La millonaria disputa que inició el grupo Falabella en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano (Serviu), que remeció al sector inmobiliario y de la construcción, llegó a su fin.
A principios de octubre, la compañía demandó al organismo público -que depende del ministerio del ramo, encabezado por Carlos Montes- acusándolo de no pagarle un terreno que le compró para el desarrollo de un proyecto habitacional en San Joaquín.
Pese a que, en principio, el Serviu solicitó en el juicio “rechazar íntegramente la demanda ejecutiva”, finalmente la entidad concretó el pago, según pudo confirmar Diario Financiero.
Ante la consulta de este medio, el Serviu declaró: “La deuda fue completamente pagada por el servicio; de esa manera se suspendió la causa". Añadió que "actualmente se redacta la escritura de cancelación de precio para poder cerrar luego el proceso judicial y contar materialmente con el terreno para avanzar en una solución que beneficie en el futuro a las familias de San Joaquín".
Desde Falabella evitaron realizar declaraciones.
“El cumplimiento forzado”
El pasado 10 de octubre, a través de la sociedad Inmobiliaria Rentas Dos, el conglomerado (dueño de las multitiendas Falabella, supermercados, centros comerciales y un banco) inició su acción judicial en contra del servicio público para, según dijo, hacer cumplir la obligación contraída por el Serviu de pagar el precio del inmueble ubicado en calle Vicuña Mackenna N° 3.333, comuna de San Joaquín, por un valor de 98.000 UF (poco más de $ 3.878 millones).
Según el privado, la entidad adquirió el inmueble con el fin de desarrollar y edificar en él un proyecto habitacional destinado a las familias integrantes del proyecto denominado Conjunto Habitacional Wagner, el que considera 231 departamentos y que tiene como objetivo reducir al menos un 30% el arancel de arriendo.
La sociedad ligada a Falabella dijo que, una vez celebrado el contrato de compraventa por el paño, con fecha 13 de febrero del año 2025, se procedió a su respectiva inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de San Miguel.
En su demanda, la empresa afirmó que el Serviu debía pagar a Rentas Dos a más tardar el 14 de abril de 2025 el precio del contrato. “Sin embargo, hasta la fecha la ejecutada se mantiene en mora del pago de su deuda de 98.000 UF, motivo por el cual a nuestra representada no le queda más remedio que acudir a la judicatura para lograr el cumplimiento forzado de la obligación”, dijo en su demanda.
“Los requisitos administrativos”
Falabella desató su ofensiva judicial en medio de la crisis financiera que atraviesa el sistema de viviendas sociales, liderado por el ministerio encabezado por Montes: hubo estimaciones de la industria que llegaron a calcular la deuda en hasta US$ 1.000 millones, lo cual suma a distintos actores, incluyendo inmobiliarias, constructoras, proveedores y dueños de terrenos. A principios de octubre, el ministro Montes reconoció que la cartera mantiene pasivos, aunque aseguró que la deuda vencida asciende a unos US$ 130 millones.
Según abogados expertos en el rubro inmobiliario, Falabella fue la primera compañía que demandó tras revelarse las deudas del Serviu.
El servicio, en su primera respuesta luego que este medio revelara la acción judicial, dijo que el compromiso de pago para abril de este año no se concretó “debido a que la escritura no venía a nombre del municipio”.
En una segunda declaración, el organismo lanzó sus dardos en contra de la empresa: “Se sostuvieron reuniones en los meses de mayo, junio, septiembre y octubre con el municipio, la empresa y la entidad patrocinante Unión Limitada para resciliar, y en el mismo acto, firmar la nueva compraventa, sin embargo, en ese intertanto este servicio fue notificado de la demanda ejecutiva por parte de Rentas Dos, lo que nos parece inaceptable dado que nos encontrábamos en plenas negociaciones para modificar la escritura y avanzar en el proceso de compraventa”.
En el juicio, el Serviu fue aún más categórico: sus abogados presentaron un escrito en que pidieron rechazar la demanda. En éste afirmaron que la exigibilidad de pago no solo depende del cumplimiento de las condiciones civiles pactadas (plazo), sino que de la viabilidad administrativa del proyecto, lo que, según dijo, quedó estipulado en la cláusula segunda de la escritura.
“La falta de permiso de edificación y la no acreditación de aportes adicionales son obstáculos administrativos sustanciales que impiden la progresión del proyecto y, consecuentemente, la liberación y justificación del gasto público destinado a su financiamiento total, incluyendo el precio del terreno”, dijo el servicio. Y añadió: “El Serviu, como órgano público, está impedido de cursar pagos con cargo a fondos fiscales si el proyecto subyacente no cumple con los requisitos administrativos habilitantes para su ejecución”.
Tras esto, los representantes de Falabella y el Serviu solicitaron de común acuerdo decretar la suspensión del proceso judicial por 15 días y, antes que se cumpliera el plazo, el Serviu simplemente pagó.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Inmobiliario
{{/if}}
