Firmas energéticas se encuentran en la mira de las nuevas quejas del gobierno argentino
La presidenta Cristina Fernández acusa a las compañías de no producir lo suficiente y señala que las petroleras que trabajan en el país necesitan reinvertir sus ganancias.
Por: | Publicado: Miércoles 29 de febrero de 2012 a las 05:00 hrs.
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El gobierno argentino está poniendo sus ojos en la industria energética en un esfuerzo por mantener más dólares en el país y frenar el deterioro de la balanza de pagos. La presión sobre YPF, la mayor compañía energética del país, en particular, para invertir y producir más, ha gatillado tensiones. Recientemente, varias provincias han amenazado con retirar las concesiones de gas y petróleo. Pero las tácticas de mano dura podrían fracasar.
Después de dos décadas de superávit, el balance comercial del sector energético extranjero se volvió negativo el año pasado como resultado de constantes alzas en las importaciones y caída en las exportaciones. Esto no ha pasado inadvertido para la presidenta Cristina Fernández, quien ha tenido duras palabras para la industria en las últimas semanas y, en especial, para YPF. La firma está controlada por la española Repsol (57%) y por Grupo Peterson (25%), pero el gobierno retiene una acción de oro, lo que le da el poder de veto en el directorio.
El gobierno inicialmente acusó a las compañías petroleras de coludirse para cobrar a las firmas de transporte precios mayoristas más altos que al detalle. Pero este cobro se transformó en un trampolín para más quejas sobre la caída de la producción petrolera que ha descendido 32% desde 1998, mientras que la producción de gas natural ha caído 13% desde 2004.
Fernández señaló en un discurso reciente que las importaciones de petróleo se habían más que duplicado en 2011, que la producción había fallado en mantener el ritmo y que las firmas petroleras que trabajan en el país necesitaban reinvertir sus ganancias.
El último comentario no ha sido respaldado aún por alguna restricción en remesas de utilidades, pero en un país con una regulación y marco legal inestables, las palabras duras de la presidenta han originado temores de nuevos controles e, incluso, provocado especulaciones de una posible nacionalización de YPF. El riesgo de la nacionalización es probablemente bajo (aunque no insignificante), porque el acceso del gobierno (y de las firmas estatales) al financiamiento está severamente restringido, y los recursos financieros serán necesitados para comercializar los recientes hallazgos de YPF de gas esquisto y petróleo. Pero el gobierno ha enviado una clara señal de que espera una mayor inversión en petróleo.
Aumentan las tensiones
Las tensiones crecieron el 24 de febrero, cuando los gobernadores de diez provincias petroleras, virtualmente, ordernaron a las firmas energéticas emitir planes de inversiones que aumentaran la producción en al menos 15% durante los próximos dos años, o arriesgan a perder sus concesiones. La amenaza fue claramente dirigida a YPF. Los gobiernos provinciales controlan los contratos de energía en sus áreas y se beneficiarían de pagos de royalty más altos si la producción aumenta.
Las nuevas presiones reflejan una creciente demanda de energía en Argentina a medida que el crecimiento económico del país se ha elevado en los últimos años, y por una relativa baja inversión en el contexto de los crecientes controles gubernamentales en la industria en general.
En una señal de que Repsol está tomando seriamente la pelea con el gobierno, el CEO de la firma, Antonio Brufau, visitó Argentina a comienzos de este mes para negociar con las autoridades. Él ha negado que YPF no está cumpliendo sus compromisos, diciendo que sus inversiones de US$ 3.000 millones estaban a un nivel récord en 2011. También atribuyó la caída de la producción y las exportaciones durante el año pasado a disputas laborales. En un comunicado, la compañía dijo que su ratio de producción para reservas de petróleo y gas natural era más alto que el de las otras compañías que operan en el país.
El gobierno, mientras tanto, no ha dado señales de que intente dirigir los problemas de raíz de la subinversión en la década pasada, incluyendo el congelamiento de las tarifas de electricidad y gas de hogar, los controles de precios sobre combustibles y gravámenes para la exportación de petróleo.
Aún no es claro cómo van a responder las compañías a las últimas demandas de elevar la inversión y la producción. Sin embargo, las tácticas de mano dura del gobierno podrían fallar, ya que alejarían a los potenciales inversionistas. De hecho, YPF ha tenido problemas para atraer a socios a sus campos. Ha estado negociando con compañías de EEUU, Canadá y Europa, pero al menos ocho firmas se han retirado debido a las políticas impredecibles de Argentina.
Después de dos décadas de superávit, el balance comercial del sector energético extranjero se volvió negativo el año pasado como resultado de constantes alzas en las importaciones y caída en las exportaciones. Esto no ha pasado inadvertido para la presidenta Cristina Fernández, quien ha tenido duras palabras para la industria en las últimas semanas y, en especial, para YPF. La firma está controlada por la española Repsol (57%) y por Grupo Peterson (25%), pero el gobierno retiene una acción de oro, lo que le da el poder de veto en el directorio.
El gobierno inicialmente acusó a las compañías petroleras de coludirse para cobrar a las firmas de transporte precios mayoristas más altos que al detalle. Pero este cobro se transformó en un trampolín para más quejas sobre la caída de la producción petrolera que ha descendido 32% desde 1998, mientras que la producción de gas natural ha caído 13% desde 2004.
Fernández señaló en un discurso reciente que las importaciones de petróleo se habían más que duplicado en 2011, que la producción había fallado en mantener el ritmo y que las firmas petroleras que trabajan en el país necesitaban reinvertir sus ganancias.
El último comentario no ha sido respaldado aún por alguna restricción en remesas de utilidades, pero en un país con una regulación y marco legal inestables, las palabras duras de la presidenta han originado temores de nuevos controles e, incluso, provocado especulaciones de una posible nacionalización de YPF. El riesgo de la nacionalización es probablemente bajo (aunque no insignificante), porque el acceso del gobierno (y de las firmas estatales) al financiamiento está severamente restringido, y los recursos financieros serán necesitados para comercializar los recientes hallazgos de YPF de gas esquisto y petróleo. Pero el gobierno ha enviado una clara señal de que espera una mayor inversión en petróleo.
Aumentan las tensiones
Las tensiones crecieron el 24 de febrero, cuando los gobernadores de diez provincias petroleras, virtualmente, ordernaron a las firmas energéticas emitir planes de inversiones que aumentaran la producción en al menos 15% durante los próximos dos años, o arriesgan a perder sus concesiones. La amenaza fue claramente dirigida a YPF. Los gobiernos provinciales controlan los contratos de energía en sus áreas y se beneficiarían de pagos de royalty más altos si la producción aumenta.
Las nuevas presiones reflejan una creciente demanda de energía en Argentina a medida que el crecimiento económico del país se ha elevado en los últimos años, y por una relativa baja inversión en el contexto de los crecientes controles gubernamentales en la industria en general.
En una señal de que Repsol está tomando seriamente la pelea con el gobierno, el CEO de la firma, Antonio Brufau, visitó Argentina a comienzos de este mes para negociar con las autoridades. Él ha negado que YPF no está cumpliendo sus compromisos, diciendo que sus inversiones de US$ 3.000 millones estaban a un nivel récord en 2011. También atribuyó la caída de la producción y las exportaciones durante el año pasado a disputas laborales. En un comunicado, la compañía dijo que su ratio de producción para reservas de petróleo y gas natural era más alto que el de las otras compañías que operan en el país.
El gobierno, mientras tanto, no ha dado señales de que intente dirigir los problemas de raíz de la subinversión en la década pasada, incluyendo el congelamiento de las tarifas de electricidad y gas de hogar, los controles de precios sobre combustibles y gravámenes para la exportación de petróleo.
Aún no es claro cómo van a responder las compañías a las últimas demandas de elevar la inversión y la producción. Sin embargo, las tácticas de mano dura del gobierno podrían fallar, ya que alejarían a los potenciales inversionistas. De hecho, YPF ha tenido problemas para atraer a socios a sus campos. Ha estado negociando con compañías de EEUU, Canadá y Europa, pero al menos ocho firmas se han retirado debido a las políticas impredecibles de Argentina.
