Para el próximo martes Sonapesca tiene citada una reunión de directorio. Y si bien es la cita mensual, hay un solo tema a debatir que copará su agenda: el nuevo proyecto de ley de pesca que el Gobierno ingresó esta semana al Congreso, que cayó como un balde de agua fría en la industria.
Con 213 páginas y 375 artículos, más los transitorios, trae cambios sustanciales respecto de la ley vigente. El proyecto combina bajar de 20 a 10 años la duración de las licencias de pesca; subir de 15% al 50% la fracción que será licitada -o sea, los actuales incumbentes bajarían del 85% de asignación de que gozan por “criterios históricos”, a sólo el 50%-; y cambiar también la fracción que se distribuye entre industriales y artesanales en las distintas pesquerías a lo largo de Chile.
En suma, despojarlos -como mínimo y siendo muy conservadores, calculan en la industria- del 40% de su actual actividad como promedio general. Y algunos calculan que podría ser el 50%.
El resultado de esta ecuación era previsible. Molestia es decir poco para definir las pasiones que está desatando el proyecto, en la industria histórica, el que -y todos lo asumen- tiene nombre y apellido: Corpesca, ligada al grupo Angelini, tras el caso de cohecho y soborno que se dio hace 10 años en el marco de la tramitación de la ley vigente.
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En el Gobierno así lo asume incluso el propio mensaje de la nueva iniciativa, al hablar de “graves y fundamentados cuestionamientos respecto a la legitimidad de la actual ley”, y en el sector privado, a puerta cerrada, indican que la saña se nota al ver que en la nueva distribución propuesta entre industriales y artesanales, fue la zona norte -muy por lejos- la más perjudicada, con un cambio de 80% - 20% actual entre industriales y artesanales, a dar vuelta estos guarismos, al 20% - 80%, precisamente donde opera Corpesca en la industria de la anchoveta.
“En el norte están perjudicadísimos y significará el término de la actividad de pesca industrial en la zona norte porque su flota necesita un tamaño mínimo de operación para absorber los costos fijos. En las regiones de Atacama y Coquimbo están perjudicados. Y de la de Valparaíso al sur están menos perjudicados”, dice un alto directivo de un grupo.
Plazos y la famosa reunión
En la industria no hablan tan sólo de expropiación, sino de “expoliación” -apropiación de algo que pertenece a otra persona-, ya que si el proyecto ve la luz, además de la quita, varios de estos contenidos entrarían en vigencia sin esperar el 2033, que es el plazo de los actuales permisos entregados en 2013, que por su parte, los industriales entendían eran renovables.
“Es un proyecto que le quita muchos aspectos a la industria. No es un buen proyecto. La pérdida de derechos es inmediata de cuotas de pesca, el fraccionamiento. Si se quiere hacer algo así, corresponde expropiar debidamente, pagando los derechos”, dice Héctor Bacigalupo, gerente general de Sonapesca. Añade que cuando partió esta ley el año 2013, una de las necesidades era recuperar las pesquerías, y que ese esfuerzo también habría que valorizarlo.
“Es una cantidad de plata que absorbió la industria sin ningún tipo de subsidio de parte del Gobierno, y las pesquerías se ha recuperado. El jurel es el emblema de esto. Las empresas están haciendo importantes inversiones en plantas, flotas, desarrollo de producto. Entonces, no es agradable decir ‘bueno, ahora que esto va para arriba, se los quitamos’”, agrega.
En el Gobierno descartan de plano tales reproches, y lo mismo respecto de que esta discusión haya partido con mal pie y opacidad, al conocerse una reunión no registrada por ley de lobby en la que estuvieron presentes los ministros Nicolas Grau, de Economía, y Maisa Rojas, de Medio Ambiente, con empresarios y ejecutivos, en casa de Pablo Zalaquett.
“Era una reunión referida al desarrollo de la salmonicultura, no corresponde en absoluto al debate que hoy damos en ley de pesca (…) Si nos referimos a esa empresa en particular (Blumar), que tenía 150 mil toneladas asignadas por criterios históricos, las autorizaciones para esa misma empresa son 70 mil. Si cree que no es prueba suficiente de que no hubo ninguna influencia en la discusión de los temas pesqueros, los resultados están a la vista”, dice a DF MAS el subsecretario de Pesca Julio Salas (ver recuadros con entrevistas).
Precisamente en Blumar -ligada a las familias Sarquis (37,5%) y Vinagre (12,51%)-, contestaron por escrito una declaración a este medio, a nombre del gerente de la compañía, Gerardo Balbontín: “Corremos el riesgo de repetir la historia de la jibia, que una mala ley hizo al país perder más de US$ 100 millones en exportaciones, deteniendo la inversión, perdiendo más de 1.700 empleos y aumentando la incertidumbre (…) Necesitamos terminar con la incertidumbre, que está inhibiendo cualquier proyecto de inversión, especialmente en el ámbito productivo, como la implementación de nuevas plantas y flotas”.
Como sea, se trata de una lucha por una industria de un tamaño de unos US$ 1.500 millones y en la que la nueva repartición propuesta cambiaría quién se lleve las rentas de esa actividad. Y que además podría traer consecuencia financieras y contables con el cambio de licencias, pues éstas son hoy un activo para las compañías y pueden ser sujeto de hipoteca, gravámenes y compraventa. Tanto es así, que algunas compañías incluso en sus estados financieros tienen valorados estos permisos como “activos intangibles”.
“Al ser las licencias mencionadas renovables cada 20 años no existe una vida útil definida taxativamente respecto al derecho de explotación de pesca”, dice Camanchaca en uno de sus informes, en el que además valoriza sus licencias de pesca: US$ 38,4 millones al 30 de septiembre de 2023, consignando expresamente que su vida útil es “indefinida”. En la firma advierten que aquel es un valor contable, no de mercado.
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Angelini, diversificado a alimentos
En esta batalla que se avecina ardua ya no están todos los históricos pesqueros, las llamadas “siete familias”, y además ha habido varios cambios en los modelos de negocios, partiendo por el propio grupo Angelini. En el área pesquera de la firma que lidera Roberto Angelini -con las compañías Orizon y Corpesca-, la familia Lecaros vendió su 20% con el que participaba. Y el grupo Angelini, a través de distintas sociedades, emprendió en el 2022 una reorganización completa de Orizon, su compañía pesquera que opera de la Región de Atacama al sur (Corpesca está en el extremo norte).
Derivado de ese proceso, creó un holding de alimentos bajo la sociedad Nutrisco S.A., compañía que integró en el último año varios negocios. Uno es Valle Frío, para desarrollar un negocio frutícola en sociedad con Juan Sebastián Moreno, en participaciones 65%- 35%, respectivamente. Otra es Nutrisco Chile, donde no hay socios externos y que distribuye alimentos. Otra es Flip, en la industria de snacks saludables y chips vegetales, en sociedad con el Dictuc y Pedro Bouchon. Así, si hasta 2022 en este rubro todo era negocio pesquero para los Angelini, hoy el 40% de la venta son los otros negocios, el mundo de los alimentos.
En Camanchaca -controlada por la familia Fernández, en pacto con Francisco de Borja Cifuentes-, en su división Pesca Sur, el holding de la familia Stengel, del histórico empresario pesquero Jan Stengel, ejerció su opción de venta sobre el 30%. “El 26 de octubre de 2023, Camanchaca y el Grupo Bío Bío acordaron modificar el pacto a fin de establecer un mecanismo de determinación del precio de ejercicio de la opción de venta mediante valuaciones a ser encargadas a dos bancos de inversión”, se lee en el último estado financiero de Camanchaca.
Macarena Cepeda, presidenta Pescadores Industriales del Biobío: “Esto es una expoliación”
“Esta propuesta contiene errores graves. Es un muy mal proyecto. Está enfocado en desvestir al sector pesquero industrial. Hay una ideología muy profunda de quienes están promoviendo este proyecto de ley. Hoy existen contratos vigentes con el Estado de Chile, que son legítimos, y este proyecto de ley viene a romper esos acuerdos que suscribieron las empresas pesqueras con el Estado de Chile.
Lo que se está proponiendo en vigencia de las licencias y subastar el 35% de la cuota industrial tiene incluso carácter expropiatorio. Se plantea que una vez publicada la ley y asignada por primera vez las cuotas globales de captura, se va a sacar el 35% de la cuota industrial para ser subastada en ese mismo año. Voy a ser más dura: esto es una expoliación, ni siquiera es una expropiación, porque se plantea terminar con la vigencia de una porción importante de los derechos de pesca anticipadamente. Y no se está considerando ninguna norma de indemnización en el proyecto.
Me pregunto qué va a pasar con todas esas familias, trabajadores que hoy día dependen de la pesca industrial, con trabajos formales, estables, contratos indefinidos, cuando se vean amenazados por una licitación expropiatoria del 35% de la participación que tiene la pesca industrial. Es una propuesta que va en la lógica del decrecimiento. Estamos pasando trabajadores formales a un sector que sabemos cuál es la precariedad laboral que existe en el sector artesanal. Esto es un ejercicio encubierto de decrecimiento.
-¿Cuál es el impacto en inversiones?
- Un barco tiene una vida útil de 25 años y tienes una licencia que te la otorgan por 10 años. Cuál es el incentivo a las inversiones. La licencia de pesca es un instrumento que tiene todas las condiciones de transferibilidad, arrendamiento. Aquí se genera un menoscabo importante a la actividad pesquera industrial en viabilidad económica. Es un impacto muy violento. No estamos de acuerdo con argumentos asociados a la corrupción y a la ilegitimidad. Querer hacer justicia como dicen ellos, algo que ya la justicia abordó y sancionó, no es lo adecuado.
- ¿Es una revancha del Gobierno?
- Lamentamos que el Gobierno quiera generalizar. Fue un caso puntual que fue sancionado. Entonces, volver a insistir en la corrupción, la ilegitimidad, cuando tenemos una ley que ha tenido buenos resultados, no nos parece lógico.
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Julio Salas, subsecretario de Pesca:
“No hay un espíritu de vendetta”
-¿Este proyecto va a respetar en todos sus términos la licencia al 2033?
- La norma sobre fraccionamiento, que es la que distribuye entre la industria y el sector artesanal, tiene como aplicación el fin de año en que se publica la ley. Lo que se asigna vía licitación también comienza a regir desde el momento de la publicación de la ley.
-¿Entonces qué sí respeta el 2033 de los permisos vigentes?
- Lo que se conoce como distribución por historia. La historia se mantiene, pero en un porcentaje que ahora está acotado.
-¿Descarta que esto sea expropiatorio, dado que las empresas se acogieron a los 20 años?
- Sí, descartamos de pleno que la ley tenga de forma alguna normas que pudiesen ser interpretadas como expropiatorias.
- Uno de los argumentos de esta propuesta es la ilegitimidad de la anterior ley. Pero ahora se conoce una reunión fuera de la Ley del Lobby. ¿No vuelve a empañar un proceso que está partiendo?
- Los hechos que dieron lugar a las condenas por cohecho y por soborno repararon una infracción penal, pero los contenidos de la ley a los que dio origen esa acción ilícita se mantienen en el tiempo. Entonces, no es que estemos corrigiendo un hecho del pasado. Estamos corrigiendo un hecho del presente. Cada año hay 450.000 toneladas de menos que recibe el sector artesanal sólo en las regiones de Arica hasta Antofagasta. Lo que quiero hacer presente es que una cosa es la condena del ilícito penal y otra cosa es que exista una distribución que es injusta y esa injusticia se repite año a año.
-¿Y qué hay de la reunión?
- Tuvimos 10 reuniones con el sector industrial donde estuvieron presentes 137 participantes ejecutivos o propietarios del sector de la industria. Estas 10 reuniones no sólo fueron formalizadas a través de las plataformas, sino que están grabadas en video por la Universidad Católica de Valparaíso. Es transparente y puede ser vista por cualquier ciudadano, en video y audio.
-¿Qué respuesta se le da al sector por las inversiones materializadas?
- Lo que estamos haciendo es reconocer quién pesca los peces y sobre esa base hacer la distribución. La industria lo que ha hecho particularmente en el norte del país, es tener derechos de extracción de pesca que le entrega a un costo desconocido a los artesanales para que le pesquen. Entonces, lo más razonable es que quienes tengan derecho a acceder a esta pesquería sean los pescadores artesanales. ¿Eso cambia cuánto pescado va a llegar finalmente a los diferentes molinos de pescado en la zona norte del país?
No cambia en absoluto, porque el sector artesanal tiene que entregar esos pescados a alguna parte y los va a entregar a la industria que procesa. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que el titular del recurso tiene la posibilidad de negociar el valor al que entrega el pescado. Es lo mínimo que uno espera en una operación de oferta demanda. No que le entreguen un papel y le digan ‘yo le pago lo que yo quiero en relación a esta tonelada de pescado’. Sincera la titularidad de quien está realizando la faena de pesca.
-¿Descarta que esto sea una revancha por Corpesca?
- No hay un espíritu de vendetta.
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Ricardo García Holtz, gerente general de Camanchaca: “Tendremos otro ejemplo de Transantiago”
-¿Cómo reciben el anuncio?
- Con extrema preocupación y nos deja desconcertados. Los mensajes de la propuesta son una ofensa. Es frustrante ver ideologismo, populismo. Tendremos otro ejemplo de Transantiago. La propuesta incumple los contratos establecidos.
-¿Cuáles son sus preocupaciones?
- En nuestras operaciones del norte, en anchoveta, pasaríamos de tener aproximadamente el 23% de las cuotas a cerca del 2,3%. Eso significaría desaparecer, cerrar operaciones, no es viable la actividad. Pero para los artesanales no conllevará ganancias, pues no habiendo recepción de materia prima de Camanchaca, desaparecerá la competencia. Los artesanales podrían no tener nada que hacer con la pesca de anchoveta.
-¿Cuánto han invertido?
- En los últimos 10 años han sido US$ 174 millones en flotas y plantas de proceso. En ese mismo período, hemos pagado al Fisco US$ 63 millones en royalty y patentes. Y nuestra ganancia en estos 10 años ha sido nula, pues llevamos una pérdida acumulada de US$ 10 millones a 2023, lo que significa que aún no empezamos a recuperar las inversiones. Confiamos en la recuperación de las pesquerías y que iba a haber un futuro para balancear. La propuesta eliminaría esa posibilidad.
Simon Gundelach, gerente general Lota Protein: “Siempre hemos abogado para que las cuotas de pesca industrial se liciten en un 100%”
-¿Cuál es su evaluación del proyecto?
- Compartimos la necesidad de una nueva ley que corrija los problemas de la actual. Es justo y sensato que se mejore el fraccionamiento artesanal. No hay razones ni económicas ni técnicas para no licitar el 100% de la cuota industrial. Lota Protein no busca privilegios. Siempre hemos abogado para que las cuotas de pesca industrial se liciten en un 100%. Hay muchas experiencias de licitaciones de bienes públicos exitosas. Por ejemplo, el espectro radioeléctrico. La actual ley tiene un diseño que favorece a las grandes empresas.
-¿Cuál es su situación actual en cuota?
- Tenemos menos del 1% de la cuota industrial. Nuestro interés es crecer en Chile a través de licitaciones transparentes y competitivas, pagando el precio justo a todos los chilenos.
- ¿Cuáles son los planes?
- Seguir invirtiendo en Chile y para ello se requiere un marco regulatorio que nos permita participar en igualdad de condiciones. Somos parte de la empresa danesa TripleNine Group, dedicada principalmente a la producción de ingredientes nutricionales de alta calidad. Casi el 90% de la pesca que procesamos proviene de los pescadores artesanales.
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