Una nueva reunión de los partidos de oposición se produjo este lunes, cuando los plazos para que el proyecto misceláneo se despache del Senado se empiezan a estrechar.
Más tarde, esta misma jornada, el comité de senadores del Socialismo Democrático (SD) almorzó en la sede del Congreso en Santiago. En ambas citas se tomaron definiciones respecto de la iniciativa emblemática del gobierno. Lo que nuevamente dejó en evidencia lo complejo que está resultando para el sector no sólo dar señales de unidad, sino que estas se concreten.
Ello, porque tras la cita de la mañana, donde participaron todos los presidentes de la oposición -desde la Democracia Cristiana (DC) hasta el Partido Comunista (PC)-, varios presidentes anunciaron con bombos y platillos que el sector había tomado dos definiciones importantes: la primera, que el jueves 9 de julio se realizaría otra reunión con los presidentes de partido, jefes de bancada y los expertos constitucionalistas, para definir en qué temas la oposición recurrirá al pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC). En principio, la timonel del PS, senadora Paulina Vodanovic, admitió que la invariabilidad tributaria sería uno de los temas.
Segundo, que la oposición presentaría en conjunto un paquete de indicaciones, sin desmedro de que cada parlamentario podrá ingresar también las propias. Esto, a última hora, antes del cierre del plazo para introducir las propuestas con el fin de modificar algunos artículos del polémico proyecto. Todo, en paralelo al trabajo que este lunes realizaba la comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta y que concluye este martes con la votación de las indicaciones.
El TC “tendrá que frenar esta locura”
Pues bien, en el almuerzo que compartieron los senadores representantes del Socialismo Democrático se decidió, sin esperar a la cita del jueves, que el comité recurrirá al TC por invariabilidad y por la norma medioambiental sobre el procedimiento que establece que, cuando una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable es anulada judicialmente, el titular del proyecto tiene derecho a solicitar al Estado la restitución de los gastos directos y efectivos incurridos durante su ejecución.
Sin embargo, el jefe de la bancada socialista, senador Juan Luis Castro, detalló que eso se hará “una vez que esto sea despachado a ley, porque eso es lo que procede jurídicamente” y descartó que se vaya a producir un acuerdo entre el gobierno y el SD, porque “nosotros creemos que esta sigue siendo una reforma regresiva y, prácticamente, una contrarreforma, respecto a los ingresos tributarios del país. En eso no hemos cambiando”, enfatizó. Por lo que sólo habrá acuerdo en aspectos bien “focalizados”, adelantó.
Pero, además, añadió que también se acordó que “en las próximas horas” llevarán un nuevo documento con los puntos esenciales, que ahora tienen que ver con desempleo y problemas medioambientales, “que hoy día (lunes) debutaron en la comisión respectiva, donde curiosamente no concitaron el apoyo de nadie, ni siquiera el empresariado apoyó al gobierno en las propuestas de permisología. Una cosa bien curiosa, pero que demuestra la soledad del gobierno en estas materias”, subrayó Castro, quien también reiteró que el sector presentará indicaciones en estas materias.
Por su parte, el senador liberal Vlado Mirosevic fue categórico en sostener que “si no somos capaces, con las mayorías en el Senado, de frenar esta locura, entonces tendrá que ser el Tribunal Constitucional quien lo haga”. Con ello el parlamentario opositor hacía referencia directa a la invariabilidad tributaria por hasta 25 años y “esta especie de indemnización que se le daría a las empresas que obtienen RCA y luego la justicia retrotrae esos proyectos”.
Sobre este último, el senador enfatizó que pueden llegar a ser tantos millones de dólares los que debería pagar el Estado, que no se pueden calcular.
Senador Araya de adelantó con indicaciones
A este respecto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reaccionó de inmediato, asegurando que está “bastante tranquilo” respecto de la constitucionalidad de ambas normas y reiteró que “nunca voy a cesar en el ánimo de llegar a acuerdos”.
En cualquier caso, quien se adelantó en presentar las indicaciones en materias de medio ambiente fue el senador Pedro Araya (PPD). El parlamentario opositor ingresó 55 reformas a la propuesta del Ejecutivo.
Una de ellas apunta justamente a reemplazar el artículo 13 sobre RCA, por el siguiente: “El procedimiento para hacer efectivo lo señalado en el artículo anterior se iniciará mediante la presentación de una demanda fundada, la que será realizada por el titular de la Resolución de Calificación Ambiental anulada o dejada sin efecto, ante a los tribunales civiles de Santiago, dentro del plazo de treinta días hábiles, contados desde que haya quedado firme y ejecutoriada la sentencia judicial respectiva.
Este juicio se sustanciará conforme a las reglas del procedimiento sumario establecidas en el artículo 680 y siguientes, del Código de Procedimiento Civil” y añade que “la demanda deberá individualizar los gastos directos y efectivos realizados por el solicitante, acompañando los antecedentes contables y documentales que los respalden”
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