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Alto contrasteImpacto causó hace algunas semanas la revelación de una colusión de larga data en la industria naviera. El caso incluía a empresas chilenas, una de las cuales se acogió a delación compensada para desarticular el cartel y minimizar las consecuencias legales. El asunto puso a tal herramienta nuevamente en el foco del análisis.
La principal ventaja de la delación compensada, no es tanto su efectividad para la identificación y desmantelamiento de carteles, sino algo mucho más importante: su enorme poder de disuasión ante la posibilidad de que estos se formen. Y es que el riesgo de establecer un cartel aumenta exponencialmente cuando cualquiera de sus miembros tiene la opción de acudir a las autoridades para denunciar a los demás y a sí mismos, limitando los costos financieros o legales.
Afortunadamente, atrás parecen haber quedado las reticencias del empresariado sobre la delación compensada. Especialmente aquellas que sostenían que instaba a "romper códigos" e incurrir en traición. Ese atrasado enfoque ponía en primer lugar la relación de los actores tradicionales de una industria entre sí, y sólo en segundo plano la responsabilidad de todos ellos frente a sus proveedores, clientes y la sociedad en general.
Pero Chile cambió. La ciudadanía ha alcanzado tal nivel de consciencia de sus derechos y mirada crítica frente a quienes ostentan el poder, que dichas visiones se han vuelto incompatibles con la vida económica del siglo XXI. Así parece haberlo entendido el máximo representante de los empresarios, quien aplaudió el uso de la delación compensada en el caso de las navieras, llamando a las empresas a utilizarlo activamente en caso de prácticas anticompetitivas.
La lógica de la delación, tal como lo ha manifestado la SVS, debiera expandirse hacia la figura del whistleblower: persona que denuncia, dentro de la misma organización, conductas contrarias a la ética y a las normativas vigentes, ya tengan que ver éstas con prácticas anticompetitivas, uso de información privilegiada, corrupción de funcionarios públicos o negociación incompatible. De esta manera, crecen las probabilidades de que los responsables de diseñar y aplicar prácticas inaceptables paguen con penas justas. Asimismo, la sociedad se asegura de que quien quiera violar las leyes del libre mercado recorra un camino cuesta arriba, donde no pueda confiar plenamente en sus cómplices ni en los colaboradores de su propia organización.
Sólo de esta manera avanzaremos hacia una economía donde vulnerar la confianza de la ciudadanía y dañar tanto la eficiencia como la legitimidad de los mercados sea un mal y riesgoso negocio, para el cual encontrar secuaces bien dispuestos no sea fácil. Además, los entes reguladores correspondientes dejarán de batallar en solitario contra estas prácticas, contando como aliados con todos aquellos que anhelan avanzar hacia mercados más legítimos y que reporten un beneficio social para todos.
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