: el ajuste de precio base.
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