El escándalo de Odebrecht pasa como una avalancha por América Latina, incorporando a más empresas y altos cargos del Estado. Las declaraciones de Jorge Barata, ex ejecutivo de la brasileña, de que su socio peruano, la constructora Graña y Montero, sabía de los sobornos por la construcción de Ruta Interoceánica Brasil-Perú, llevó a la empresa a perder la mitad de su valor en dos días desde el viernes.
La junta de accionistas de hoy –que fue agendada a principios del mes para definir una posición oficial de la empresa hacia el caso de sobornos de Odebrecht– al parecer, cambiará su agenda.
Las AFP, que según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) tienen alrededor de 1,1% de su cartera total de inversiones en las acciones de Graña y Montero –unos 1.519 millones de soles
(US$ 467 millones)– exigirán tomar medidas drásticas para revertir la caída, incluyendo cambios en la gerencia. “Es imposible saber cuáles serán los flujos de caja futuros de la empresa si se descubre que han estado involucrados en delitos”, advirtió la corredora Kallpa en carta a sus clientes.
Mientras tanto, la Interoceánica no es la única obra que involucra a la empresa como socio de Odebrecht: mañana los directivos de la constructora están citados para declarar ante la Comisión Lava Jato del Congreso, por la cancelación del Gasoducto Sur Peruano. A eso se suma el juicio civil que espera a la peruana: la firma de abogados Rosen Law Firm pretende presentar una demanda colectiva en contra de G&M por “haber emitido información engañosa al mercado”.
Impacto político
A su vez, el impacto político del caso Odebrecht en Perú sigue ampliándose. Tras involucrar a los ex presidentes Alejandro Toledo –a quien la justicia rechazó ayer el pedido para revocar la prisión preventiva de 18 meses– y Alan García, las declaraciones de Barata confirmaron también el pago de US$ 3 millones a la campaña de Ollanta Humala en 2011.
A eso, se suman las llamadas para la renuncia del fujimorista José Chlimper, director del Banco Central de Reserva (BCR), que estuvo a cargo de G&M cuando Odebrecht pagó las presuntas coimas.
Caída histórica
El viernes, el semanario Hildebrendt en sus Trece publicó las declaraciones de Jorge Barata: el ex ejecutivo de Odebrecht señaló que las gerencias de sus socios peruanos de la Ruta Interoceánica Brasil-Perú (que incluyen a G&M, JJC Contratista y ICCGSA) sabían de los US$ 20 millones pagados en sobornos al ex presidente Alejandro Toledo, bajo dirección de l cual fue adjudicado y firmado el contrato.
El mismo día, los fiscales registraron la oficina de la empresa para encontrar información sobre sus contratos con Odebrecht en marco de la investigación por otro proyecto, Gasoducto Sur (un consorcio de Odebrecht, Graña y Montero y la española Enagás).
G&M rechazó la declaración de Barata. Anteriormente, el gerente general, Mario Alvarado, aseguraba que la empresa no sabía nada de los sobornos y que la brasileña engañó a su socio peruano.
Sin embargo, eso no bastó para los mercados: las acciones de la constructora se desplomaron más de 25% ayer, tras la caída de 33% del viernes y acumulan un retroceso de 70% desde el último peak de noviembre.
De comprobarse las denuncias, el caso puede afectar todavía más a la empresa, que vio su utilidad neta caer 89% en 2016 por las pérdidas por cancelación de contratos.
En tanto, para cumplir con sus compromisos, la constructora sigue con un plan de venta de activos no estratégicos por US$ 300 millones que anunció a fines de enero: el viernes, vendió su unidad inmobiliaria por US$ 25 millones a Inversiones Centenario, su segunda desinversión tras la venta de una participación de 50% en el Cuartel San Martín.
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