“Tal como lo anunció el Presidente Gabriel Boric en su reciente Cuenta Pública, nuestro Gobierno buscará ingresar, entre el tercer y último trimestre del año, puede ser septiembre-octubre, una propuesta de proyecto de ley al Congreso para avanzar en materia de negociación multinivel”. Con esas palabras, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, puso fecha a uno de los grandes anhelos del mundo sindical.
El secretario de Estado reiteró que este es un compromiso que el Gobierno asumió con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y en torno al cual se realizaron una serie de diálogos sociales.
“Lamentablemente, quienes hasta ahora se han restado de este debate han sido los representantes del mundo empresarial”, dijo la autoridad, y añadió que “nuestro compromiso es claro en este tema: avanzar en derechos para las y los trabajadores, fortaleciendo la organización sindical, el diálogo social y el trabajo decente en todos sus niveles”.
Pero poco parece convencer la idea, al menos en este contexto.
Las últimas cifras, a juicio de varios expertos, dejarían de manifiesto que no es el momento propicio para avanzar en un tema de estas características, más al considerar, que tras 12 meses de caídas consecutivas, la tasa de desocupación subió para ubicarse en 8,8% en el trimestre febrero-abril pasado.
A esto se suma que la creación anual de empleo se desaceleró respecto a trimestres anteriores. De acuerdo a Clapes UC apenas se generaron 20 mil nuevos puestos.
Las preocupaciones
“Estamos con un mercado laboral que no está creando empleos formales de calidad, con seguridad social. Eso es lo que tenemos en Chile. La tasa de desempleo cuando comenzó el Gobierno estaba en 7,7% y ahora está en un 8,8%, y cuando aumenta el desempleo eso refleja que la economía no está siendo capaz de crear los empleos que están demandando los hogares chilenos”, criticó la directora de evidencia de Pivotes, Elisa Cabezón.
Para ella, además, esta es “otra medida que rigidiza el mercado laboral formal y que perjudica a los emprendimientos, porque estás obligando a las pequeñas empresas a pactar las mismas condiciones que las empresas grandes”.
El director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP), Juan Bravo, por su lado, también muestra inquietud respecto de las características que tendrá la propuesta.
“Es importante saber si van a existir condiciones diferenciadas para empresas con menor capacidad económica, si se va a contemplar algún tipo de ayuda o beneficios para empresas de menor tamaño, si habrá medidas de adaptabilidad asociadas a una negociación colectiva ramal, o cláusulas de ajuste en caso de períodos de debilidad de la actividad económica. Son importantes las características para poder determinar el aumento del costo salarial efectivo”, dijo.
Sin embargo, para Bravo “no hay piso político para la aprobación de un proyecto de esta naturaleza. Por lo tanto, su envío más bien obedece al objetivo político de dar por cumplido una promesa de campaña y que está estipulada en el programa de Gobierno”.
En la vereda contraria, un informe elaborado por el académico Bernd Brandl para la oficina de la OIT para el Cono Sur, abordó las posibles ganancias asociadas a una reforma que facilite la negociación colectiva a nivel sectorial.
De acuerdo con el texto, una reforma de este tipo podría llevar a que la evolución de los salarios y de la productividad puedan alinearse entre sí. ¿La razón? en principio esto “favorecería” que los interlocutores sociales puedan decidir conjuntamente cómo deben fijarse los salarios para que los costos y los beneficios se repartan equitativamente entre empleadores y trabajadores.
El profesor del departamento de derecho laboral de la Universidad de Concepción, Álvaro Domínguez, si bien anteriormente se ha mostrado de acuerdo con la idea de avanzar en este tema, criticó la demora en torno a la discusión.
“Es difícil creer que se cumplirá con la promesa de la ramal. En los hechos, en todo este tiempo no se ingresó ningún proyecto de ley para discutir estas materias en los plazos comprometidos con el mundo del sindical. En el anuncio del Presidente no parece existir interés real en cumplir la promesa de la ramal, más allá de ‘insistir en la discusión’, pero fuera del Congreso o bien presentar un proyecto ‘de última hora’ sin viabilidad legislativa. La historia truncada de la ramal parece repetirse”, lamentó.
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