Durante la noche del martes, un nuevo grupo de aportantes de Sartor AGF ingresaron un escrito a la Corte de Apelaciones de Santiago para acudir a favor de las medidas tomadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que, desde fines de 2024, intervino a la gestora, designado al liquidador Ricardo Budinich.
La agrupación, conformada por 76 inversionistas que acumulan más de $ 14.465 millones en fondos de la intervenida gestora, busca ser parte en el reclamo de ilegalidad ingresado por los socios de Grupo Sartor en contra la resolución que revocó la licencia de la administradora, en apoyo de la CMF y su decisión.
En su texto, patrocinado por los socios de GMD Abogados, Cristián Gandarillas y James Black, arremetieron contra los socios, exdirectores y exejecutivos de Sartor AGF.
“Decidieron quebrantar sus deberes legales y fiduciarios y realizar operaciones que no tenían por objeto la mejor conveniencia de los aportantes sino que muy por el contrario, la obtención de beneficios indebidos para sí mismos omitiendo la entrega de información veraz, oportuna y suficiente al mercado y a los aportantes, realizando operaciones contrarias a la ley y a los reglamentos de los fondos, todo lo cual se tradujo en un grave deterioro de los fondos ocasionando un grave perjuicio a los aportantes, quienes se han visto expuestos a la pérdida de su inversión o a una parte importante de ella”, apuntó el grupo.
De acuerdo al texto, los aportantes “sostienen y respaldan la dictación, validez y vigencia de la resolución reclamada dictada por la CMF, entendiendo que esta ha venido a resguardar los intereses legítimos de los aportantes, el interés público y la estabilidad financiera del mercado, al impedir que Sartor AGF siguiera administrando con grave negligencia sino con dolo los fondos de terceros”.
Así, aseguraron que mantienen “un interés actual y legítimo” en esta causa.
Apoyo a la CMF
En base a la información de la resolución de la CMF que terminó por intervenir Sartor AGF e iniciar su liquidación, cifraron la exposición de los fondos en pagarés con sociedades vinculadas en US$ 86,16 millones.
En línea con lo denunciado por el regulador, alertaron que al interior de Sartor AGF existiría un patrón de “inversiones circulares y cruzadas, lo que dificulta tener una trazabilidad clara de las mismas”.
Además, apuntaron a una “existencia de un alto riesgo de abuso a los aportantes mediante el cobro de múltiples comisiones por administración de los fondos que invierten en otros fondos, lo que no tendría una clara justificación”.
“Las situaciones descritas facilitarían el ocultamiento de información, la falta de transparencia en la calidad de los activos, ya que se opera a través de vehículos que quedan fuera del perímetro de supervisión de la CMF”, añadieron.
De esta manera, para los aportantes, “la CMF obró no sólo dentro de sus facultades sino de la única manera razonable y prudente de conformidad a los antecedentes con que contaba y la urgencia de velar por el interés de la totalidad de los aportantes y del mercado en general”.
En esta línea, citaron una serie de artículos y disposiciones de la Ley Única de Fondos (LUF) que respaldarían el actuar del regulador.
Dardos entre aportantes
En esta línea, criticaron la actitud tomada por el primer grupo de aportantes que se pronunció públicamente y en tribunales por el caso. En detalle, esta agrupación, liderada por Manuel José Correa y el exSartor, Joaquín Aguirre, también pidieron ser parte del reclamo de ilegalidad en la Corte de Apelaciones, pero en contra de las decisiones de la CMF.
Para los inversionistas representados por Gandarillas, “resulta francamente inentendible” que el grupo de Correa solicite que los fondos vuelvan a ser administrados nuevamente por Sartor AGF, “quien junto con sus ejecutivos, gerentes, directores y accionistas fueron los verdaderos y directos causantes y responsables de la pérdida de una exorbitante suma de dinero de los aportantes”.
Además, acusaron que la participación procesal de estos aportantes “no puede calificarse como la de terceros independientes, cuando en realidad no han hecho más que reiterar y respaldar lo sostenido por la antigua administración de Sartor AGF en el reclamo de ilegalidad y cuestionar las decisiones que afectan a la misma, sosteniendo un interés idéntico a la reclamante en este procedimiento, todo ello además de intentar arrogarse una representación del interés de los inversionistas y aportantes en general que claramente no poseen”.
Por otro lado, el escrito del nuevo grupo de aportantes apuntó que ellos “gozan de un interés actual y legítimo en los resultados de este procedimiento, en la medida que se encuentra en disputa la revocación de la resolución reclamada, lo que sería una verdadera catástrofe para sus intereses patrimoniales”.
Lo anterior ya que, de revertirse la medida tomada “podría afectar adversamente su derecho de propiedad sobre los fondos y aumentar los perjuicios”, añadió.
Nuevas acciones legales
Además, anunciaron posibles nuevas acciones legales. De acuerdo al texto, “nuestros representados se encuentran facultados para demandar los perjuicios derivados de la omisión en la entrega de la información veraz, suficiente y oportuna a los partícipes de los fondos por parte de la administradora”.
“De esta forma se deducirán todas las acciones destinadas a que se indemnicen los perjuicios causados a nuestros mandantes por la Administradora, sus administradores, el directorio, los gerentes y ejecutivos, y los accionistas de Sartor AGF y sus sociedades relacionadas”, adelantaron.
Sartor responde
A través de un comentario por escritro tras la publicación de la nota, el socio de Winter Etcheberry y abogado defensor de Grupo Sartor, Jorge Cabrera, señaló que “el escrito presentado por un grupo muy pequeño de aportantes -muchos de ellos cercanos a Óscar Ebel, fundador, director, miembro del comité de crédito y dueño de casi un tercio de Sartor- es llamativamente concordante con la CMF y contradice los hechos expuestos por la gran mayoría de los aportantes, quienes han denunciado que la CMF los tiene en un corralito, no les paga sus rescates, está causando perdidas patrimoniales y liquidando activos".
Según Cabrera, el otro grupo de inversionistas alertó que la situación "termina favoreciendo al grupo peruano Credicorp, además de no permitir traspasar la administración a un tercero para no mal liquidar los activos".
"Por eso mismo, creemos que la actuación de la CMF es arbitraria e ilegal, y causa enormes perjuicios a Sartor y sus aportantes”, concluyó.