El próximo martes el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) presentará un nuevo informe ante la comisión mixta de Presupuestos del Congreso. Se trata del último que expondrá Jorge Rodríguez como presidente de la institución y se prevé que sea uno de los más complejos y críticos con el manejo de las finanzas públicas.
Rodríguez cumplirá su período en el Consejo el próximo 25 de mayo y pese a que se le identifica con sensibilidad de centroizquierda, tanto desde el mundo técnico como político se le reconoce la independencia con la que ha ejercido el cargo. En varias presentaciones ha cuestionado el incumplimiento de la meta fiscal y ha alertado la falta de espacio para nuevos gastos que se heredará al próximo gobierno.
El CFA es una institución colegiada y transversalmente se destaca el liderazgo del presidente saliente en resguardar la autonomía del organismo. Además de Rodríguez, actualmente son consejeras con cupos de centroizquierda Jeannette von Wolfersdorff y Marcela Guzmán, mientras que con cupos cercanos a la centroderecha se encuentran Hermann González (vicepresidente) y Sebastián Izquierdo.
La nueva Ley de Responsabilidad Fiscal, de agosto de 2024, señala expresamente que cuando el Gobierno incumpla la meta fiscal deberá establecer “acciones correctivas” para retornar a una situación fiscal sostenible, las que deberán ser informadas a las comisiones de Hacienda de ambas Cámaras del Congreso y al Consejo Fiscal Autónomo. Este último tiene 30 días “para emitir una opinión fundada” y es lo que hará la próxima semana.
En el último Informe de Finanzas Públicas (IFP), que hace dos semanas presentaron Hacienda y la Dipres, se confirmó que en 2024 el Gobierno incumplió la meta fiscal. El decreto que había emitido Hacienda establecía llegar a un déficit estructural de 1,9% del Producto Interno Bruto (PIB) y terminó en -3,3% del PIB. En la misma presentación, el Ejecutivo anunció que en 2025 nuevamente se no se cumplirá la meta original, que apuntaba a bajar el saldo negativo a 1,1% y ahora se cambió a -1,6% del PIB.
Al CFA ahora le corresponde pronunciarse sobre estos cambios en las cifras y las acciones correctivas que propuso Hacienda para retomar el orden de las finanzas públicas. Al interior del CFA habría dudas de si se justificaba que la cartera vuelva a incumplir el objetivo fiscal en 2025, cambiándolo por uno menos exigente. Algunos economistas señalan que el mismo consejo alertó insistentemente la relevancia de su cumplimiento, sobre todo después del desvío de 2024.
Ahora Hacienda emitirá un nuevo decreto en el que cambiará oficialmente la meta de 2025 de -1,1% a -1,6% del PIB y para 2026 de -0,5% a -1,1% del Producto. La Ley señala que el Gobierno solo podrá cambiar dicho mecanismo cuando active una “cláusula de escape”, debido a un deterioro significativo de la actividad como en una crisis, o si invoca “otras causales extraordinarias”. Esta última fue la justificación que utilizó el Ejecutivo.
Hacienda da dos argumentos para explicar estas causas extraordinarias. El primero es que, por razones metodológicas, el cambio del escenario macroeconómico llevó a un empeoramiento del déficit estructural. Por ello, dice, para cumplir la meta original de este año el gasto público debería caer 1% anual y subir 0,5% en 2026. Se trataría de un ajuste no visto desde 2022, cuando se retiraron los estímulos tras la pandemia, señala Hacienda.
El segundo argumento de la autoridad es que la menor recaudación de ingresos en 2024 respecto de lo que proyectaron -error que ha sido ampliamente cuestionado-, junto con las medidas que se tomaron para perfeccionar el cálculo, resultaron en una baja permanente en los ingresos estimados a mediano plazo, la que se debe reconocer.
En el CFA, sin embargo, considerarían que estas justificaciones son, al menos, discutibles. Hace solo un mes el consejo había planteado en otro informe que era “imprescindible” cumplir con la meta en 2025, para lo que se requería un ajuste de gasto cercano a US$ 1.500 millones. El martes, en la presentación de la cuenta pública del organismo, Rodríguez dijo que “en un contexto internacional incierto, marcado por una incipiente guerra comercial, es fundamental redoblar los esfuerzos por mantener las finanzas públicas ordenadas, como una fortaleza de nuestro país”.
Ajuste de gasto menor
El informe que prepara el CFA también se pronunciará respecto a las acciones correctivas de Hacienda. En esta parte se destaca que si bien, para 2025, las medidas involucran recursos por $1.948.653 millones (que equivale a unos US$ 2.070 millones al tipo de cambio actual) no todo eso constituye un recorte de gasto.
De ese monto, $ 544.000 millones corresponden al ajuste de gasto que ya había comprometido Hacienda en la tramitación de presupuesto el año pasado en el Congreso. Otros $552.840 millones se trata de medidas administrativas, donde sí hay ajustes nuevos de gasto, pero también iniciativas que allegarían más ingresos, como aumentos de tarifas en servicios operacionales. Y, por último, también se consideran $851.813 millones que provienen de proyectos de ley que también bajarían gastos y aumentarían ingresos, aunque algunos de estos ni siquiera han ingresado al Congreso.
Este último punto es el que genera más dudas entre los expertos y también en el mundo político, principalmente porque no se puede garantizar que los proyectos de ley sean aprobados por el Congreso durante este este ejercicio, menos cuando es un año electoral. Asimismo, algunos de los proyectos podrían recaudar ingresos que no son consistentes en el tiempo.
El más relevante es una indicación que extiende y moderniza la Subvención Escolar Preferencial (SEP), que está en segundo trámite constitucional en el Senado. La idea es normar la recuperación de los saldos no utilizados y acumulados por parte de los sostenedores. Según los propios cálculos de la Dipres, ello permitiría recaudar $315.715 millones solo en 2025, pero desde 2026 en adelante allegaría recursos por unos $52.619 millones anuales.
Distinto es el caso de una reforma paramétrica al Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL), que el Gobierno espera ingresar al Congreso antes de termine el primer semestre, y que buscará reducir el ausentismo laboral. Con esto se espera recaudar $ 243.804 millones en 2025 y entre $ 261.010 millones y $ 354.343 millones entre 2026 y 2029.
La alerta es que, por prudencia fiscal, en el pasado el CFA ha recomendado a Hacienda que la recaudación esperada por proyectos de ley no debiese ser incorporada en las proyecciones de ingresos, sino hasta cuando la ley haya sido publicada. Ello, a fin de no comprometer gastos con ingresos que aún son inciertos.
Con todo, algunos economistas señalan que el CFA debería poner de relieve en su informe que, según la misma Dipres, si no se llevaran a cabo las acciones correctivas propuestas por el Ejecutivo, el déficit estructural llegaría este año a -2% de PIB, por encima de la nueva meta de -1,6% del PIB y casi duplicando el objetivo original de -1,1% del PIB.
Según planteó el año pasado el Consejo Fiscal, el desvío que había anticipado para 2024 ya era preocupante por dos razones: primero, porque dificulta la convergencia fiscal hacia un balance de 0% en el mediano plazo y aumenta la deuda; y, segundo, porque envía una señal desfavorable sobre el compromiso del Gobierno con el cumplimiento de las metas, especialmente si esto ocurría en un año sin crisis económica.
Es más, durante todo este Gobierno, el Consejo Fiscal, con Rodríguez a la cabeza, ha recomendado al Ministerio de Hacienda que siguiera una senda de convergencia que permitiera que el mayor esfuerzo fiscal no se postergue hasta el final de la administración. No obstante, las alertas no fueron escuchadas y el ajuste se volverá a dejar para más adelante, por lo que CFA reiteraría en su próximo informe que el gobierno venidero recibirá una situación fiscal sin espacio para más gastos.
Nuevo escenario económico
Otro punto del informe que el CFA levantará la próxima semana es lo incierto del escenario macroeconómico que delineó Hacienda en su Informe de Finanzas Públicas. En el documento, la autoridad mantuvo la proyección de crecimiento del PIB en 2,5% para este año, pese a que todos los otros pronósticos se han ajustado a la baja. El FMI recortó su proyección para Chile a 2%, al igual que los expertos consultados en la encuesta de expectativas del Banco Central.
Esto se debe a que, si bien Hacienda presentó el Informe de Finanzas Públicas el 23 de abril, hizo el cierre estadístico el 27 de marzo, una semana antes de que Trump iniciara la guerra comercial con el anuncio de aranceles masivos, y se elevara la incertidumbre externa.
Un deterioro mayor del escenario macro implicaría menores ingresos efectivos y, si el gasto no se ajusta como se espera, ello también llevaría a mayor incremento de la deuda para financiar el déficit. Hacienda estima que la deuda cerrará este año en 42,3% del PIB. Sin embargo, ese nivel estaría en riesgo por un empeoramiento de las condiciones económicas, más aún si no se cumplen todas las medidas correctivas propuestas.
Por último, un tema que también tocará el CFA, pero con una mirada más positiva, es la asesoría del FMI a Hacienda para el cálculo de los ingresos. Tras sucesivos cuestionamientos por errores en las estimaciones, se considera positivo que se haya pedido ayuda al Fondo y que se implementen las medidas recomendadas.
Se acota lista para el o la sucesora
A fin de mes cumple su período como presidente de Consejo Fiscal Autónomo (CFA) el economista Jorge Rodríguez y ya se iniciaron las conversaciones para buscar a su reemplazante, aunque aún no hay una propuesta oficial de parte de Hacienda. En la oposición reconocen que el cupo le corresponde al oficialismo y las opciones se han ido acotando.
Uno de los nombres que está sobre la mesa y que ha ganado terreno en los últimos días es el de Paula Benavides. La economista actualmente es académica de la Escuela de Gobierno UC y ha ocupado distintos cargos en el Ministerio de Hacienda. Ya fue consejera del CFA, aunque en 2022 declinó seguir en el puesto por un segundo período. Ese año asumió como presidenta ejecutiva de Espacio Público, cargo que hoy ya no ejerce.
Aunque se le reconoce cercana al oficialismo, su perfil técnico es reconocido transversalmente, y fuentes de distintos sectores señalan que tendría los votos del Senado que requiere la nominación.
Otro nombre que sonó fuerte para llegar al CFA es el exdirector de Dipres Sergio Granados. Sin embargo, Hacienda lo acaba de designar miembro de la nueva comisión que revisará y propondrá medidas para reducir el gasto público. En la oposición también buscaron promover al exDipres José Pablo Arellano, pero en el Gobierno no lo perciben como oficialista.
Advertencias y recomendaciones que ha hecho el Consejo
19 de abril 2022
- "Establecer explícitamente que las metas de balance estructural deben ser cumplidas ex-post, de forma tal que, si se identifica un potencial desvío del balance estructural respecto de las metas, o si este se materializa, deba ser corregido”.
26 de abril 2023
- "El Consejo destaca el importante ajuste fiscal logrado en 2022, con una reducción de 23,1% real del gasto respecto del ejercicio anterior, lo que aportó significativamente al logro de un superávit efectivo y estructural. Esto significó el retiro de casi la totalidad del mayor gasto fiscal asociado a las medidas extraordinarias implementadas en 2021 para enfrentar los efectos de la pandemia del Covid-19”.
- “El Consejo releva la importancia de continuar una senda de consolidación fiscal en los próximos años, hasta llegar a valores para el balance estructural más cercanos a cero en 2027, junto con monitorear los riesgos que podrían dificultar lograrlo”.
- “El Consejo insiste en que el Ministerio de Hacienda considere una senda que permita que el mayor esfuerzo fiscal no se postergue hacia el final de la presente administración”.
23 de abril 2024
- “El aumento del endeudamiento del fisco, junto con la reducción de los activos financieros del Tesoro Público, deja a Chile en una posición más vulnerable frente a potenciales crisis”.
- “El CFA considera fundamental alcanzar un consenso político amplio para mejorar la situación de estrés fiscal, abarcando tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo”.
29 de octubre 2024
- “La proyección de la Dirección de Presupuestos (Dipres) de incumplimiento de la meta de balance estructural para 2024 y la posibilidad de que el desvío sea aún mayor al estimado, representa un riesgo para la consolidación fiscal y podría afectar la credibilidad de la regla, especialmente considerando que se daría en un año sin crisis económica ni eventos extraordinarios que ameriten una cláusula de escape”.
21 de marzo 2025
- “Los gastos ya comprometidos superan los niveles compatibles con las metas de balance estructural (BE) y, para cumplir con dichas metas, será necesario reducir los gastos en aproximadamente 1,6% del PIB (US$ 5.950 millones) durante el período 2026-2029”.
7 de abril 2025
- “El CFA considera preocupante el desvío respecto a la meta de balance estructural en 2024 (…) De hecho, si se repiten desviaciones de este tipo, podría superarse el nivel prudente de deuda bruta del 45% del PIB en pocos años”.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
