Pese a las indicaciones introducidas por el gobierno en la Comisión de Hacienda de la Cámara, tendientes a reducir las facultades que se le daban al Servicio de Impuestos Internos (SII), la UDI mantiene firme la idea de recurrir al Tribunal Constitucional (TC), principalmente, por cuatro artículos que consideran inconstitucionales. Para ello, se elaboró un informe que aún está en proceso. La idea de la colectividad sería enviar este requerimiento una vez que se haya completado, al menos, el primer trámite legislativo del proyecto en la Sala de la Cámara.
La minuta elaborada por la Fundación Jaime Guzmán, liderada en esta materia por el abogado Máximo Pavez, establece los principales puntos que argumentan una presentación al TC. Entre los temas centrales se anota la vulneración del artículo 19 n° 3 de la Carta Magna, que consigna la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos de las personas. Y en este sentido, las normas establecidas en el texto del gobierno en materia de anti elusión se apartarían de este principio .“El proyecto no describe de ningún modo las conductas constitutivas de abuso, limitándose a señalar sus consecuencias. El principio de legalidad, aplicable tanto al derecho penal como al derecho administrativo sancionador y a los tributos, aparece gravemente menoscabado, pues para que se puede ejercer la potestad sancionatoria debe estar descrita la conducta reprochable por el ordenamiento jurídico”, dice el informe. Este tema, afiman en la UDI, significaría una “ley penal en blanco”. Así también, se objeta que en esta norma se sancione el abuso de asesores en temas tributarios a quien “participe” de algún diseño que resulte ilegal, lo que se considera como una vaguedad que no cumple con “el estándar aceptable a nivel constitucional”.
También, atentaría contra el artículo 19 nº 2 de la Constitución que establece el principio de no discriminación. El proyecto expone la existencia de un ilícito en el caso la simulación de un acto o negocio que se considere ilegal. Desde esa perspectiva, según versa el informe, la simulación es un acto permitido en materia civil. En un tercer punto se cuestionan las facultades del SII para determinar el abuso o la simulación, atentando contra el principio del debido proceso resguardado en el artículo 19 nº 3, inciso 6, de la Carta Fundamental. En el cuarto punto, se dice que vulneraría el artículo 19 nº 21 sobre la libertad de desarrollar cualquier actividad económica, en este caso en particular, la de ejercer en el ámbito de la asesoría tributaria. El último punto, referente al respeto y protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia consagrado en el artículo 19 nº 4 de la Constitución, se reconoce, en el informe, que con las indicaciones propuestas por el Ejecutivo se morigeran los efectos de una posible inconstitucionalidad.
Indicaciones de maquillaje
Pavez es claro en señalar que las indicaciones son sólo de “maquillaje” y que la reforma, tal como está, presenta ciertos rasgos de inconstitucionalidad: “Este proyecto le entrega al SII facultades en materias administrativas, investigativas y sancionatorias, que podrían generar un manto de dudas sobre la actuación de las personas a nivel individual –ya sea como profesional, asesor o como consumidor- ya sea a nivel operacional o como persona jurídica”, indicó.
Por su parte, el diputado UDI, Arturo Squella, señala que el gobierno tiene claro que el proyecto presenta algunos vicios de inconstitucionalidad. “El gobierno, al presentar las indicaciones, reconoce y deja en evidencia que hay vicios. Pero éstas finalmente no han solucionado el problema de fondo”, dijo, agregando que se continúa en un acabado estudio, con la participación también de LyD, en orden a obtener sólidos argumentos en un proyecto, que en materia del SII ciertamente vulnera los principios de “legalidad, igualdad ante la ley, derecho de asociación, y el debido proceso”.
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