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Alto contrasteCárceles en Chile. ¿Cómo superar un sistema colapsado?
Carlos Cruz Secretario ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura
En los últimos días se ha puesto en cuestión el sistema carcelario chileno. Un informe de la Corte de Apelaciones de Santiago es muy elocuente al respecto. El documento, entre otras cosas, recomienda revocar los contratos de concesiones debido a las transgresiones en las que incurrieron las empresas concesionarias, incumplimientos que incluso atentan contra la dignidad de los reclusos.
Cuando se hace referencia al sistema carcelario chileno, las primeras imágenes que se evocan son las de la Penitenciaría de Santiago, expresión máxima de la degradación a la que se puede someter a una persona. El argumento que se da al respecto es que situaciones como estas se producen fundamentalmente por un problema de hacinamiento, es decir, falta capacidad física para albergar a quienes la justicia define deben ser privados de libertad. En consecuencia, las alternativas a explorar son reducir el régimen de reclusión, a lo cual deberán referirse los expertos, o aumentar la capacidad carcelaria. Para esto último, sólo hay una fuente de recurso posible: el presupuesto anual de inversiones que se asigna para este efecto por parte del Ministerio de Hacienda. Como estos recursos son limitados, si al año se asignara el 5% de lo requerido para construir la capacidad carcelaria que se necesita para atender a los reclusos con una cierta dignidad, habría que esperar 20 años para alcanzar el objetivo.
Una alternativa es usar esa capacidad de pago que el Estado puede comprometer anualmente para solicitarle a algunas empresas que provean la infraestructura que se requiere con el compromiso de pagarla en el transcurso del tiempo. Esta fue la misma reflexión que hace 15 años intentó resolver el déficit de capacidad del sistema carcelario utilizando la Ley de Concesiones. Con ello, en 2005 se inauguró la primera cárcel construida bajo el concepto de asociación público-privada en Chile, lográndose en un plazo breve la construcción de más o menos 16 mil plazas. Varias fueron las mejoras, sin embargo las controversias que se generaron en relación a cuestiones contractuales paralizaron el proceso. Al igual que en el caso de los hospitales, en vez de corregir los aspectos que dificultaron la implementación de un sistema carcelario a través de la modalidad de concesiones adecuado a las nuevas necesidades de la sociedad, se desecho el instrumento sin capacidad de reemplazarlo. El resultado ha sido el estancamiento de las inversiones en infraestructura carcelaria, lo que ha derivado la causa de buena parte de los problemas que hoy enfrenta el sistema.
En 2014 el gobierno anunció una inversión pública por más de 200 mil millones para edificar cuatro cárceles en el norte y sur del país, intención que no ha podido concretarse producto del escenario económico actual. Entonces creo que, tomando en cuenta el estado de las finanzas públicas, bien valdría la pena replantearse la posibilidad de diseñar un mecanismo de financiamiento privado de infraestructura pública para ampliar la dotación de plazas de nuestro sistema carcelario. La idea es que éste no sólo permita separar de la sociedad a quienes la justicia determina deben cumplir con penas de reclusión como forma de reparar las culpas por el daño ocasionado como consecuencia de delitos cometidos, sino que esa separación sirva para preparar su reinserción en la sociedad, minimizando el riesgo de reincidencia.
