Qué dice la ley que obliga a autoridades a hacerse test de drogas… y cuál es la empresa que se adjudicó el contrato
Tras la renuncia del subsecretario de Hacienda, surge una pregunta: ¿es obligatorio dejar el cargo tras un resultado positivo en un test de drogas? Esta nota revisa cómo funciona el nuevo sistema de controles para altas autoridades, desde la licitación del examen de pelo hasta el procedimiento que establece la ley en estos casos.
Por: Equipo DF MAS
Publicado: Viernes 24 de julio de 2026 a las 18:13 hrs.
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Este jueves el Gobierno informó la renuncia del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, luego de que un test de drogas arrojara un resultado positivo en consumo de sustancias ilícitas. En su reemplazo como subsecretario subrogante asumió Tomás Bunster, hasta entonces coordinador de Regulación Económica y jefe de Asesores del Ministerio de Hacienda. Si bien está pendiente el análisis de la contramuestra del test de Rodríguez, “esta notificación legal nos obliga a actuar en consecuencia”, aseguró el ministro del Interior Claudio Alvarado.
La decisión del Ejecutivo se enmarca en el nuevo sistema de controles de drogas para altas autoridades que comenzó a regir este año, tras ser incorporada por el artículo 110 de la Ley N° 21.806, publicada el pasado 5 de febrero. Ésta obliga a las autoridades a someterse a un examen de consumo de drogas al asumir el cargo y luego -al menos- dos veces al año, estableciendo además que los resultados sean públicos. En el caso del Presidente, ministros y subsecretarios, la realización de controles semestrales ya había sido incorporada previamente por la Ley de Presupuestos 2026.
El 6 de mayo, el ministro Alvarado firmó el Oficio Circular N° 10.107 instruyendo a los organismos del Ejecutivo a contratar el examen mediante compra ágil, con apoyo técnico de Senda y financiamiento de cada servicio. Y fijó como plazo el 30 de junio para informar los resultados.
Dos días después, Senda abrió una licitación pública para contratar el “servicio de aplicación, procesamiento y reporte de exámenes de pelo” al Presidente de la República, ministros y subsecretarios, tomando como referencia 65 autoridades. Las bases exigían que el proveedor realizara la toma de muestras, asegurara la cadena de custodia y la trazabilidad, analizara al menos cannabis, cocaína, opiáceos y anfetaminas, mantuviera una contramuestra para eventuales impugnaciones y entregara los resultados.
Al proceso se presentó un solo oferente, Corthorn Health Limitada, que se adjudicó el contrato el 25 de mayo por los $ 30 millones. El laboratorio chileno especializado en análisis toxicológico se fundó en 1996 por Raúl Corthorn Jara y actualmente es liderado por su hija, la química farmacéutica Francisca Corthorn Bravo, quien dirige la compañía desde 2018 y previamente estuvo a cargo de su laboratorio de toxicología.
Según la propuesta técnica de la licitación, el examen consiste en tomar una muestra de pelo junto con una contramuestra, ambas selladas y resguardadas bajo cadena de custodia. El laboratorio señala que el análisis permite detectar consumo de drogas durante los 90 a 120 días previos al examen. Además, la autoridad debe informar si consume medicamentos u otros tratamientos que puedan influir en los resultados.
El primero en resultar positivo no fue Rodríguez, sino Jorge Heiden Campbell, el entonces seremi de Agricultura de Arica y Parinacota que dejó el cargo el 24 de junio luego de que un examen detectara sustancias ilícitas en su organismo.
¿Pero es obligatorio dejar el cargo tras un resultado positivo? El artículo 110 no señala que un resultado positivo implique automáticamente dejar el cargo. Según un instructivo de Contraloría, la nueva ley debe interpretarse junto con la Ley N° 18.575, que establece como causal de inhabilidad no el consumo de drogas, sino la dependencia a las mismas.
Para los subsecretarios, jefes de servicio y otros altos directivos la prohibición está en el artículo 55 bis, que les impide ejercer el cargo si tienen dependencia de drogas, salvo que el consumo esté justificado por un tratamiento médico. La misma norma establece además que, al asumir el cargo, estas autoridades deben presentar una declaración jurada acreditando que no se encuentran afectas a esa causal de inhabilidad.
El instructivo precisa que un resultado positivo sólo da inicio al procedimiento: la autoridad puede aceptar el resultado o pedir el análisis de la contramuestra y, si éste vuelve a ser positivo, debe someterse a exámenes médicos para determinar si existe dependencia.
Sin embargo, en ambos casos, José Antonio Kast optó por pedir la renuncia ante el primer resultado positivo.
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