En 2019, el grupo Andes Salud -red de clínicas regionales ligada a inversionistas del Biobío, como las familias Imschenetzky y Sáenz- tomó control de los prestadores de lo que era Empresas Masvida, entre lo que se incluía una participación minoritaria en Isamédica, clínica ubicada en Rancagua, Región de O’Higgins.
Isamédica, fundada en 1993, registra cerca de 32 mil atenciones y en torno a 8.300 prestaciones anuales. En su directorio, Andes Salud es representada por su gerente general, el expresidente de Clínicas de Chile, Gonzalo Grebe, quien el 9 de mayo remeció a la mesa ingresando una demanda civil en contra de los socios mayoritarios del establecimiento.
La acción legal se dirige en contra del presidente de Isamédica, Francisco Saldaña, y los directores Enzo General, Raúl Benavente y Fernando Soto, y es por concepto de indemnización de perjuicios.
A grandes rasgos, Grebe acusa a los socios mayoritarios de suscribir una actualización del contrato de trabajo del gerente general de Isamédica, Gastón Quezada, que “carece de toda justificación comercial y resulta abiertamente contraria al interés social, imponiendo términos y condiciones sumamente gravosos que, inevitablemente, se traducen en una pérdida patrimonial para la sociedad”.
En concreto, sostuvo que se confirieron beneficios “excesivos e injustificados” a Quezada, “quien se encuentra en edad de jubilar, consistentes en una indemnización convencional a todo evento, equivalente al monto del ‘total de haberes’ de la eventual última liquidación multiplicado por los años de servicio -veintiocho y contando-, y un adicional equivalente al 10% del monto así calculado”, esto último en la medida que el contrato no termine por renuncia voluntario dentro de los próximos cinco años.
Así, Grebe calculó que la pérdida patrimonial efectiva se traduciría, al día de hoy, en unos $ 315 millones, cifra que solo podría aumentar con el transcurso del tiempo.
“La forma en que se ha redactado la cláusula pertinente implica que la Sociedad deberá siempre indemnizar al trabajador, sin importar la razón o causal invocada, procediendo incluso en caso de término de contrato por fallecimiento o, aunque parezca insólito, por causa imputable al mismo (...) es solo cuestión de tiempo para que a Isamédica se le exija un millonario desembolso, quedando ello enteramente sujeto a la voluntad y arbitrio del gerente general”, dijo la demanda.
Conflicto en el directorio
En términos de la demanda, en el escrito presentado ante el 1° Juzgado Civil de Rancagua, Grebe relevó que, en un directorio del 26 de noviembre se mostró disponible a evaluar las modificaciones propuestas al contrato del gerente, pero que le solicitó al ejecutivo ciertos documentos que hasta el día de la acción legal no le habían sido proporcionados.
A eso, sumó que los demandados sostuvieron que los beneficios eran “merecidos y oportunos” y que el asunto se venía discutiendo hace diez años. “Esto último, a pesar de que el tema nunca se había tratado a nivel de directorio, al menos desde 2019, año en que por primera vez fui designado”, argumentó. “La decisión, en cualquier caso, ya estaba tomada, mucho antes de que el asunto se discutiera a nivel de Directorio, como en derecho corresponde”.
De hecho, en las páginas siguientes, denunció que la modificación del contrato fue suscrita de todos modos, “sin dar aviso y en forma subrepticia” antes de que se firmara el acta de la sesión de directorio del 30 de enero de 2025.
Con todo, Grebe argumentó que los demandados se aseguraron de que “resultase extremadamente costoso siquiera analizar” la alternativa de reemplazar a Quezada. Con eso, planteó que la medida “tenía precisamente por objeto usar dineros ajenos para un interés particular y eventualmente antagónico a los intereses de la Sociedad, esto es, ‘blindar’ a la persona del gerente general, persona afín a los intereses de los demandados”.
Respuesta de los demandados
Diario Financiero consultó a la parte demandada para este artículo, ante lo cual los directores respondieron que “la demanda carece de fundamento”.
Así, sostuvieron que “el acuerdo que se cuestiona fue adoptado con pleno arreglo a derecho, en el marco de nuestras atribuciones y en cumplimiento del interés social. Estamos ciertos que esa demanda no va a prosperar”.
Y agregaron que: “Nuestro foco está en mantener el crecimiento de la empresa, mejorar cada vez los servicios de salud que entregamos y generar valor para todos los accionistas”.
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