El gobierno salió airoso del Senado este miércoles. Pero lo hizo con lo justo pese a que protagonizó una nueva jornada intensa de negociaciones con la oposición.
Acorde con la urgencia que le puso el Ejecutivo, y tal como lo esperaba el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz -quien no aceptó que se dilatara la discusión hasta después de la semana regional-, pasadas las 18:00 horas la Sala de la Cámara Alta votó la idea de legislar del proyecto de reconstrucción y reactivación económica.
De este modo, a las 19:37 horas y tras la intervención de todos los senadores, la propuesta emblemática de la administración de José Antonio Kast fue aprobada de una vez por 26 votos a favor -todos oficialistas- y 23 en contra (oposición) y la abstención del senador PPD, Pedro Araya, quien había confirmado su decisión minutos antes de pronunciarse.
Superada esta valla, el proyecto queda habilitado para entrar a su discusión en particular en el Senado, lo que ocurrirá al regreso de la semana distrital, que se extenderá entre el próximo lunes 29 de junio y el lunes 6 de julio. Primero se analizará en paralelo en las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo, para finalizar en Hacienda.
Esto dará más tiempo a La Moneda para terminar de abrochar apoyos, pensando en la discusión en particular.
Los comités de senadores, de hecho, establecieron que el plazo para ingresar indicaciones se prolongará hasta el mediodía del citado 6 de julio, lo que también formaliza el espacio de negociaciones que sostendrán las partes en los próximos días.
Discusión en particular de la iniciativa en la Cámara Alta será entre el lunes 29 de junio y el lunes 6 de julio. Esto dará más tiempo a La Moneda para terminar de abrochar apoyos, pensando en la discusión en particular.
Intensas tratativas
Previa a la votación, las tratativas dieron pie a una serie de dimes y diretes con exposición mediática en Valparaíso.
Por ejemplo, al ministro Quiroz sólo le bastó cerca de media hora de conversación para responderle a los senadores del Frente Amplio, Beatriz Sánchez y Diego Ibáñez, que sus propuestas no tenían “cabida” en el proyecto del gobierno. Eso fue lo que comentó el senador del FA.
Acto seguido, Ibáñez confirmó que no había ocurrido nada que los hiciera cambiar de opinión respecto de rechazar la idea de legislar de la iniciativa.
Aunque en el Ejecutivo no descartaban contar con algún apoyo opositor para visar el proyecto o se abstuviera -postura que se le atribuía al senador PPD Pedro Araya-, la senadora Sánchez contó que en el marco de un encuentro “franco” le hicieron ver al ministro de Hacienda que un proyecto aprobado por estrecho margen no da estabilidad. Y, en esa misma línea, que en las condiciones generadas por el Ejecutivo, no es fácil construir acuerdos.
En las múltiples conversaciones con los senadores de todos los sectores no sólo participó el jefe de las finanzas públicas. También lo hicieron los ministros políticos -el biministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado, y la titular (s) de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Constanza Castillo, dinámica que se prevé deberán retomar en la etapa de la tramitación en particular, en cuyo marco se espera que haya acuerdos transversales.
Lo anterior, pese a que el Ejecutivo también podría aprobar su proyecto como se votó en general, si quisiera hacerlo.
La votación de este miércoles se produjo a pesar de los esfuerzos de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), por convencer al Ejecutivo de lo positivo que podría haber resultado postergarla para conseguir un respaldo mucho más amplio.
Quiroz no cedió en su aspiración, por lo que en la reunión que sostuvieron los comités desde las 15:00 horas ocurrió lo esperado: se acordó por unanimidad votar a partir de las 18:00 horas.
Núñez explicó que en ese encuentro se acordó por unanimidad y por “distintas razones” votar el proyecto de ley.
“Vamos a continuar. Trabajamos todos los días con ahínco en este y en otros frentes. Quiero agradecer a la coalición que apoya al Presidente, a este gobierno, por lo que ha sido su cohesión y sus aportes”, señaló Quiroz tras la votación.
De cara a la discusión en particular que viene, precisó que irán recogiendo ideas. “Pensamos que en esa etapa iremos consiguiendo también más apoyo. Hoy fue muy relevante, pero vamos a ir ampliando nuestra base de apoyo y vamos a terminar con un proyecto que definitivamente busca y le va a cambiar la cara al futuro de nuestro país”, enfatizó.

Posibilidades de acuerdo
El hito de anoche se enmarca en negociaciones que ha abierto el Ejecutivo para moderar algunas de las principales normas del proyecto.
Quiroz se ha mostrado disponible a reducir la duración de la invariabilidad tributaria, desde 25 a 20 años, así como a incluir una prima de 1,5% que deberán pagar los inversionistas que busquen firmar un contrato ley con el Estado bajo este mecanismo.
A cambio de dicho ajuste, Hacienda ha planteado a la oposición la opción de compensar con una reducción más fuerte del impuesto de Primera Categoría -hoy en 27%- a un 22%, más bajo que el 23% de la propuesta original ingresada en abril al Congreso.
Las partes también han explorado la posibilidad de aumentar desde US$ 50 millones a US$ 100 millones el monto de inversión mínimo para acogerse a la invariabilidad.
También ha estado sobre la mesa una reformulación del crédito tributario al empleo de hasta un 15% de las remuneraciones. La idea que se ha plasmado en las conversaciones es acotar el universo de beneficiarios a empresas de sectores más afectados y a firmas del rubro exportador de servicios. Esto permitiría rebajar de forma relevante su costo fiscal, de US$ 1.400 millones por año.
Más temprano este miércoles, en un seminario de La Tercera, el ministro Quiroz dio pistas al respecto. “Es probable que tengamos que hacer una especie de relocalización en esto”, dijo.
En su exposición, adelantó hacia qué sectores podría focalizarse el beneficio: “Lo vamos a combinar con transformación productiva, promoción de servicios de exportación orientados a servicios basados en el conocimiento, emulando lo que hacen países como Argentina, que compiten con nosotros en este tema”.
Además, sobre la mesa está la opción de realizar ajustes a los cambios en la institucionalidad ambiental que considera el proyecto, como las condiciones en que el Estado compensará a los inversionistas a quienes se haya rechazado una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable.