El Aeropuerto Arturo Merino Benítez (AMB) se posicionó esta semana como protagonista de dos anuncios clave para el desarrollo de la infraestructura nacional.
Al reciente compromiso del Gobierno de llevar la red de Metro hasta el terminal aéreo, se sumó la presentación del nuevo “Plan Maestro” impulsado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), que contempla una transformación del principal terminal aéreo del país con miras al año 2050.
La iniciativa busca triplicar la capacidad del aeropuerto, permitiendo movilizar hasta 84 millones de pasajeros anuales hacia mediados de siglo.

JESSICA LÓPEZ, MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS.
Para lograrlo, se contempla la construcción de un tercer y cuarto terminal de pasajeros -que aún no tienen definida su vocación, pudiendo ser nacionales, internacionales o mixtos-, una tercera pista de aterrizaje, nuevos accesos vehiculares, instalaciones logísticas y de carga, y la incorporación de un tren ligero que conecte los distintos sectores del recinto.
84 millones de pasajeros llegará a movilizar el aeropuerto al 2050
La inversión estimada para concretar estas obras asciende a los US$ 4.000 millones, de los cuales US$ 3.000 millones se destinarán directamente a obras y US$ 1.000 millones corresponderán a procesos de expropiación.
En concreto, la expansión considera un aumento de la superficie de AMB desde las actuales 1.070 hectáreas hasta un total de 2.368, extendiéndose hacia el sector norponiente en terrenos ubicados principalmente en la comuna de Pudahuel y, en menor medida, en Lampa.
En materia de conectividad, se incorporarán tres nuevos accesos vehiculares, uno al poniente (Lampa) y otros dos en el sector norte y sur del aeropuerto.
A nivel logístico, el plan contempla triplicar la capacidad actual de carga mediante nuevos terminales especializados, así como la construcción de instalaciones para mantenimiento aeronáutico, aviación general y oficinas de la autoridad aeronáutica.
La licitación del anteproyecto de esta expansión ya está en curso. Según informó el MOP, cerca de 50 empresas han consultado por las bases del proceso, cuya adjudicación se espera concretar entre noviembre y diciembre de este año. Con este cronograma, la ejecución de las obras está prevista para comenzar en 2035 y extenderse hasta el año 2050.
¿Y la idea de otro aeropuerto?
En la etapa inicial del diseño del plan, el MOP evaluó dos alternativas: construir un nuevo aeropuerto en las cercanías de AMB o ampliar el actual. Finalmente, la cartera optó por esta última opción.
Según explicó la ministra Jessica López, la decisión se basó en diversos factores, siendo el primero de ellos la complejidad geográfica de la Región Metropolitana, que dificulta encontrar terrenos adecuados para un nuevo terminal aéreo.
A esto se suma el riesgo de interferencia operativa que implicaría la coexistencia de dos aeropuertos en un radio cercano, lo que podría afectar tanto los despegues como los aterrizajes de los aviones.
- El Gobierno impulsa la idea de un nuevo aeropuerto en Concón. ¿Éste no generaría interferencias con el de Santiago?
- Ese aeropuerto es un muy buen proyecto, una buena alternativa, por eso lo lanzamos. No va a producir interferencia. Además, recordemos que es un aeropuerto que tiene una concentración muy alta de vuelos de equipamiento de Conaf para el combate de incendios y también de la Armada de Chile.
- ¿Van a seguir con el proyecto?
- Sí.
- El MOP actualmente tiene litigios abiertos con Nuevo Pudahuel que podrían terminar en un aumento de plazo de la concesión. ¿Se vería afectado este plan?
- Hoy día estamos en una mesa de negociación y esperamos llegar a un buen término. Siempre existe el caso de que se decidiera compensar con una indemnización o una extensión de contrato, por lo que podría haber un cambio en los plazos. También podrían haber modificaciones de contrato para que se empiecen ciertas obras durante el período que esté vigente esta concesión.
Expropiaciones
Uno de los puntos sensibles en torno a la expansión del aeropuerto se relaciona con el impacto social que generará en las comunidades.
Sobre este punto, la ministra reconoció que el proyecto considera la incorporación de cerca de 1.200 nuevas hectáreas a la superficie actual, algunas de las cuales son de propiedad de sociedades inmobiliarias que ya cuentan con desarrollos proyectados, así como también terrenos habitados y con infraestructura social activa.
Es por eso que las autoridades ya empezaron a entablar conversaciones preliminares, pero la ministra enfatizó que aún resta avanzar en un trabajo más formal y estructurado.
“En el caso de la población, lamentablemente muchas viviendas no tienen sus permisos al día, lo que representa un desafío aún mayor. Esto implicará buscar soluciones habitacionales apropiadas para las cerca de mil familias afectadas, en coordinación con el Ministerio de Vivienda”, sostuvo López.