Gustavo Orellana V.
Un total de 17 proyectos hidroeléctricos se encuentran a la espera de autorización de obras por parte de la Dirección General de Aguas (DGA), que tramita estas iniciativas.
En algunos casos, los proyectos están cercanos a enterar tres años desde que se ingresó la solicitud respectiva. El proyecto que presenta más demora es la Central Hidroeléctrica Osorno (Pilmaiquén, 58 MW), que entró a trámite el 16 de abril de 2007 y que aún no recibe el visto bueno de la repartición.
En total, las iniciativas suman 1.041 MW, de los cuales el más relevante, en términos de potencia instalada, es el Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM), que ingresó a tramitación a fines del año pasado ante la DGA y que demandará una inversión total cercana a los US$ 900 millones por parte de la generadora AES Gener, dueña del proyecto.
La demora en la entrega de permisos de la DGA y de las resoluciones de derechos de agua es, precisamente, uno de los temas a los que ha aludido el Gobierno que, consciente de las trabas administrativas que impiden la agilización de estos proyectos, elabora un plan para despejar estos cuellos de botella.
Todo, a través de un trabajo conjunto del ministerio de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y la Comisión Nacional de Energía (CNE).
El punto también ha sido aludido por distintas organizaciones de empresas que manejan proyectos de enegías renovables, entre las que se cuentan la Asociación Chilena de Energías Renovables (Acera) y la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (Apemec).
Según el presidente de esta última entidad, Pedro Matthei, existen barreras para el sector mini hidro que están concentradas en la burocracia de entidades como, por ejemplo, la DGA.
Para despejar este tema, Matthei se reunió hace algunas semanas con el director general de aguas, Matías Desmadryl, quien compartió el diagnóstico y se comprometió a buscar fórmulas para acelerar la tramitación de los distintos permisos que dependen de la entidad que dirige.
Plan para acortar plazos
El propio Desmadryl, explica que, para mejorar esta situación, la DGA está llevando adelante un plan para mejorar los tiempos de respuesta que implica, además de mayores recursos, capacitación y una exhaustiva revisión de los procedimientos internos. Así, la respuesta ante los requerimientos sería mayor.
“Estamos elaborando un plan de fortalecimiento y de modernización institucional de la DGA, con el objeto de, entre otras materias, capacitar, contratar más personal, para así dar respuestas más oportunas y acordes a los plazos que hoy requiere el país en una serie de áreas de la economía”, plantea.
Respecto de los plazos, la idea es llevar la tramitación de estos proyectos al mínimo. “Tenemos expedientes de 10 años, 7 años, nuestra intención es bajar de los dos años y ojalá, el próximo año, llegar a una tramitación de un año”, complementa.
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