El marco de la negociación entre Hacienda y el Congreso para viabilizar la ley miscelánea, ad portas de su votación en Sala
El Ejecutivo ha sostenido reuniones con todas las bancadas en el Senado y ya se ha ido avanzando en consensos en temas como crédito tributario, invariabilidad, contribuciones y acotar los riesgos fiscales de corto plazo.
Por: Sebastian Valdenegro
Publicado: Jueves 18 de junio de 2026 a las 11:00 hrs.
Crédito: Ministerio de Hacienda.
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La tramitación del proyecto de ley misceláneo de reactivacion y reconstrucción nacional entra en una "nueva fase" por estos días.
Así lo ha recalcado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, luego de que la comisión ad hoc del Senado visara la idea de legislar del proyecto emblema del Ejecutivo este miércoles, por una esperable mayoría de tres votos -todos oficialistas- y dos en contra -de oposición-.
Ahora, todas las miradas se posan sobre la Sala de la Cámara Alta, que este miércoles 24 de junio iniciará el debate y la votación de la idea de legislar de la propuesta, la que en caso de aprobarse volverá a la comisión para su tramitación en particular. El Ejecutivo ya contaría con la mayoría para aprobar en general el texto en el Pleno.
Pese a lo último, Quiroz y sus pares del gabinete, el biministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, y el titular de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García, han transmitido a las distintas bancadas tanto oficialistas como de oposición su apertura a un acuerdo más amplio que en la Cámara para despachar la iniciativa, lo que se traduce en el inicio de un proceso formal de recepción de propuestas de parte de los distintos grupos parlamentarios, las que serán analizadas por La Moneda para determinar su virtual incorporación a las indicaciones que dará a conocer el Ejecutivo. Se espera que esto último se comunique el día de la votación en general en la Sala.
Si bien en el trámite de la comisión los senadores de oposición le enrostraron a Quiroz lo que consideran una falta de diálogo, desde Hacienda transmiten que se han sostenido reuniones -formales, informales, presenciales, telemáticas y hasta fuera del horario laboral- con todas las bancadas con representación en el Senado, en busca de un acuerdo para darle viabilidad al proyecto.
Fuentes que han participado de estos encuentros -encabezados por los ministros políticos del gabinete y donde también han participado la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, y altos asesores de Teatinos 120- explican que se ha transmitido a los distintos grupos parlamentarios que si bien el proceso de conversación será amplio y sin temas vetados, lo cierto es que el perímetro de discusión ya está definido por parte de La Moneda: aumentar la competitividad y certeza tributaria del país; financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios desde 2024; y avanzar en la facilitación regulatoria en materia de permisos para inversiones.
Con esta cancha definida, en el Ejecutivo han avanzado en las conversaciones para modificar cuatro de los principales temas donde la oposición y expertos han levantado inquietudes: la invariabilidad tributaria, el crédito tributario al empleo formal, los riesgos fiscales de corto plazo, y la exención de contribuciones a la primera vivienda de adultos mayores.
Invariabilidad: 20 años y una "prima" por seguridad jurídica
Una de las propuestas estrella del Ejecutivo es la invariabilidad tributaria, que permite a inversionistas tanto locales como extranjeros firmar un contrato ley con el Estado para gozar de la mantención de las condiciones impositivas por un lapso de hasta 25 años para inversiones desde los US$ 50 millones. Las tasas y condiciones serán las que rijan al momento de la firma del pacto.
Hasta el momento, las conversaciones entre las partes han girado en torno a reducir a 20 años la duración de los contratos, así como aumentar el techo del monto mínimo de inversión. Algunos mencionan cifras entre US$ 100 millones y US$ 200 millones. También, Quiroz ha acogido la idea de la DC de establecer una prima -o fee, como se conoce en el mundo legal- que pague el inversionistas para acceder al sistema de seguridad jurídica en materia tributaria. En las tratativas se ha conversado hasta el momento de un 1,5% del valor de la inversión.
"Para que la invariabilidad genere un aumento importante de la inversión, tiene que teneru n horizonte y montos coherentes. Por ejemplo, no sirve que se baje a 15 años y el tope de inversión se suba a US$ 1.000 millones. Eso no incentiva proyectos", dice una fuente que ha participado en los diálogos.
Crédito al empleo: acotarlo a sectores más presionados
Otra de las medidas emblemáticas para Quiroz -ha dicho que se "encadenaría" defendiéndola- es el crédito tributario al empleo, que busca reducir los costos laborales para los empleadores a través de una reducción de IVA, impuesto a la renta y Pagos Provisionales Mensuales (PPM).
La idea original era que el beneficio se enfocara en remuneraciones mensuales entre 7,8 y 12 UTM ($ 550.000 - $838.000), con una estructura que será un crédito equivalente al 15% para remuneraciones desde las 7,8 UTM, disminuyendo progresivamente para las rentas más altas hasta 12 UTM.
En la Cámara, Quiroz modificó el mecanismo: el crédito partiría en un 14% de la remuneración parejo, pero si el beneficiario es una trabajadora mujer, se aumenta a 15%. En caso de ser un hombre, se reduce a 13%. Mientras que si el beneficiario es una persona joven menor de 25 años, se agregan 1,5 puntos porcentuales al crédito. De esta forma, en el caso máximo (una mujer menor de 25 años), la tasa del crédito será un 16,5% de las remuneraciones, mientras que el caso mínimo (hombre mayor de 25 años) la tasa será de 13%. Un hombre menor de 25 años tendría una tasa de 14,5%.
Sin embargo, la medida sigue sin convencer a parlamentarios y técnicos, principalmente debido a su significativo costo fiscal (US$ 1.400 millones por año). Por lo tanto, Hacienda trabaja en acotar el universo de beneficiarios y así reducir su impacto en las arcas públicas.
Aquí las alternativas sobre la mesa son múltiples: por ejemplo, adelantar la extinción del beneficio. En el informe financiero original, se estimaba que entre los años 15 y 25 (2040 a 2050) el efecto sobre el Fisco se diluye desde US$ 584 millones a US$ 15,6 millones. Una opción es adelantar en el calendario de implementación dicho hito. Otra alternativa en análisis es focalizar el instrumento en ciertos sectores segmentos y económicos más presionados por la alza de costos laborales, como el comercio y la construcción.
El gobierno no avanzaría en aplicar el beneficio solo para las futuras contrataciones en lugar de los trabajadores actuales, como ha solicitado la oposición.
Riesgos fiscales: reordenar los plazos
Este miércoles, por primera vez el ministro de Hacienda mostró su apertura a acotar los riesgos fiscales de corto plazo del proyecto, considerando las advertencias levantadas por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ante el hecho de que el conjunto de las rebajas impositivas, más los incentivos al crecimiento, resultan en que recién en el año 2035 los ingresos fiscales superarán la baja en recaudación producto de la ley miscelánea.
Aquí, Hacienda trabaja en reformular el calendario de la entrada en vigencias de algunas medidas con alto costo fiscal, pero desechando la posibilidad de postergar el inicio del calendario de la rebaja del impuesto corporativo -desde 2027 hasta 2029- o de la integración del sistema tributario.
Adicionalmente, se busca afinar las proyecciones de recaudación de algunas medidas transitorias que Hacienda cree que recolectarán muchos más impuestos de lo anticipado, como la ventana que reduce a la mitad el impuesto a las donaciones, donde Teatinos 120 calcula ingresos por US$ 300 millones, pero ha transmitido que podría superar en cuatro o cinco veces ese monto; y el mecanismo para retirar recursos alojados en el continuador del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), que busca recolectar US$ 770 millones en dos años.
A esto se suma la ventana dual para declarar y repatriar capitales invertidos en el extranjero, que busca generar ingresos por US$ 300 millones en doce meses, pero que ha generado críticas ente especialistas.
También, el Ejecutivo trabaja sobre la base de acelerar los ajustes de gasto público que serán incorporados como permanentes en el proyecto, ya no hablando de US$ 2.000 millones sino que de una cifra que se acerque más a la meta de US$ 6.000 millones que prevé el Ejecutivo para su período de gobierno. También se incorporará la segunda etapa de ajustes, con foco en combatir el "fraude social" -cobro del CAE y de becas de posgrado en el extranjero no pagadas-, exigir mayores eficiencias a las empresas estatales y desprenderse de activos inmobiliarios no utilizados por el Fisco.
Todo esto ayudaría a engrosar la cuenta de ingresos de corto plazo y adelantar el equilibrio de las cuentas públicas en el marco de la discusión del proyecto, creen en Hacienda.
Contribuciones: aplazar entrada
Uno de los debates más álgidos dentro del proyecto ha sido la exención de contribuciones de bienes raíces para la vivienda principal de adultos mayores. La meda genera un costo de US$ 200 millones para las arcas de los municipios, por lo que Hacienda compensará US$ 130 millones a través de la inyección de recursos al Fondo Común Municipal (FCM) cada año en l Ley de Presupuestos, con reajuste a la inflación.
Sin embargo, los US$ 70 millones restantes por compensar han generado una verdadera rebelión de los alcaldes, tanto oficialistas como de oposición, ya que Hacienda ha sincerado de que habrá un impacto sobre las 12 comunas más ricas del país.
En las tratativas, el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa distintas fórmulas para revertir el pesar de los ediles. Una opción que se baraja es diferir en el tiempo la entrada en vigencia de la exención para dichos municipios, para así darles mayor tiempo para acomodar sus presupuestos a esos menores ingresos.
El proyecto establece que si la ley se publica en el Diario Oficial durante la primera mitad del año, la medida entra en vigencia a partir del 1 de julio del mismo año. Pero si la publicación ocurre durante la segunda mitad del año -que es lo más probable-, comenzará a regir desde el 1 de enero del año siguiente. O sea, 2027.
Cercanos a las negociaciones enfatizan que este tema no está cerrado aún y que podrían surgir nuevas alternativas. Sin embargo, el Ejecutivo ha transmitido en las negociaciones que no cederá en el fin de las contribuciones para este segmento, ya que fue uno de los principales compromisos de campaña del actual Presidente José Antonio Kast.
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