Desde que ingresó al Senado la reforma constitucional en materia de seguridad, en el Congreso no se habla de otra cosa. Algunos de forma crítica, como la oposición, pero también un grupo no menor de parlamentarios oficialistas ha expresado sus dudas al respecto. En esa línea, desde la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), liderados por su jefe de bancada Diego Schalper, optaron por “poner de nuestra parte para viabilizar la Agenda de Seguridad, incluyendo la reforma constitucional que se ha presentado”, esgrimió el legislador.
Schalper incluso apuntó hacia quienes desde su propio sector han expresado dudas respecto de la reforma, aseverando que “lo que no puedo entender, especialmente viniendo de diputados oficialistas, es que no entiendan que nuestra responsabilidad es sacar adelante la agenda de seguridad”.
Por lo que añadió que si algún parlamentario tiene alguna observación a la Agenda de Seguridad en su conjunto, puede hacerlo vía indicaciones, que es la labor legislativa, enfatizó.
Acotar el nuevo Estado de Excepción
“Por eso, hoy día (miércoles), temprano en la mañana le hemos hecho llegar al ministro (Martín) Arrau, al ministro (José) García; y a los dos senadores oficialistas en la Comisión de Constitución del Senado, los senadores (Andrés) Longton y (Arturo) Squella, indicaciones que lo que buscan es, precisamente, darle viabilidad política” a la iniciativa que ha generado tanta polémica aún antes del inicio de su tramitación en la comisión.
Las propuestas de indicaciones de la bancada apuntan a que no se modifiquen las bases de la institucionalidad; a delegar en una ley de quórum calificado la determinación de los delitos de crimen organizado, disponiendo en ella las normas especiales en materia de penas, regímenes carcelarios y limitaciones en beneficios del Estado, sin aludir a algún derecho social en particular; y, a acotar el nuevo Estado de Excepción de seguridad a 30 días prorrogables con acuerdo del Congreso, con una causal más específica y explicitando que el jefe de la Defensa tendrá que ser un integrante de las policías.
Además, proponen acotar las restricciones que podrá disponer el Presidente, exigiendo que tratándose de las interceptaciones deba contar con autorización judicial previa; y, por último, apuntan a eliminar el rol del Senado en la determinación de las organizaciones de crimen organizado, dejándolo solo en manos del Presidente de la República.