Uno de los grandes legados que dejó la Ley de Modernización Tributaria, aprobada a inicios de 2020, fue la creación de un nuevo organismo a cargo de la asesoría y protección de los contribuyentes, con foco específico en personas vulnerables y pequeñas y medianas empresas.
Así, el 15 de noviembre del 2021 comenzó a funcionar la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), entidad que busca ser un contrapeso a las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos (SII), la Tesorería General de la República (TGR) y el Servicio Nacional de Aduanas en su relación diaria con Pymes y personas.
Desde mayo del 2023, el ingeniero civil industrial Ricardo Pizarro encabeza el organismo. Funcionario histórico del SII, el directivo explica que a casi cinco años de su creación, la entidad se encuentra en estos momentos pasando desde una fase de instalación, a una de consolidación.
"Hemos logrado ir de a poco permeando la Defensoría ante la ciudadanía. Hoy nos reconocen como un actor dentro del ámbito tributario. Hemos pasado de una promesa institucional a un actor más consolidado. Ya no es solo una innovación en el diseño tributario, sino que somos una institución que ya tiene un impacto efectivo. Tenemos una relación entre los contribuyentes y con la administración", explica en conversación con Diario Financiero.
La Dedecon ha ganado notoriedad al asesorar y representar judicialmente a personas en controversias con el SII, principalmente en temas como cobro del IVA, fiscalizaciones en terreno y también en el cálculo de las contribuciones de bienes raíces, uno de los temas más sensible para la ciudadanía.
De hecho, Pizarro revela que en lo que va del año ha tenido una tasa de éxito de 85% -fallos o resultados en favor de la postura de la Dedecon y, en consecuencia, del contribuyente- en los casos en que representa o actúa a nombre de contribuyentes en su relación con la autoridad tributaria, específicamente en temas como las Revisiones de Actuaciones Fiscalizadoras (RAF). Desde su existencia, la Dedecon muestra una tasa de fallos favorables de 75%.
"En algunos casos, hablamos de liquidaciones muy grandes de impuestos que terminan cayéndose porque hemos podido demostrar que el cobro que se le estaba realizando al contribuyente fue producto de un error. En algunos casos estamos hablando con clientes pequeños, pero que dados los plazos pueden llegar a $ 100 millones que quedan en cero. Así de drástica puede ser la solución que damos en ese caso", sostiene.
En contribuciones, por ejemplo, Pizarro agrega que resolvieron favorablemente un caso de una pareja de adultos mayores a quienes no se le estaba reconociendo el beneficio de rebaja del impuesto territorial, debido al fallecimiento de uno de los cónyuges. ¿El resultado? Se logró la devolución de hasta tres años de gravámenes cobrados de forma errónea.
Junto con el control de expectativas, donde la explican a los contribuyentes que también pueden ocurrir situaciones donde el SII ha calculado correctamente el valor de las propiedades y la cuota de contribuciones, el directivo explica que la Defensoría trabaja en las recomendaciones reconociendo que hay cierta "opacidad" en el cálculo del gravamen, lo que hace difícil el probar que habrían problemas en los cobros.
Aumento de casos
Los ejemplos citados son coherente con un aumento relevante que han mostrado los casos revisados por la Defensoría, que en los primeros seis meses del año ya se acercan a superar todo lo registrado en el año 2025.
Así, entre enero y junio de este año los casos analizados alcanzaron los 1.337, mientras que en los doce meses del año anterior habían totalizado 1.410.
"Creo que este año vamos a superar largamente los 2.000 casos probablemente", adelanta el ingeniero, lo que implica llegar a un máximo histórico de atenciones en la joven historia de la Dedecon: "Tenemos un lenguaje bastante más simple y sencillo, lo que hace que al contribuyente se le haga fácil acercarse a nosotros y entendernos. Los temas tributarios tienen un lenguaje muy técnico. Tratamos de democratizar un poco el lenguaje tributario y que sea entendible para todos", explica, agregando que la dinámica del organismo ha llamado la atención de otros países desde donde han consultado sobre la experiencia chilena, como Panamá, Guatemala, Perú, Paraguay y Uruguay, así como organismos multilaterales como el Banco Mundial.
Según datos de la Dedecon, la mayoría de los casos (1.193) se relacionan con la prestación de servicios de orientación tributaria, seguido de la solicitud de informes técnicos en materia de impuestos, la representación administrativa ante las autoridades fiscales, mediación en controversias con el Fisco y la representación judicial (esta última, potestad incluida en la Ley de Cumplimiento Tributario del 2024).
"Esperamos que en algún momento, si tenemos la posibilidad de avanzar en la ampliación de atribuciones, pedir que podamos representar también a los contribuyentes en procedimientos de reclamo general y en procedimientos especiales, como de aplicación de multa, ya no solo en vulneración de derechos", adelanta Pizarro dentro de las prioridades futuras del organismo.
Así, en los casi cinco años en que existe la Dedecon, se han revisado en total 5.402 casos, con la orientación tributaria representando cerca de un 92% de las atenciones.
En cuanto a los recursos presentados por la Defensoría a nombre de personas y empresas de menor tamaño, se ha visto un crecimiento relevante, pasando de 64 casos de representación en 2024 a 115 el año pasado, situándose entre enero y junio del actual ejercicio en 73. Cerca de la mitad corresponde a presentaciones administrativas ante las autoridades tributarias, seguida de las RAF y los recursos de resguardo.
En esta línea, el directivo resalta el rol de la mediación previa para evitar la judicialización de casos entre las personas y la administración fiscal, que pasaron a tres casos en el 2023, a nueve un año más tarde, 23 en 2025 y 16 en lo que va de este año. ¿El resultado? En los últimos dos años se ha logrado acuerdo entre las partes en 24 de 37 casos terminados.
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Sebastian Valdenegro
