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REGÍSTRATE AQUÍPor: Padre Raúl Hasbún
Publicado: Viernes 21 de noviembre de 2014 a las 05:00 hrs.
El Estado de Chile, constitucionalmente garante de la vida y de la integridad física y síquica de toda persona está obligado a regular, por ley y por vía administrativa la producción, distribución y consumo de sustancias que probadamente pongan en peligro dichos bienes esenciales. La masificación del consumo de drogas se convierte así en un tema de salud y seguridad pública, que obliga al Estado a desarrollar políticas de prevención, protección y rehabilitación de personas afectadas por las dañinas consecuencias del tráfico y consumo de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
El Estado de Chile hace precisamente eso cuando la salud y seguridad de las personas están amenazadas por el abuso del alcohol, del tabaco, de alimentos ricos en sal, azúcar, grasa y colesterol; por epidemias contagiosas; por agentes contaminantes del medio ambiente; por insuficiente observancia de las normas sanitarias en la producción y expendio de alimentos; por omisión de las medidas legalmente exigibles para conducir con seguridad un vehículo motorizado o a pedales. No cabe en consecuencia alegar, en el tema de las drogas, el principio de autonomía de la voluntad o libre arbitrio de cada quien para hacer lo que le plazca.
La ingesta de drogas ataca directamente el cerebro, centro de comando de la racionalidad; sede de la libertad. Otras sustancias afectan el corazón o el pulmón. La droga es agresión directa al ADN de la persona humana: su capacidad de razonar, elegir, ser ella misma. Una persona drogada pierde o deteriora sensiblemente su autonomía y autovalencia. Se convierte progresivamente en robot teledirigido por otros o activado por incontrolables impulsos mecánicos. La ley vigente comprende con sabiduría esta tragedia del drogadicto y le veda el acceso a funciones y responsabilidades públicas en que se haría esclavo de sus proveedores. Si el alcohol provoca adicción en un 10%, la droga esclaviza al 72% de sus consumidores, poniéndolos en estado de amenaza latente contra sí mismos y contra su entorno.
Legalizar la droga equivaldría a una claudicación moral, jurídica y pedagógica: el Estado, garante de los derechos y deberes de toda persona, renunciaría solemnemente -¡y en nombre de la libertad!- a convencer a sus miembros de que es posible educar y educarse para ser personas y actuar como personas, dentro de una legislación justa que protege a los débiles contra mafias organizadas de corrupción y envilecimiento. La ley dejaría de ser pedagoga y se convertiría en espejo reproductivo y confirmativo de los incontrolables instintos humanos, hábilmente maquillados de apelación a la libertad.
Canonizando la droga, el Estado alienta el servilismo simiesco de imitar lo que hacen otros, estimula la "evasión" eufórica y la consiguiente cobardía de enfrentar la realidad, y bendice la autocondena a la literal "estupidez", pasmo y despersonalización. Garante de la vida, habrá traicionado la confianza ciudadana y su primera razón de ser.
desde LarrainVial Activos destacaron que “esta resolución confirma que la salida alternativa acordada constituye un reconocimiento de la colaboración permanente de LarrainVial con la investigación del Ministerio Público".
Luego que Diario Financiero revelara la disputa este lunes, el servicio dependiente del Ministerio de Vivienda, hizo -hoy miércoles- “un llamado a respetar los acuerdos, continuar el diálogo y la colaboración entre el Estado y el mundo privado”.
Expertos del área coinciden en que esta disrupción tecnológica ya está transformando el ejercicio profesional, pero advierten que la confianza y el criterio seguirán siendo irremplazables.
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Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
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