La confrontación entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Arbelardo de la Espriella en Colombia escaló significativamente este martes. El Presidente electo acusó un intento "golpe de Estado" para impedir el traspaso de poder previsto para el próximo 7 de agosto, y ambas administraciones dieron por terminado el proceso de trancisión.
En una declaración difundida durante la jornada, De la Espriella sostuvo que Petro y su aliado político Iván Cepeda buscan permanecer en el poder pese al resultado de las elecciones presidenciales del 21 de junio.
"Petro es un tirano en ciernes que busca perpetuarse en el poder (...) Lo quieren hacer a través de un golpe de Estado", afirmó el mandatario electo.
Según De la Espriella, el Presidente saliente "ha desconocido mi elección, mi credencial como presidente electo" y ha atribuido al órgano Ejecutivo competencias que corresponden a las autoridades electorales.
En uno de los pasajes más delicados de su intervención, llamó a las Fuerzas Armadas a no acatar instrucciones que, a su juicio, vulneren el orden constitucional.
"Le pido como presidente electo a las Fuerzas Armadas de la República de Colombia que cumplan con su juramento, proteger la Constitución y la democracia y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario", señaló.
Asimismo, ratificó la suspensión de las reuniones presenciales de empalme con la administración saliente.
"No podemos estar sentados a la mesa con una banda de golpistas y corruptos que no reconoce al pueblo soberano en las urnas", sostuvo, aunque indicó que su equipo continuará recopilando información mediante los mecanismos legales y tecnológicos disponibles.
Horas antes, De la Espriella había ordenado a su vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, suspender de inmediato el proceso de transición con el gobierno de Petro, argumentando que su deber es garantizar "una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos" y no "legitimar el desconocimiento del orden constitucional".
La respuesta del Ejecutivo no tardó en llegar. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien encabezaba las reuniones por parte del gobierno saliente, anunció que la administración Petro también dejaba de participar en el proceso, asegurando que estaban "cansados de las agresiones" provenientes del equipo del Presidente electo.
¿Cuál es la postura de Petro?
La escalada comenzó el lunes, cuando Petro anunció públicamente que no reconocía la legitimidad del gobierno entrante, aseguró que el verdadero ganador de las elecciones había sido el senador Iván Cepeda y denunció un supuesto fraude electoral cometido mediante algoritmos financiados desde el extranjero.
El mandatario afirmó que el Gobierno posee evidencia de que algoritmos alojados en servidores ubicados en Los Ángeles, California, habrían alterado los resultados electorales y sostuvo que las pruebas serían entregadas a la bancada del Pacto Histórico.
También acusó a empresas privadas estadounidenses e israelíes de participar en la supuesta manipulación del escrutinio y convocó movilizaciones para el próximo 20 de julio.
De la Espriella rechazó esas acusaciones y sostuvo que constituyen la justificación para desconocer la voluntad popular expresada en las urnas.
La suspensión de la trnacisión incrementa la tensión en una transición que ya era considerada la más conflictiva en décadas.
Sin embargo, el fundador de Colombia Risk Analysis, Sergio Guzmán, estimó que la decisión no impedirá la asunción del mandatario electo ni debería alterar significativamente la percepción de los mercados. "Esto no pondrá nerviosos a los inversionistas. Simplemente ralentizará las cosas para el nuevo gobierno, ya que no contará con mucha información al principio", señaló a Bloomberg.
Por su parte, el investigador del Instituto Libertad, Hugo Jofré, plantea que "el éxito de un cambio de gobierno depende de que todos los actores distingan entre la contienda político-electoral y las obligaciones del Estado. Que Petro desconozca los resultados de la elección tensiona ese proceso al introducir dudas sobre la legitimidad de la transición, mientras que la decisión de De la Espriella de suspender el empalme también incrementa los costos de coordinación entre gobiernos".
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