Mientras cobran especial importancia aquellos proyectos relacionados con el combate al crimen organizado -como el levantamiento del secreto bancario-, no se ha tramitado el que un grupo de senadores de oposición ingresó el año pasado con el fin de fusionar los conceptos de usura y extorsión en el de “usura extorsiva”, aumentando las penas para este delito, que en la actualidad existe por separado en la legislación chilena.
La iniciativa que “modifica diversos cuerpos legales, para tipificar el cobro de valores suministrados con intereses que exceden el máximo legal, por medio de engaño o alguna de las formas de violencia que señala”, de los senadores Alejandra Sepúlveda (indep. oposición), Paulina Vodanovic (PS), Daniel Núñez (PC), Iván Flores (DC) y Esteban Velásquez (FRVS), va a cumplir un año de haber ingresado y ser destinada a la Comisión de Constitución de la Cámara Alta –el 23 de julio de 2025- sin movimiento alguno.
Entre los antecedentes de la moción parlamentaria se señala que “considerando que el crimen organizado va avanzando en la región y que una de sus vías de financiamiento, además del tráfico de drogas o de personas entre otros delitos, es recurrir a la usura a través de la extorsión, es posible sostener como hipótesis que los préstamos informales o ‘gota a gota’ también irán en aumento, siendo necesaria una “reacción estatal preventiva”, actitud que no perciben los patrocinantes de la medida.
Hasta 1000% de interés
Sobre todo, cuando estudios revisados por los senadores dan cuenta de que las tasas de interés anuales rondan entre 100% a 500% y, en algunos casos, incluso llegarían a 500% y 1000%, revelando la usura que afecta a los hogares que recurren a este tipo de préstamos. De hecho, el texto señala que “el 82% de los casos que accedieron a préstamos informales, les fue negado el crédito en las instituciones formales”.
Por lo que el autor de la iniciativa, senador Daniel Núñez (PC) está particularmente preocupado porque al proyecto no se le ha dado movimiento alguno en la comisión, pese a que es una herramienta que utilizaría el crimen organizado.
La moción busca regular penalmente este tipo de delitos “como una forma de financiamiento del crimen organizado y del lavado de activos, y particularmente de la usura extorsiva simple y la masiva o habitual, o para financiar al crimen organizado”.
Así, el proyecto establece que será sancionado con la pena de presidio mayor en sus grados medio a máximo quien suministre valores, de cualquier manera, a un interés que exceda del máximo que la ley permita estipular y que para su cobro utilice violencia, amenaza o intimidación en contra del deudor o su familia; obligue al deudor a la suscripción de documentos u otras acciones de disposición patrimonial, valiéndose de alguna de las vías señaladas con anterioridad; o se valga de engaño o se apropie ilícitamente de bienes del deudor o de su familia.
Y añade que se impondrá la pena de presidio mayor en su grado máximo -va de los 15 años y un día a los 20 años de cárcel-, si el delito se comete en forma habitual o masiva o sirva para financiar una asociación ilícita.
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