Era una imagen que pocos habrían anticipado: Sergio Bitar, ubicado justo detrás del Presidente Gabriel Boric y del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, en la ceremonia de presentación del proyecto de ley que busca abolir el Crédito con Aval del Estado (CAE).
El exministro de Educación durante el Gobierno de Ricardo Lagos, era la cara pública del CAE; él lideró su diseño y defendió su creación, incluso durante este último año, cuando tomaba fuerza la condonación, a la que se opuso categóricamente. Pero hace unos meses, el escenario cambió. El ejecutivo decide presentar el proyecto, pero previo a ello realizó encuentros con exministros de Educación de la exConcertación. Y Bitar estuvo en varios.
Sobre el proyecto, dice que es “una base razonable, a la cual hay que dedicar el máximo esfuerzo para sacarlo” y enfatiza que “no tiene nada que ver con la idea originaria. Ha habido claramente un proceso de aprendizaje; además, hemos conversado mucho en este tiempo”.
El también exsenador, exministro de Minería y de Obras Públicas, cuenta que en la reuniones y conversaciones con el ministro Cataldo “él estaba creando más bien los espacios políticos para no tener oposición desde la coalición de Gobierno”, y con el subsecretario de Educación “para escuchar los aspectos de viabilidad política de lo que proponen”.
-¿De qué se habló?
-Hubo consultas y hubo conversaciones y, tanto implícita como explícitamente, un reconocimiento de que lo que habían dicho al principio no cabía. O sea, lo que nosotros alegamos y dijimos es: ustedes no entienden el esfuerzo enorme que significó en ese momento y han distorsionado esto. Porque venir a decir, que fue parte de las discusiones que se dieron, que le hicimos un negocio a los bancos, es ignorancia total o mala intención. Esto fue una medida progresista excelente. Buscábamos romper el ciclo que había en ese momento en que, del decil más alto de la población, entraba a la educación superior el 80%, y del decil más bajo, sólo el 5%. Con esas cifras la herencia de la desigualdad no se rompe nunca.
-¿Y qué le pareció este cambio del Gobierno que dio espacio para este nuevo proyecto?
-A mí me pareció estupendo, pero implica también que nosotros reconozcamos lo que no ha funcionado. Por ejemplo, se produce en el primer gobierno de Michelle Bachelet y en el primero de Sebastián Piñera, una expansión brutal, o sea, casi con 1.200.000 de jóvenes cubiertos que tensionó al máximo el sistema. La expansión ha sido enorme, pero no había otra opción. Tal vez no tendríamos esta discusión y nadie criticaría si no hubiéramos hecho nada.
-¿Pero no había otra opción distinta a que entraran los bancos?
-El Estado era muy débil y sigue siendo muy débil. No tenía ni la plata para el crédito ni la capacidad para cobrar el crédito. Se llama a los bancos y se les pide que participen, porque no tenían mucho interés. O sea, toda esta discusión que después se levanta sobre que esto fue un negocio para los bancos, es un mito. Costaba mucho que entraran, entonces el aval del Estado le dio las garantías. Y la tasa de interés que se logró fue a través de un proceso que se aprobó en la ley en el Congreso de licitación de una gran cantidad de crédito.
-¿Qué se puede cuestionar de esa lógica?
-Fuimos muy rápido. Y la pregunta es si entonces ¿debió el Parlamento año a año que aprobaba el número de avales en la ley de presupuesto, haber puesto un límite? Pregunta difícil de hacer cuando un Gobierno sabe que puede dar avales, que no tiene que desembolsar los recursos, que ya tiene licitación con los bancos y puede hacer que los jóvenes entren, etc. Ninguno de los dos gobiernos resistió, ni el de la Michelle, ni el de Sebastián Piñera.
-¿Sobre el proyecto actual, qué errores se pueden evitar?
-La situación es distinta. Por ejemplo, la velocidad de expansión del sistema está estabilizada. Además, la cohorte anual hoy es menor que el tamaño de la que había antes, por la caída de la demografía, y adicionalmente, menos gente pide crédito porque la gratuidad absorbió el grueso del CAE. Pero lo que no es distinto y donde hay que tener atención, es en cómo se cobra. El Estado no tenía capacidad de cobrar ¿la tiene ahora? El otro problema son las tasas de interés, cómo se fija no lo veo claro hoy día en el proyecto de ley nuevo ¿O va a haber interés cero?
-¿Qué es lo más relevante, lo que se debería hacer de todas maneras?
-Creo que la tarea número uno hoy día tiene que ver con los supuestos detrás de los números. Hay que verificarlos. Para el CAE, por ejemplo, se hizo estimaciones donde estuvieron involucrados el Banco Mundial, los australianos. O sea, se hizo el mejor trabajo desde el punto de vista técnico y se supuso que nunca la cuota iba a superar el 10% la renta. Y creo que hubo otro supuesto equivocado de que el número de desertores iba a ser más bajo. Esos problemas ya se tienen a la vista ahora. Hoy día el cuento es completamente distinto, pero sí hay que aprender una cosa: así como tú llevas al auto todos los años a revisión técnica, tú tienes que hacer una revisión técnica de lo que se supuso y no se está verificando y cómo se corrige a tiempo.
Supuestos
Según Bitar, los supuestos deben considerar que los criterios que están puestos en el proyecto tienen que ver con el pago y requisitos, por ejemplo. Pero no hay ninguna intervención para orientar el crédito a algún tipo de prioridad, como empleabilidad o desarrollo productivo. “ Yo creo que también debiera ser parte de una discusión ver cómo la educación empalma con la estrategia de desarrollo y las capacidades humanas”, afirma.
El impacto en el sistema universitario de la exención del último decil, que además pueden tener copago, es otro tema del proyecto que preocupa a Bitar. “Aquí tú puedes estar incorporando una nueva segmentación. Y vas a tener universidades equivalentes a lo que son los colegios particulares pagados, que no tienen ninguna regulación y van a tomar a la gente con más dinero, porque aquí la ley permite que ellos puedan poner más plata para estudiar”, dice.
“Las universidades públicas van recibir bastante menos dinero que las privadas, con un agravante que, como viene un arancel de referencia que lo fija el Estado, una pública como la Universidad de Chile, que tiene un montón de doctores en ciencias, por ejemplo ¿cómo le puedo pagar un precio más alto que el de una Universidad que no tiene esa misma gente, que no está dando la misma calidad?”.
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