Este viernes, el Diario Oficial publicó la Ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, que inició su tramitación en el Congreso en 2017 y fue despachada en agosto de este año. Tras la publicación, se dio inicio al período de dos años para la entrada en vigencia de la nueva normativa.
La Ley regula la forma y condiciones en las que se realiza el tratamiento de datos personales, eleva los estándares de protección en línea con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, establece nuevas obligaciones y sanciones para las empresas -aunque la norma aplica para personas naturales y jurídicas, y órganos públicos que procesen datos personales- y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, que se encargará de velar por el cumplimiento normativo.
Respecto de los próximos plazos durante el período de entrada en vigencia, el presidente de la Asociación de Profesionales en Protección de Datos Personales de Chile (AGPD) y expresidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, explicó que el primer paso será dictar el reglamento general de ejecución de la ley, que tiene como plazo máximo el 14 de junio de 2025.
“Este debiera incluir el detalle procedimental de los mecanismos de reclamación de derechos ante la Agencia o de los procedimientos sancionatorios. También puede precisar el deber de información que las organizaciones deben poner a disposición en materia de transparencia en el procesamiento de datos. Además, debería detallar algunos plazos relevantes, como el de notificación de fallas de seguridad, entre otros”, señaló el abogado.
El también socio de la consultora DataCompliance dijo que luego, entre el 1 de enero de 2025 y el 1 de julio de 2026, los órganos autónomos constitucionales -como el Banco Central, la Contraloría y el Tribunal Constitucional- deberán dictar las políticas, normas e instrucciones necesaria para dar cumplimiento a los principios y obligaciones de la ley.
En este caso, Drago detalló que “los órganos que tienen un nivel jerárquico superior en la Constitución no están bajo la competencia de la Agencia y pueden dictar sus propias reglas. El mandato que ellos tienen es dictar sus propias políticas, normas e instrucciones para aplicar los principios y las obligaciones de la ley”.
Consejeros y entrada en vigencia
Entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2026 se deberán designar los consejeros de la Agencia, además de su presidente y vicepresidente, lo que, según Drago, permitirá poder constituir la Agencia.
En el artículo primero de sus disposiciones transitorias, la normativa establece que la entrada en vigencia será “el día primero del mes vigésimo cuarto posterior a la publicación” de la ley en el Diario Oficial. Ante esto, el abogado señaló que existe un debate de la fecha oficial, ya que “algunos interpretan que será el 1 de enero de 2027 y otros que será el 1 de diciembre de 2026. La Secretaría General de la Presidencia va a tener que salir a aclarar”, comentó.
Posteriormente, hasta el 1 de abril de 2027 la Agencia deberá proponer sus estatutos al Presidente de la República. Drago indicó que se trata de estatutos “orgánicos, de cómo se organiza internamente la Agencia. Y eso se tiene que emitir dentro de los cuatro primeros meses de entrada en vigencia de la ley”.
Finalmente, el 1 de enero de 2028 cesará la regla especial para empresas de menor tamaño en materia de sanciones, que establece partes de cortesía.
“Hay un año desde la entrada en vigencia donde, si hay una infracción grave o gravísima de una empresa de menor tamaño, la Agencia siempre va a poder amonestarla por escrito, pero no imponer infracciones pecuniarias. La idea es que se puedan ajustar al proceso y tengan más tiempo de preparación”, añadió.
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