Un drástico cambio en las rutas logísticas de la flota calamarera china de aguas distantes ha encendido las alertas en el sector pesquero y portuario nacional. Tras una modificación reglamentaria implementada por Perú a fines de 2024, que endureció las exigencias de monitoreo satelital para estas embarcaciones, los terminales chilenos, principalmente en el Iquique y Talcahuano, han absorbido de manera inédita la presencia de estos buques. El impacto de esta migración quedó en evidencia en las cifras oficiales cuando en 2024 se registraron apenas siete recaladas de esta flota en el país, mientras que en 2025 cerró con 196, lo que representa un aumento de 2.700% que hoy mantiene en jaque la capacidad logística y de fiscalización del Estado.
El director de Pesquerías de la organización de conservación marina Oceana, César Ateste, ha seguido de cerca el comportamiento de estas cerca de 300 naves de pabellón chino que operan fuera de las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) de Ecuador, Perú y Chile. En entrevista con DF Regiones, el especialista profundiza en las implicancias logísticas, regulatorias y ambientales de que el país se haya convertido en el nuevo núcleo de llegada para esta enorme flota, la cual más que duplica en número a toda la industria pesquera chilena operativa.
César Ateste, director de Pesquerías de la organización de conservación marina Oceana.
Regulación peruana y riesgo de pesca ilegal
El origen de esta migración logística radica en una estricta medida adoptada por el Estado peruano, impulsada por denuncias de su propio sector en la pesca artesanal. Ateste explica que las autoridades vecinas comenzaron a exigir a estas naves seis meses de información de sus sistemas de monitoreo satelital (VMS) para autorizar su ingreso, un simple cambio normativo que cerró las puertas de puertos como Paita o Callao y generó un éxodo inmediato hacia el sur. "El año 2024 en Chile fueron siete recaladas y terminamos el 2025 con 196. Por eso nosotros hablamos de que hay un 2.700% de aumento de recaladas de buques de flota de calamar de agua distante en puertos chilenos, principalmente Iquique y Talcahuano", detalla Ateste.
Para Oceana, el foco de preocupación no radica únicamente en el volumen de embarcaciones, sino en los antecedentes de riesgo. El director de pesquerías detalla que una de las conductas comunes vinculadas a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) es el apagado intencional de los sistemas de posicionamiento. "Esa es una de las conductas bastante comunes en pesca ilegal: embarcaciones que quieren extraer especies para las cuales no están autorizadas apagan los sistemas satelitales. Ese es un primer hecho que dice 'ojo, hay que estar atento y garantizar la fiscalización de esta flota'", advierte el especialista.
Aunque Ateste es enfático en aclarar que hasta la fecha no se han identificado infracciones pesqueras ni irregularidades portuarias cometidas por esta flota dentro de la jurisdicción chilena, sí recalca que varias de las naves que han utilizado los terminales nacionales poseen historiales de sanciones internacionales previas, lo que obliga a las instituciones nacionales a mantener un enfoque estrictamente preventivo.
Presupuesto congelado frente a un nuevo escenario
El principal nudo crítico que advierte la organización radica en la capacidad operativa del Estado para hacer frente a esta nueva realidad. El especialista señala que existe una duda razonable respecto a si el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y la Armada de Chile cuentan hoy con la provisión de recursos necesarios para realizar controles efectivos. "Lo que uno ve es que, ante este aumento explosivo de una nueva realidad de buques recalando en puertos nacionales, tenemos los mismos recursos que teníamos el año 2024, como si fuera un año sin la recalada de estos barcos", enfatiza el director de pesquerías.
Para evitar que Chile quede vulnerable ante esta presión, desde Oceana proponen cuatro ejes de acción inmediatos. El primer paso es analizar y actualizar el marco regulatorio nacional, el cual tiene cerca de dos décadas de antigüedad. En segundo término, plantean la urgencia de fortalecer los centros de monitoreo. "Necesitamos centros modernos que permitan tener el monitoreo del AIS y del VMS 24/7. Necesitamos que, cuando este tipo de flotas se acercan a los puertos nacionales, estemos siempre monitoreando que no hayan acciones vinculadas a labores aparentes de pesca", recalca Ateste.
Como tercer pilar de la estrategia, apuntan a la inyección imperativa de recursos financieros y humanos que garanticen las inspecciones físicas en terreno cada vez que uno de estos buques toque muelle. Finalmente, destacan que debe existir una política de transparencia activa que ponga a disposición de la ciudadanía y del sector pesquero artesanal toda la información sobre el comportamiento y fiscalización de estas naves.
El resguardo de la jibia
El impacto comercial de esta flota de aguas distantes también genera eco en la economía local. Ateste detalla que la jibia, el recurso objetivo de estos buques asiáticos, representa hoy una de las pesquerías más relevantes para Chile, concentrando un volumen cercano a las 180 mil toneladas anuales. En este contexto, el control riguroso de las flotas extranjeras es fundamental para garantizar a los pescadores nacionales que este recurso compartido no sufrirá presiones de sobreexplotación.
Por otro lado, el representante de Oceana descarta cualquier vínculo entre la presencia de esta flota calamarera y la actual situación del jurel, aclarando que las naves chinas están diseñadas exclusivamente para la captura de pota. Las recientes variaciones en la disponibilidad del jurel responden netamente a factores oceanográficos y de temperatura que han provocado la migración profunda de los cardúmenes, sin relación con el esfuerzo pesquero de estas embarcaciones internacionales.
Con la temporada alta de pesca de jibia proyectada para iniciar en septiembre próximo, Oceana estima que, que este escenario se repetirá con fuerza. De hecho la organización ya contabiliza 25 recaladas en puertos nacionales solo hasta junio de este año."Lo más probable es que tengamos unas 200 recaladas de buques calamareros en puertos chilenos en durante este año" proyecta Ateste. Frente a este escenario inminente, el especialista concluye sobre el rol del país: "Chile juega en las grandes ligas pesqueras y por lo tanto también hay otros países que miran lo que hace en materia de control, monitoreo y fiscalización. Todos coincidimos en que Chile sí o sí tiene que garantizar que hay un control y que no hay acciones vinculadas a pesca ilegal ni a otro ilícito en flotas pesqueras de cualquier nacionalidad que usen infraestructura nacional".
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