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Alto contrasteMi lectura de la actual crisis política es que sí requerimos de una mejor moral entre nosotros, una que interprete la Ley en su verdadero espíritu. Pero también necesitamos mejores instituciones. Con más transparencia y menos discrecionalidad, con más mérito y más competencia de verdad, y menos pitutos o arreglines que lucren usando el engaño o privilegios en forma indebida.
Estos anhelos no se refieren sólo a cómo quisiéramos que se financie la política, o cómo tener mejores gobiernos corporativos en las grandes empresas. El mismo clamor emerge de muchos otros lados. Esto es como la matemática de los fractales: si profundizamos buscando nuevos detalles o variantes, una y otra vez emerge la misma estructura (en nuestro caso, los mismos problemas) de base.
Quiero ilustrar esto hablando con claridad sobre un importante desafío institucional que se cierne sobre el futuro de la pesca artesanal en Chile. Los que conocen el sector (hoy con más de 90.000 pescadores oficialmente inscritos) saben que su única opción de desarrollo sustentable es que, sin dejar pasar muchos años más, se retire en forma permanente una proporción no menor de su actual capacidad extractiva, en varias regiones y recursos pesqueros. Este proceso ya ha ocurrido décadas atrás en países hoy desarrollados. Y sabemos que los ajustes requeridos demandarán fondos públicos sustanciales: para subsidiar el impacto social del reacomodo productivo, para apoyar la reconversión laboral, y para consolidar los derechos productivos de quienes permanezcan en el sector, avanzando hacia derechos individuales con suficientes garantías jurídicas, como un adecuado sistema registral de derechos.
Relacionado con estos desafíos, a fines del 2014 el Gobierno envió al Congreso un Proyecto de Ley sobre la creación del INDESPA, una especie de INDAP pesquero, para apoyar al sector artesanal. Se ha proyectado un costo anual para esta nueva institución de unos $25.500 millones, es decir 2,5 veces el gasto anual de los últimos años en apoyos públicos directos al sector artesanal (considerando los 2 fondos estatales más conocidos de apoyo al sector). Este nivel de gasto público es sustancial. Y anticipo que, en operación, muy pronto se quedaría corto. Para que dimensionemos el monto proyectado: su valor equivale a 1,3 veces el gasto anual total que el Estado chileno realizó el 2014 a través de los 3 principales programas de financiamiento estatal a investigación pesquera aplicada necesaria para definir las regulaciones del sector. O piense en los $6.000 millones que el Gobierno ha anunciado para reparar infraestructura y realizar tareas de limpieza en 13 comunas afectadas por los aludes de lodo en el Norte del país.
Hasta ahora los apoyos estatales directos a la pesca artesanal se han entregado mediante distintos fondos, bajo tutela de distintas instituciones públicas, fragmentación que favorece duplicaciones ineficientes y poca transparencia. La realidad es que poco o nada se sabe sobre qué criterios se han usado para decidir cómo asignar estas platas. Este contexto de caja negra se ha mantenido en el tiempo, independiente del color político del gobierno de turno. Dejo que el lector adivine si existe algún estudio público sobre los impactos logrados con alguno de los financiamientos así entregados.
Vuelvo a mi motivación inicial: ¿Cómo lograr que nuestros anhelos de mejores instituciones se hagan realidad?, ¿cómo evitar que el futuro INDESPA se transforme en una caja pagadora de favores y apoyos políticos?, ¿cómo evitamos repetir la historia de irregularidades conocidas en el caso del INDAP? Señores políticos, tienen la palabra.
