La peor crisis que se recuerda desde la Segunda Guerra
Mundial ha dejado a los estados europeos en números rojos hasta límites
inéditos y amenaza con desestabilizar seriamente su joven unión monetaria.
Cuando las principales economías europeas empezaban a superar la recesión en
este último trimestre del año, la grave situación presupuestaria de Grecia, uno
de los dieciséis miembros de la zona del euro, ha vuelto a disparar en Europa
la alarma por temporal.
Analistas y expertos alertan abiertamente de un peligro sobre el que antes no
se atrevían a hablar en público: la posibilidad de que un miembro del selecto
club del euro pueda declararse en quiebra y arrastrar en su caída a otros
socios.
El caso griego es complejo y tiene su raíz en el descontrol interior, pero
ilustra el destrozo que todavía pueden ocasionar en Europa las ondas de una
crisis que empezó siendo financiera, con origen al otro lado del Atlántico, y
que ha terminado convirtiéndose en económica y social, y se ha ensañado con el
viejo continente.
Según las últimas previsiones de la Comisión Europea, todos los países de la Eurozona salvo Luxemburgo
y Finlandia acabarán 2009 con déficit presupuestarios superiores al límite de
3% del PIB que establece el pacto de estabilidad y crecimiento.
En 2010 la situación será todavía peor, porque los dieciséis miembros del euro
superarán el techo y, en el conjunto de los Veintisiete, sólo se librará
Bulgaria.
Los números rojos alcanzarán el año próximo porcentajes espectaculares: 14,7%
del PIB en Irlanda, 12,9% en el Reino Unido, 12,3% en Letonia, 12,2% en Grecia
y 10,1% en España.
Al desequilibrio automático que ocasiona la recesión, en virtud de la pérdida
de ingresos fiscales y el aumento de los subsidios por desempleo y otros gastos
sociales, se ha sumando el impacto de las millonarias ayudas públicas
destinadas a la reanimación de la economía y al rescate del sistema financiero.
A principios de octubre, la
Comisión de la UE
cifraba en el 5% del PIB europeo el volumen total de las medidas
presupuestarias, nacionales y comunitarias, aprobadas para sostener la economía
del bloque en 2009 y 2010.
Esos fondos públicos se están destinando en la UE a cuatro tipos de medidas: el apoyo al consumo
de las familias; el apuntalamiento de la inversión; la ayuda a sectores
industriales clave como el automóvil, y la mejora del funcionamiento del
mercado de trabajo.
Bruselas ha calculado que todas esas medidas en apoyo del sector bancario
representan un 12,7% del PIB de los Veintisiete (11,2% en la Eurozona).
A pesar de los claros signos de mejora en la situación económica general -la Eurozona registró un
crecimiento de 0,4% en el tercer trimestre y el peligro de deflación parece
conjurado-, los gobiernos han optado por mantener los estímulos generales y los
apoyos al sistema financiero.
Como referencia general, los ministros de Finanzas han acordado que la retirada
de los estímulos fiscales deberá comenzar como muy tarde en 2011, siempre que la Comisión Europea
confirme en sus sucesivas previsiones que la recuperación económica se
consolida y se mantiene por sí sola.
Pero no han fijado una "estrategia de salida" clara, con plazos, para
la retirada de los apoyos a la banca, lo cual le da margen a España para llevar
a cabo la necesaria reestructuración de sus cajas de ahorro.
El resultado de todos estos esfuerzos es un paisaje fiscal desolador: una
veintena de países tienen abiertos ya procedimientos por déficits excesivos,
que en último término, si no se eliminan a tiempo, pueden acabar en sanciones.
La Comisión Europea ha dado de plazo hasta 2013 a la mayoría de los
gobiernos para que eliminen esos déficits insostenibles.
Bruselas ha recompensado con un año suplementario -respecto al plazo que se les
había impuesto anteriormente-, a España (2013), Francia (2013), Irlanda (2014)
y el Reino Unido (2014-15), porque han tomado "medidas efectivas"
aunque la recesión les haya impedido cumplir de momento el objetivo de
reducción.
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