Aunque el Gobierno busca acelerar y simplificar la entrega de permisos de construcción mediante una reforma a la Ley General de Urbanismo, un informe adviertió que la iniciativa podría enfrentar un obstáculo: la falta de personal capacitado.
La nueva legislación, actualmente en trámite, amplía las funciones y responsabilidades de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo (Seremi Minvu). Para ello, se delegarán tareas al Departamento de Desarrollo Urbano y de Infraestructura (DDUI), unidad encargada de interpretar y analizar aspectos urbanísticos y normativos.
Sin embargo, según el análisis elaborado por Inteligencia Urbana Consultores, liderado por su socio director, Ariel Gardaix, el DDUI presenta un importante déficit de recursos humanos.
Del total de 109 profesionales que componen este departamento a nivel nacional, solo 35 personas (el 32%) están actualmente capacitados para realizar análisis e interpretaciones.
La situación es particularmente crítica en la Región Metropolitana, donde de los 34 funcionarios solo cuatro cuentan con la preparación adecuada, lo que representa apenas un 11% del equipo. En Biobío y Valparaíso, en tanto, solo un 16% y un 21% del personal -respectivamente- está calificado.
Por el contrario, algunas regiones muestran mejores indicadores. Ñuble, por ejemplo, tiene a la totalidad de su personal capacitado, mientras que Magallanes alcanza un 75% y Coquimbo un 50%. No obstante, estas regiones cuentan con equipos significativamente más pequeños, lo que podría explicar el alto porcentaje de cobertura.
Ante este escenario, desde la Seremi Minvu Metropolitana indicaron que "el informe de Inteligencia Urbana Consultores tiene un error fundamental: los 35 funcionarios de la DDUI de esta Seremi están altamente capacitados y son competentes para realizar las interpretaciones urbanísticas requeridas".
La entidad agregó que "la situación actual refleja un problema de velocidad de respuesta derivado de la alta demanda post pandemia, junto a la digitalización de trámites y nuevas responsabilidades asignadas por ley. En 2018 contábamos con 48 funcionarios, mientras que hoy solo disponemos de 35 para toda la Región Metropolitana. Es urgente implementar soluciones para esto"
Posibles afectaciones
Este déficit de personal, esgrimió Gardaix, podría generar mayores niveles de frustración entre los usuarios y una disminución en la credibilidad y confianza hacia la eficiencia del sistema regulatorio.
“Si bien la ley es una oportunidad de mejora, la falta de personal y/o de capacitación en competencias específicas, sumado al retraso histórico existente, puede llevar a que el atasco se produzca en las Seremi, respecto de las cuales no hay superior jerárquico para recurrir, lo que arriesga que los retrasos o incumplimiento terminen igual en tribunales (...) y se arriesga a que no se concrete la agilización de permisos de construcción esperada”, recalcó Gardaix.
Para enfrentar estas posibles afectaciones, la abogada urbanista Jeanette Bruna recalcó que, además de fortalecer la institucionalidad del país, “es importante recordar que las Seremi pueden establecer una relación virtuosa con las direcciones de obras controlando ex ante el cumplimiento de plazos para evitar el uso del silencio negativo, y resolviendo las dudas técnicas de manera directa”.
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