El senador Matías Walker (exdemócrata) es uno de los parlamentarios que se opone a la reforma constitucional de seguridad.
Aunque fue un leal aliado del gobierno en el proyecto misceláneo, no será lo mismo respecto de la polémica reforma constitucional ingresada esta semana al Congreso, a través de la Cámara Alta. De hecho, ya adelantó que el Ejecutivo no contará con su voto, lo que es un problema porque para que el proyecto avance se necesitan 29 votos en esta corporación y 89 en la Cámara de Diputados.
En conversación con Diario Financiero, el parlamentario explica con lujo de detalles las razones que lo llevaron a oponerse a la iniciativa y acusa “cero diálogo prelegislativo” y que, por el contrario, “hubo un intento de tomar por sorpresa a los senadores”.
-Usted ha notificado públicamente al gobierno que no cuente con su voto para la reforma constitucional de seguridad, ¿cuáles son los principales elementos que lo llevaron a fijar esa postura?
-Que es una reforma que pretende dividir a los chilenos y no sirve al objetivo de entregar instrumentos a las policías y los Tribunales de Justicia, para condenar de mejor manera el crimen organizado y el terrorismo. Es un proyecto que distrae del objetivo, cuando los esfuerzos del gobierno debieran estar, primero, en ejecutar las leyes vigentes, aumentar el número de carabineros y sacar adelante el proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza y de Inteligencia Económica, que están en Comisión Mixta. En sacar adelante el proyecto que presentamos con Ximena Rincón y Luciano Cruz-Coke, para tener un sistema de cumplimiento diferenciado de penas para el crimen organizado y sacar adelante el proyecto de infraestructura crítica. Ahí debieran estar enfocados los esfuerzos del gobierno, en la gestión y no en dividir a los chilenos, en un tercer debate constitucional, como dijo Matthei.
-En la oposición plantean que las facultades que le entrega al Presidente para restringir una serie de actividades, en el marco del nuevo Estado de Excepción, responden más bien a un estado de sitio, ¿comparte esa mirada?
-No sólo lo han planteado parlamentarios de oposición, lo han planteado profesores de derecho constitucional, especialistas en seguridad y lo planteé yo desde el primer minuto. Efectivamente, se asemeja mucho a un Estado de sitio, un Estado de Asamblea, con el agravante de que recién a los ocho meses, el Congreso Nacional podría pronunciarse. Por eso dije que esto es una locura, porque finalmente termina afectando los derechos del ciudadano común y corriente y no de las personas involucradas en el crimen organizado y el terrorismo, a quienes debiéramos enfrentar, toda vez que ya aprobamos el 2024 las leyes contra el crimen organizado y la Ley Antiterrorista.
-¿El gobierno compartió con los parlamentarios el proyecto, escuchó sus propuestas o hizo trabajo prelegislativo?
-Hubo cero diálogo prelegislativo. Lo ha dicho también Luciano Cruz-Coke, que es presidente de un partido de gobierno, que es jefe de un comité, que integramos cuatro senadores. Hubo un intento de tomar por sorpresa a los senadores. Una muy mala sorpresa, por cierto.
-¿A qué lo atribuye?
-Esto es una operación político-comunicacional. El gobierno sabe que gente seria y responsable no va dar sus votos para la aprobación de una reforma constitucional de estas características. Entonces, lo que busca es generar un relato artificial, dividir a los senadores entre buenos y malos, cuando lo que tiene que hacer una constitución -y así lo manifestaron los chilenos en dos procesos constituyentes-, es unir a nuestro país en torno a grandes objetivos y políticas públicas eficaces en materia de seguridad.
-En la reforma se crea un registro de organizaciones criminales, ¿qué relevancia tiene esto para la persecución del crimen organizado?
-En la forma que está planteado es un atentado contra el Estado de Derecho, porque es el Presidente de la República el que, por decreto, con acuerdo del Senado en una sesión secreta y sin que esa calificación recaiga sobre los Tribunales de Justicia, el que determina qué organizaciones son terroristas. Esto atenta contra la letra y el espíritu de la Ley Antiterrorista actual, que sitúa a los Tribunales de Justicia la determinación de qué organizaciones son terroristas y también la posibilidad de determinar la figura del del terrorista individual, el “Llanero Solitario”, como se llamó en su momento, es un retroceso en la lucha contra el terrorismo.
“El gobierno sabe que es un proyecto que no reúne los requisitos mínimos de las bases de un Estado de Derecho”
-¿Qué tan grave es que los Tribunales de Justicia queden fuera de esto?
-Bueno, se minan las bases del Estado de Derecho. Así de simple. Así empiezan a morir las democracias. Como dijo Patricio Zapata y yo también, desde el primer día, siempre hay que pensar en el uso de esta herramienta en las peores manos, de nuestro peor adversario; de un régimen populista autoritario, como hemos tenido tanto en América Latina. Esto, en manos de un mal gobierno, que además pueda estar cooptado por el crimen organizado, puede producir el quebrantamiento mismo del Estado de Derecho y el régimen democrático.
-Llamó la atención de la oposición que entregándole tantas atribuciones al Presidente para restringir una serie de actividades no se haya incluido el levantamiento del secreto bancario, ¿qué piensa sobre eso?
-Esta es una operación político-comunicacional del Ministerio de Seguridad junto con la Secom que, en vez de resguardar herramientas efectivas para perseguir al crimen organizado, ha optado por la pirotecnia constitucional. Si de verdad le interesara perseguir al crimen organizado, le pondrían discusión inmediata al proyecto de Subsistema de Inteligencia Económica, que está en Comisión Mixta que, efectivamente, establece el alzamiento del secreto bancario a requerimiento de la UAF, antes de la autorización de un juez de garantía.
-Ha calificado la reforma en varias oportunidades como “una operación político-comunicacional”, ¿por qué?
-Porque el gobierno sabe que es un proyecto que no reúne los requisitos mínimos de las bases de un Estado de Derecho, en cuanto a control del poder, a respeto de los derechos y garantías constitucionales más básicas, de control de del Congreso Nacional, en el caso del Estado de Excepción Constitucional, de control de los Tribunales de Justicia, respecto a las organizaciones terroristas. El gobierno sabe que nunca van a estar los 29 votos para aprobar una aberración jurídica de esta naturaleza y lo que quiere dividir al Senado entre buenos y malos.
-Pero, ¿para qué, qué se buscaría?
-Probablemente se busca, en un momento de dificultad económica, en que la economía está estancada, y antes de que se puedan vislumbrar los brotes verdes del proyecto de reactivación -que espero de buena fe que dé su fruto, pues la situación económica está muy compleja-, lo que busca es generar un alza de un par de puntos en las encuestas, pero sabiendo que esto no ayuda a la agenda de seguridad más sustantiva.
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