En un proyecto de ley se tradujo la molestia de algunos sectores del oficialismo con la medida adoptada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) de cobrar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las plataformas de apuestas en línea, que operan en Chile. Para lo cual, el servicio emitió una resolución exenta, la N° 69 el 02 de junio del presente año.
El documento habilita un sistema para que “contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile, que presten servicios de apuestas, juegos de azar, casinos y de servicios análogos o conexos, prestados en línea o a través de plataformas digitales, cumplan obligaciones tributarias que indica”.
Esta decisión del SII ha sido criticada transversalmente en el mundo político y el jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, es uno de los que se opuso explícitamente a la medida. Y este viernes dio un paso más allá, presentando un proyecto de ley cuya tramitación, muy probablemente, no avance. Y la iniciativa sólo quede en una señal política de RN y un diputado de Evópoli en contra de la medida.
Contenido de la moción
Entre los fundamentos de la moción, los firmantes plantean que “en los últimos años, el sistema tributario chileno ha enfrentado crecientes tensiones derivadas de la expansión interpretativa de los hechos gravados, particularmente en contextos donde se ha intentado asimilar conductas ilícitas a supuestos de tributación. En este contexto, el ordenamiento jurídico no puede incurrir en una contradicción estructural consistente en sancionar determinadas conductas por ser ilícitas y, simultáneamente, reconocerlas como hechos gravados. Ello vulneraría a nuestro parecer de manera severa los principios de coherencia normativa y seguridad jurídica”.
Y explicitan que ello resulta especialmente relevante “a propósito del debate que ha existido en torno a las plataformas de apuestas en línea”. A este respecto, en los fundamentos de la iniciativa, los firmantes se explayan, agregando que en el ordenamiento jurídico chileno, “los juegos de azar se encuentran sujetos a un régimen de estricta legalidad, siendo ilícitos todos aquellos que no cuentan con una autorización legal expresa”.
Y que “así lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia de la Corte Suprema, la cual ha señalado que las plataformas de apuestas en línea que operan sin habilitación legal en Chile desarrollan una actividad ilegal”.
Pues bien, en esta línea, el artículo 1 de la moción parlamentaria incorpora un artículo 2° bis al Código Tributario, contenido en el artículo 1° del Decreto Ley N° 830, de 1974, del Ministerio de
Hacienda, que establece que “los tributos sólo podrán establecerse respecto de hechos, actos o actividades lícitas. En ningún caso la naturaleza ilícita o delictiva de un hecho, actos o actividad, conforme al ordenamiento jurídico, será elemento configurador de un hecho gravado, base imponible u obligación tributaria”.
Qué dice la Constitución
Los firmantes del proyecto son los diputados de RN Diego Schalper, Ximena Ossandón, Eduardo Durán, Andrés Celis y Luis Pardo; junto al legislador de Evópoli, Jorge Guzmán.
Schalper explicó que el objetivo de esta iniciativa es “prohibir la posibilidad del Estado de aplicar impuestos a actividades ilegales”, porque –desde su punto de vista- el debate por las casas de apuestas online sienta un precedente, por lo que “la regla tiene que ser muy clara, no es posible que el Estado declare ilegal una actividad y, paralelamente, le dé un matiz de legalidad cobrándole impuestos”.
Y manifestó su esperanza de que la iniciativa se tramite “con mucha prontitud”, en el Congreso. Sin embargo para ello, tendría que ser el propio gobierno, que no ha hecho nada por revertir la medida, el que le pusiera urgencia, en el supuesto caso de que la iniciativa sea declarada admisible para comenzar su tramitación. Ello, porque, según el artículo 65 de la Constitución Política, lo que se pretende con este proyecto es de atribución exclusiva del Presidente de la República. Por lo que la propuesta es más que nada una señala política que otra cosa.
Por su parte, Guzmán advirtió que el Estado no puede enviar una doble señal y que “si una actividad es ilegal debe perseguirse y sancionarse” y, enfatiza, “no corresponde que al mismo tiempo se le otorgue un reconocimiento legal mediante el cobro de impuestos”.
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