El próximo 7 de agosto se cumple un año desde que el Gobierno inició el proceso administrativo de caducidad de la concesión de Enel en la Región Metropolitana, tras los extensos cortes de suministro eléctrico que marcaron el invierno del año pasado.
Si bien en el marco del ultimátum de las autoridades la firma de capitales italianos cumplió con tener 20 mil clientes conectados en 24 horas y luego 14 mil en 48 horas, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó el 16 de agosto pasado que incumplió el tercer requerimiento que implicaba la reposición total y/o justificar los casos en que no se pudiese concretar con un plan para volver a conectarlos.
Así, se selló el paso a la segunda de las tres fases del procedimiento, el cual consiste en la preparación de un informe técnico por parte de la entidad fiscalizadora que contendrá una evaluación del desempeño y luego será enviado al Presidente de la República para que tome la decisión final: revocar o no la concesión.
No hay plazos establecidos, pero el Gobierno ha mirado los expedientes de caducidad impulsados en el caso de empresas sanitarias, los cuales duraron entre seis y 18 meses. Se tomó la experiencia del caso de Essal en Osorno en la Región de Los Lagos y Aguas Quepe en Freire en La Araucanía. Pero aunque se asumía que esto debía zanjarse en esta administración, considerando el impacto ciudadano que provocó la emergencia, no hay certeza que esa decisión se tome en esta administración.
A casi un año del anuncio del proceso, la superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, sincera a Señal DF que ha sido un "trabajo intenso" que ha buscado analizar el desempeño de Enel, contrastándolo con lo que establece la normativa. Esto, básicamente en tres aspectos: calidad del suministro, calidad del producto y calidad de la atención comercial.
Asegura que “este Informe se encuentra en una etapa avanzada de desarrollo, pero aún quedan muchos antecedentes que analizar e incorporar a dicho documento”.
Y reconoce: "Al principio, se planteó que podríamos realizar esta investigación en un período que iría entre seis y 18 meses, pero dada la gran cantidad de antecedentes por revisar, todavía no tenemos un horizonte definido sobre la fecha en la que podríamos entregar este informe técnico".
Sobre si finalizarán y entregarán el informe al Presidente Gabriel Boric o si la decisión final debará ser tomada en la próxima administración, Cabeza recalca que “el desarrollo de este análisis de desempeño de Enel es una tarea que debe realizarse con celeridad pero al mismo tiempo con rigurosidad, por lo tanto, los plazos están dados a partir de la posibilidad de realizar un trabajo completo, riguroso y que permita al Presidente de la República adoptar la decisión que estime más conveniente".
"Este informe será entregado una vez que tengamos el análisis realizado, con sus respectivas conclusiones, pero no podemos proyectar si será durante este Gobierno o durante el próximo, ya que todavía tenemos muchos antecedentes que analizar”, remata.
Esa sintonía también está en el Ministerio de Energía. Consultado por si están esperanzados en que la SEC sacará el informe en la actual administración o hay posibilidades que esto se postergue, el titular de la cartera, Diego Pardow, puso paños fríos: "No hay ninguna preferencia. Esto es un proceso institucional que es importante que se haga bien y de manera seria, porque en particular este distribuidor eléctrico ha litigado cada una de las medidas que se han adoptado respecto de lo sucedido en agosto". "Estamos dentro de plazo. No hay razón para preocuparse", dijo.
Para Pardow, esta no es una decisión política de un Gobierno. "Es una decisión muy importante que se basa en el desempeño de una distribuidora que atiende una gran parte del segmento de nuestra población y, por lo tanto, una decisión de la mayor importancia. No vamos a apurar o demorar los plazos", recalcó.
Eso sí, sobre si es importante que la decisión quede zanjada en este Gobierno, reconoció: "No, lo importante es que se haga bien". "Quien adopte la decisión no es relevante", sostuvo.
La defensa de Enel
La empresa ha elegido las ocasiones para romper su silencio sobre este flanco y esta fue una de ellas. Consultados, desde Enel Distribución precisaron que no han sido legalmente notificados del inicio de un proceso administrativo que tenga como objetivo la caducidad de la concesión.
"Hemos respondido oportunamente a todos los requerimientos de información por parte de la autoridad, entregando antecedentes a la SEC, así como colaboramos con las auditorías que han sido encargadas para revisar nuestros procesos y evaluar la calidad del servicio. Reafirmamos que Enel Distribución cumple con los estándares normativos vigentes, así como con los planes de continuidad operacional y de mantenimiento exigidos por la normativa técnica", enfatizaron.
Enel indica que no han recibido información sobre el estado de avance del informe de la SEC ni han sostenido reuniones con la entidad fiscalizadora en relación con este tema. En noviembre del año pasado, en el marco del Investor Day de Enel Chile, esperaban que esto se solucionara “lo más pronto posible”.
Aunque no se refirieron si es conveniente que esto se decida en este Gobierno o el próximo, señalaron: "Esperamos que cualquier decisión relacionada con el futuro de la concesión y los hechos ocurridos en agosto se tome conforme al marco legal vigente en Chile y considerando los tiempos que una resolución de esta naturaleza requiere. La certeza jurídica y la institucionalidad son elementos fundamentales para una adecuada toma de decisiones".
Un capítulo relevante en este proceso fue la auditoría de la Usach que recibió la SEC el 22 de enero. El documento, que es un insumo para el informe, tuvo el rechazo de la empresa que acusa "deficiencias significativas" tanto en la metodología y en su alcance como en el análisis de datos utilizados.
La empresa hizo saber su posición a la SEC y a la casa de estudios, pero aseguran desde Enel que no han recibido respuesta de ninguna de las instituciones.
"En vista de que la situación no ha cambiado desde enero, seguimos evaluando los pasos a seguir respecto a este tema", dijeron desde la empresa.
Mientras, Cabeza indicó que "no nos corresponde responder a evaluaciones que pudiera realizar la empresa, a una auditoría realizada por la Usach. Recogimos esta auditoría, y la hemos incorporado al análisis (...). La auditoría es solo un antecedente más para el análisis. No constituye un elemento central, ni definitivo".
Con todo, la empresa asegura que "Chile continúa siendo un país estratégico para el Grupo Enel". "Estamos convencidos de que es necesario avanzar hacia una reforma estructural del marco regulatorio de la distribución eléctrica, que promueva las inversiones necesarias para modernizar las redes en función de los desafíos actuales. Mejorar la calidad del suministro y fortalecer la resiliencia frente a eventos climáticos extremos requiere una regulación que incentive adecuadamente dichas inversiones, a través de una reforma profunda del sector", afirmaron.
La ofensiva de la SEC
Y aunque Enel concentró la atención, la SEC también lanzó una fuerte ofensiva a diversas distribuidoras donde constató una serie de infracciones a la normativa, lo que permitió formular cargos rápidamente.
La timonel de la SEC indica que "esto ha permitido cerrar la mayoría de los procesos con sanciones, algunas ya notificadas a las empresas, las cuales tuvieron su plazo para presentar sus reposiciones o bien, sus apelaciones ante Tribunales".
Precisa que la única empresa que ha pagado la casi totalidad de sus multas es CGE, quien cubrió un total de 6.400 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).
Para Cabeza, durante este 2025, y con los sistemas frontales que han existido, han visto un comportamiento de las empresas más ajustado a lo que exige la norma.
"Esto no significa que no haya habido situaciones que puedan vulnerar lo establecido por la legislación actual, pero, ciertamente, no hemos visto, durante este año, situaciones como las experimentadas el año pasado". Y añade que las obligaciones han sido atendidas con un mejor estándar durante este 2025, y "eso puede ser un efecto a partir de las sanciones aplicadas por la SEC, a raíz de los eventos del año pasado”.
En cuanto a electrodependientes, la SEC asegura que tiene bastante avanzadas las investigaciones asociadas a eventuales infracciones a las obligaciones que las empresas tienen con estos clientes, tanto en la RM como en otras zonas del país, indagaciones que prontamente debieran entregar resultados. 
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Karen Peña
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