WOM vuelve a estar en el ojo del huracán. La subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), encabezada por Romina Garrido, explicó que la firma está bajo escrutinio público por sus incumplimientos en Fibra Óptica Nacional (FON), el mayor concurso de infraestructura del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT), donde la autoridad analiza requerir hasta el triple del subsidio entregado de $ 52 mil millones y ya cobró una boleta de garantía por US$ 13,9 millones por no entregar la infraestructura comprometida a tiempo.
La decisión, contenida en una resolución del 7 de agosto, se fundó en lo que la autoridad describió como incumplimientos "transversales, concurrentes y persistentes" de las obligaciones del concesionario en las cinco macrozonas adjudicadas. "La carretera (de fibra óptica) no está en condiciones de ser utilizada por ningún concesionario", afirmó la subsecretaria, en referencia a una red de fibra oscura que fue construida con un subsidio estatal y cuya propiedad permanece en manos de la empresa.
Pero Subtel también se vigila a la compañía por su despliegue en la red 5G, donde la empresa debe cumplir con el 90% de las antenas comprometidas al 30 de septiembre y el 10% restante el 31 de diciembre próximo. Garrido criticó el acuerdo llegado entre el Estado -representado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y WOM: "fue un buen acuerdo para la empresa y un mal acuerdo para el Estado y las personas", sentenció.
En la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, donde expuso la autoridad sectorial, se repasó el historial de incumplimientos de WOM. Ante tal trayectoria, la instancia solicitará una sesión especial de todo el Senado para analizar la situación de la empresa, se convocará al Consejo de Defensa del Estado para explicar por qué llegó a acuerdo con el 5G y qué hará si la empresa no entrega las prestaciones y la infraestructura pactada.
También se criticó por qué las condiciones que se le impuso a WOM para desactivar ese conflicto, donde se acordó el pago de US$ 38 millones en tres años o en infraestructura. En ese sentido, Garrido dijo que si la compañía incumple este acuerdo, analizan caducar la concesión del 5G.
Romina Garrido, subsecretaria de Telecomunicaciones. Chris Bannister, CEO de WOM. Fotos: Jonathan Duran y Archivo
Los incumplimientos del FON
Las bases del concurso del FON exigen una disponibilidad permanente de 98%. De acuerdo con las mediciones expuestas por Subtel, ninguna de las cinco macrozonas alcanza ese estándar, con brechas que en un período medido de dos años llegan a 4,46 puntos porcentuales. Cada punto de disponibilidad, precisó Garrido, equivale a tres días de indisponibilidad al año.
Las zonas más degradadas son Arica y Parinacota y la macrozona centro norte, donde los niveles registrados dejan la infraestructura, en palabras de la autoridad, "básicamente indisponible, inutilizable". A ello se suma la caída de 38 nodos en total, con pérdida de gestión y alarmas críticas sostenidas.
El segundo eje del incumplimiento apunta a la información entregada por la compañía. Subtel detectó que los reportes mensuales variaban al ser reingresados en períodos posteriores y que la empresa alteró la metodología de cálculo de la disponibilidad respecto de la definida en las bases. "El efecto acumulado implica que nosotros no podemos dar fe de que la empresa haya cumplido cabal, oportuna y verificablemente sus obligaciones", señaló Garrido.
En junio, WOM presentó un plan de normalización que extendía la recuperación de la infraestructura hasta julio de 2027, argumentando que sus recursos estaban concentrados en el despliegue 5G. La subsecretaría lo rechazó por considerar que el plazo era inaceptable.
El informe clave
La base de la fiscalización a WOM por Subtel por el FON es un informe de la Contraloría General de la República que estableció que la compañía incumplió los plazos comprometidos en el proyecto de fibra óptica cuando Subtel era dirigida por Claudio Araya (PC). En ese entonces, se dejó de cobrar boletas de garantía por UF 104.315,73, equivalentes a $ 3.792.502.457, que hoy ya no pueden hacerse efectivas.
Así consta en el informe Final N° 96, de 2026, de la División de Infraestructura y Regulación del organismo, fechado el 5 de agosto pasado, que auditó el desarrollo de la concesión entre el 10 de junio de 2020 y el 31 de julio de 2025. El concurso fue adjudicado en abril de 2020 a WOM en la totalidad de las macrozonas licitadas, Arica y Parinacota, Norte, Centro Norte, Centro y Centro Sur, por subsidios que suman $ 52.478 millones.
El informe es categórico respecto del hito de término de las obras. En su numeral 11, el documento señala que "la concesionaria WOM S.A., no cumplió con el plazo máximo de término de las obras, establecido en los decretos de concesión", situación que se verificó en las cinco macrozonas y que, según el órgano contralor, "no fue representado por la Subsecretaría, dado que la entidad no llevó a cabo un control sobre el cumplimiento de esta exigencia".
La conclusión se sustenta en los rechazos que la propia Subtel cursó a las solicitudes de recepción de obras presentadas por la empresa.
En el caso de la macrozona Norte, el oficio N° 17.074 consignó, para ejemplificar la magnitud de los incumplimientos, se detectó "grupo electrógeno provisorio, pendiente instalación de sistema híbrido y grupo generador definitivo, sitios sin conexión a red pública o red trifásica definitiva, y sin generadores, paneles solares no instalados". En Arica y Parinacota se detectó "daño estructural en estanque de suministro de grupo electrógeno" y un "sistema solar no implementado", mientras que en Ñuble faltaba "instalación de red trifásica" y equipamiento.
Para la Contraloría, esos antecedentes dan cuenta de que "las obras comprometidas por la beneficiaria en su proyecto no se encontraban completamente finalizadas al momento de requeridas las respectivas recepciones". Pese a ello, la Subtel de la era de Boric "no formuló cargos por el incumplimiento del hito de término de obras", en ninguna de las cinco macrozonas.
El capítulo de examen de cuentas aborda el inicio del servicio de infraestructura, hito que tampoco se cumplió en Arica y Parinacota, Norte, Centro Norte y Centro Sur. Solo la macrozona Centro se ajustó al plazo.
Frente a ese incumplimiento, la Subtel cobró las garantías de las macrozonas Norte y Centro Sur, pero no hizo lo mismo en Arica y Parinacota (34.360,73 UF) ni en Centro Norte (69.955 UF). En su respuesta al preinforme, la propia Subtel terminó reconociendo que "se formularon cargos infraccionales, pero no se procedió a la ejecución de las boletas de garantía de inicio de servicio, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 23, letra b), y el artículo 27 de dichas bases".
En esa línea, el servicio añadió que al asumir la nueva administración los instrumentos "ya no se encontraban vigentes, lo que imposibilitaba materialmente su ejecución administrativa o cobro inmediato". Por ese motivo, el informe dispone que "una copia de este informe se remitirá al Consejo de Defensa del Estado para su conocimiento y fines que en derecho correspondan".
En conclusión, la Contraloría instruyó a la Subtel iniciar procedimientos disciplinarios por la falta de control del término de obras, los pagos cursados con observaciones pendientes, la aceptación de garantías por montos menores y la omisión en el cobro de las cauciones, con plazos de 15 y 60 días hábiles para acreditar las medidas.
WOM responde a los cuestionamientos
Tras lo expuesto en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, WOM manifestó su disposición a colaborar en las instancias que la autoridad estime necesarias para “exponer nuestros argumentos”.
Respecto del cobro de las boletas de garantía vinculadas al proyecto Fibra Óptica Nacional (FON), la compañía afirmó que “sorprende que esta resolución se haya dictado sin un procedimiento previo en que fuera oído WOM, sin cuantificar fundamentadamente los incumplimientos indicados y con un criterio distinto al que la propia institucionalidad regulatoria usó en ocasiones anteriores frente a situaciones similares”
En cuanto al proyecto de 5G, WOM sostuvo que “estamos comprometidos con el cumplimiento de la transacción suscrita con el Consejo de Defensa del Estado (CDE), y estamos 100% dedicados a cumplir el compromiso adquirido con el país en beneficio de millones de personas”
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Valeria Ibarra
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