La presidenta brasileña Dilma Rousseff enfrenta una nueva prueba sobre la integridad de las cuentas fiscales de su gobierno a sólo semanas de que el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) rechazara las cuentas del ejercicio 2014.
Augusto Nardes, el juez del TCU que lidera la investigación sobre las irregularidades del presupuesto, dijo a FT que la prueba examinará también las cuentas de este año.
Nardes protagonizó este mes un hecho histórico al rechazar las cuentas públicas de 2014, la primera vez que pasaba desde que el TCU fue fundado en la década de los ’30. La oposición espera utilizar la decisión como la base de un proceso de impeachment contra la presidenta.
Según Nardes, el TCU recibió denuncias de la fiscalía de que en el primer semestre el gobierno siguió utilizando las mismas prácticas que provocaron el rechazo de las cuentas de 2014. Entre ellas, la reducción artificial del déficit presupuestario a través de préstamos de bancos estatales para pagar los programas de bienestar social.
“Esto tiene que parar, porque continuar utilizando el dinero de los bancos sin autorización del Congreso (para pagar las partidas de gastos) va en contra de la ley”, afirmó. De confirmarse, las nuevas denuncias podrían usarse para reforzar el caso de la oposición para la destitución de Rousseff.
La presidenta está en la línea de fuego por utilizar presuntamente trucos contables, o “pedaleadas”, para disfrazar el verdadero estado de las finanzas del gobierno el año pasado. Cuando rechazó las cuentas, el TCU identificó 106 mil millones de reales (US$ 27 mil millones) en gastos de la administración que no se contabilizaron adecuadamente.
El gobierno solicitó sin éxito la recusación de Nardes en la decisión sobre las cuentas de 2014 en un intento por frenar el proceso. Ahora corresponde al Congreso votar si utilizará el dictamen del TCU como base para destituir a Rousseff. El gobernante Partido de los Trabajadores trató la semana pasada de atajar esta posibilidad a través de una campaña para expulsar al presidente de la cámara baja Eduardo Cunha, que tiene el poder para iniciar el proceso y está aliado con la oposición.
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