Informe de Contraloría detecta desórdenes administrativos en gestión de Labbé
Plan Anual de Recopilación Estadística 2011 no fue aprobado por la Comisión Nacional de Estadística.
Por: Equipo DF
Publicado: Lunes 5 de mayo de 2014 a las 05:00 hrs.
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por c. alonso/j.p. palacios
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) durante la administración de Francisco Labbé no sólo tuvo problemas con la realización del Censo 2012, sino que también una serie de irregularidades administrativas. Así lo reveló un informe de auditoría de 102 páginas que realizó la Contraloría General de la República (CGR).
En este se describe una serie de faltas entre 2011 hasta 2013 y que van desde la utilización de vehículos de la institución para fines particulares, falta de control en el horario de trabajo de los funcionarios, fiscalización de los recursos hasta problemas de mayor índole como la constatación de que el Plan Anual de Recopilación Estadística de 2011 no fue aprobado por la Comisión Nacional de Estadísticas.
Según el informe del órgano de control, este plan “no fue aprobado por la Comisión Nacional de Estadísticas, organismo técnico adjunto al director nacional del INE, vulnerando con ello la principal función de la comisión”. Este organismo está compuesto además del INE, por el Banco Central, la Dirección de Presupuestos, el Ministerio de Desarrollo Social; el Consejo de Rectores de universidades tradicionales; Corfo, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
Del informe se desprende que el INE no proporcionó al Ministerio de Economía los decretos supremos que nombran a los integrantes de la Comisión Nacional de Estadísticas, infringiendo la Ley N° 17.374 que crea la dirección de Estadísticas, Censos y el Instituto Nacional de Estadísticas.
Sobre estos reparos, el INE en su respuesta señaló que a la Comisión le corresponde preparar anualmente el Plan Nacional de Recopilación Estadística, el cual tiene por objeto establecer las orientaciones básicas del proceso de recopilación, clasificación y publicación de las estadísticas, para la formulación de planes y programas de desarrollo económico y social del país, que en este campo realizan los diversos organismos del sector público, pero aclara que parte de los integrantes del Comité no tienen existencia legal, por lo que éste no ha podido operar. Agregó que algunas funciones han sido ejercidas por las unidades internas de la institución.
Asimismo, el INE agregó en su respuesta que conforme a Ley N° 17.374, envió al Ministerio de Economía, mediante el oficio N° 2.172, de 25 de junio de 2013, una propuesta de decreto con la aprobación de los planes nacionales de recopilación estadística de los años 2011, 2012 y 2013.
Pese a estas respuestas, la Contraloría “mantiene la observación formulada, hasta que se regularice la situación objetada, lo que será verificado en una próxima auditoría de seguimiento, reiterando que según lo previsto en el artículo 7° letra a), de la ley N° 17.374, antes mencionada, es atribución de la Comisión Nacional de Estadísticas aprobar anualmente el Plan Nacional de Estadística, antes de su presentación al Presidente de la República”.
La CGR constató, además, que en 2011 la Comisión no sesionó, verificándose que la última reunión se realizó el 22 de diciembre de 2010.
Por mandato del contralor Ramiro Mendoza, la auditoría realizada al INE fue enviada al ministro de Economía, al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público.
LOS NUEVOS PASOS DEl INE
La directora del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Ximena Clark, quiere dejar atrás los problemas acontecidos en el ente estadístico y para ello ya tomó las primeras decisiones: renovó a sus asesores más cercanos y nombró como jefe de gabinete a Rodrigo Reveco, Paulina Solar como fiscal y a Ramón Gutiérrez como subdirector administrativo. A ello, se sumó a Carolina Cavada como asesora técnica y a Estefanny Artus para el proceso de modernización institucional. Además, en estos primeros dos meses al mando del INE, Clark se ha reunido con el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría General de la República para interiorizarse de las investigaciones que estas entidades tienen abiertas en relación al anterior proceso censal, y a la vez ofrece colaboración de la institución para que los procedimientos puedan concluir a la brevedad.
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