El grupo Falabella, a través de una de sus sociedades, inició una arremetida judicial en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano (Serviu). La compañía acusó al organismo público -que depende del ministerio del ramo, encabezado por Carlos Montes- de no pagarle por un terreno que le compró para el desarrollo de un proyecto habitacional en San Joaquín.
La arremetida del conglomerado dueño de las multitiendas Falabella, entre varios otros negocios, se da en medio de la crisis financiera que atraviesa el sistema de viviendas sociales: hay estimaciones de la industria que han calculado la deuda en US$ 1.000 millones, lo cual suma a distintos actores del sistema, incluyendo inmobiliarias, constructoras, proveedores y dueños de terrenos. A principios de octubre, el ministro Montes reconoció que la cartera mantiene pasivos, aunque aseguró que la deuda vencida asciende a unos US$ 130 millones.
A fines de septiembre, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, dijo que, desde mayo de este año, han recibido antecedentes de empresas socias respecto a la demora en los pagos y en la entrega de anticipos destinados a la construcción de viviendas con subsidio estatal.
El gremio sostuvo que, “consciente de la gravedad de esta situación”, ha sostenido un diálogo permanente con el Minvu para buscar soluciones que permitan regularizar estos pagos sin poner en riesgo la ejecución de los proyectos.
La mayoría de las empresas afectadas, dijo la CChC, trabaja en la RM y el Maule, “y las líneas de financiamiento corresponden a los estados de pago pendientes del DS49 (programa para hogares vulnerables), los subsidios por pagar y préstamos de enlace del DS19 (para acceder a la primera vivienda), y las deudas por compra de terrenos y de unidades para el programa de arriendo a precio justo”.
“No le queda más remedio…”
Este último punto es el que, precisamente, reclama la Inmobiliaria Rentas Dos, ligada a Falabella, la que -según abogados expertos en la materia- se transformó en la primera compañía en demandar tras revelarse las deudas del Serviu.
La sociedad presentó, el pasado 10 de octubre, una demanda ejecutiva de obligación de dar en contra del Serviu Metropolitano, según los documentos a los que tuvo acceso Diario Financiero.
“Esta demanda ejecutiva persigue hacer cumplir la obligación contraída por el Serviu con Rentas Dos de pagar el precio del inmueble ubicado en calle Vicuña Mackenna N° 3.333, comuna de San Joaquín, valor que asciende a la suma de 98.000 UF (poco más de $ 3.878 millones)”, dijo la empresa en su demanda, en la cual precisó que el contrato de compraventa fue firmado entre las partes el 17 de diciembre de 2024, y que se celebró por escritura pública otorgada en la Notaría de Renata González Carvallo.
Según el privado, el servicio adquirió el inmueble con el fin de desarrollar y edificar en él un proyecto habitacional destinado a las familias integrantes del proyecto denominado Conjunto Habitacional Wagner, el que considera 231 departamentos y que tiene como objetivo reducir al menos un 30% el arancel de arriendo.
La sociedad ligada a Falabella dijo que, una vez celebrado el contrato de compraventa por el paño, con fecha 13 de febrero del año 2025, se procedió a su respectiva inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de San Miguel.
“El Serviu debía pagar a Rentas Dos a más tardar el 14 de abril de 2025 el precio del contrato. Sin embargo, hasta la fecha la ejecutada se mantiene en mora del pago de su deuda de 98.000 UF, motivo por el cual a nuestra representada no le queda más remedio que acudir a la judicatura para lograr el cumplimiento forzado de la obligación”, dijo la empresa en su demanda, en la cual afirmó que el Serviu “adicionalmente adeuda a esta parte los intereses legales, los que se seguirán devengando diariamente hasta el pago íntegro y efectivo de la deuda”.
Consultada la empresa, desde el grupo Falabella se señaló a DF en una declaración por escrito: “Respecto de la acción judicial presentada por Inmobiliaria Rentas Dos SpA en contra del Serviu Metropolitano, informamos que se trata de un procedimiento destinado a exigir el pago de un terreno que dicho organismo adquirió formalmente a través de escritura pública suscrita en diciembre de 2024, y cuyo plazo de pago venció en abril de este año”.
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J. Troncoso Ostornol
