Después de casi cuatro meses de trabajo, desde el 7 de agosto de este año, la Comisión Especial Investigadora (CEI) del caso convenios llegó a su fin este lunes con la votación del informe con las conclusiones a que habría llegado mayoritariamente la oposición, incluidos el Partido de la Gente (PDG) y Amarillos, pues el sector del oficialismo que había elaborado un segundo informe, terminó por retirarlo.
Pese a ello, el informe que será remitido al Ministerio Público sólo si es aprobado por la Sala, se votó y aprobó por ocho a favor -Yovana Ahumada (exPDG), Chiaria Barchiesi (Part. Republicano), Juan Antonio Coloma (UDI), Juan Fuenzalida (UDI), Rubén Oyarzo (PDG), Andrés Jouannet (Amarillos), Juan Carlos Beltrán (RN) y José Miguel Castro (RN)- y cinco en contra (Raúl Soto (PPD), Marcos Ilabaca (PS), Carolina Tello (PC), Ericka Ñanco (RD) y Mercedes Bulnes (indep. Frente Amplio).
En el marco de las intervenciones, el diputado Juan Antonio Coloma afirmó que la investigación de la instancia da cuenta de la existencia “de una red de protección que involucra a Revolución Democrática” y esa fue la tónica de las intervenciones de la mayoría de los parlamentarios que respaldaron el polémico informe.
Mientras que el diputado socialista Marcos Ilabaca dijo compartir gran parte de las propuestas y observaciones en torno a los Gobiernos Regionales (Gore); no obstante, –añadió– no lo suscribió, debido a que es un informe “partisano”. Por su parte, el diputado Raúl Soto advirtió que por razones políticas el informe elude el primer mecanismo que se produjo en la Región de O’Higgins –durante en el gobierno de Sebastián Piñera-, recalcando que la comisión desaprovechó la oportunidad de cuestionar todo el mecanismo para defraudar al Fisco.
En primer lugar, el informe señala que “las investigaciones que se levantaron en torno a este proyecto y los informes que se han conocido, particularmente de la Contraloría General de la República, han permitido identificar patrones comunes a casos de corrupción que afectan diversas estructuras del Estado”.
Responsabilidad política
Y en términos más específicos, entre otras cosas, el documento apunta a la responsabilidad política del ministro de Vivienda, Carlos Montes, sobre quien señala que aunque no ven motivos para cuestionar la verdad del ministro, “ello no evita el reproche a la diligencia con la cual condujo su cartera”.
En tal sentido, el texto añade que la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, a propósito de la delegación de facultades, establece que “la responsabilidad por las decisiones administrativas que se adopten o por las actuaciones que se ejecuten recaerá en el delegado, sin perjuicio de la responsabilidad del delegante por negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones de dirección o fiscalización”.
Por lo que “el ministro Carlos Montes debió fiscalizar o ejercer correctamente la dirección en la forma como se gestionaba o ejercían las facultades delegadas en las secretarías regionales ministeriales o en los servicios de vivienda y urbanización. Esta omisión constitutiva de reprochable inobservancia, es lo que derivó en la imposibilidad de satisfacer necesidades impostergables de nuestros ciudadanos, razón única y final de la existencia de la Administración del Estado”.
Sobre la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, el texto indica que particularmente a propósito de los recursos transferidos por los Gores, renunció a su deber de “coordinar, supervisar y propender al perfeccionamiento de las actividades de organización y métodos de los servicios fiscales e instituciones descentralizadas”.
Ello debido a que habría impulsado medidas que se oponen al resguardo del buen uso de los recursos públicos que ha caracterizado a la Dirección de Presupuestos, dice el documento, calificando de “imprudencia democrática” la promoción de controles laxos.
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