En una comitiva liderada por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) junto con la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), representantes del Consejo del Salmón, Frutas de Chile, Vinos de Chile, la Corporación Chilena de Madera (Corma) y ChileCarne participarán de una serie de audiencias que se llevarán a cabo en Washington, DC, Estados Unidos, a partir del próximo martes 7 de julio.
¿La razón? Ser parte del proceso de consulta pública de la Oficina del Representante Comercial de EEUU (USTR, por su sigla en inglés), convocada a raíz de la eventual aplicación de aranceles de 12,5% a 54 países, entre los cuales se encuentra Chile, mientras otras seis naciones recibirían tarifas de 10%.
El USTR no identificó una prohibición expresa a la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso en Chile, lo que estaría perjudicando el comercio de EEUU y llevó a la potencia a incluir a nuestro país en el listado de naciones potencialmente afectas al gravamen.
Esto sería otro intento de la administración de Donald Trump por sostener su política arancelaria, luego de que la Corte Suprema diera un portazo al rechazar la manipulación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para aplicar aranceles de 10% a principios de este año.
Las audiencias públicas ante el Representante Comercial de EEUU (USTR, por su sigla en inglés) comenzarán el martes 7 de julio.
Las propuestas con que aterrizan
El presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, explicó que “nuestra industria opera con cadenas de suministro altamente trazables y auditadas de manera permanente por clientes, retailers y otros actores internacionales” y agregó que apelarán al “rol esencial que cumple la fruta en el abastecimiento de EEUU”.
Chile produce a contraestación de EEUU, lo que permite mantener disponibilidad de fruta durante todo el año para la nación norteamericana: “Imponer aranceles a la fruta fresca podría reducir la disponibilidad para los consumidores, generar mayor volatilidad en los precios y afectar la eficiencia de una cadena de distribución que es clave para la economía estadounidense”, indicó Marambio.
Según estudios de Delphy & Peterson Solutions, la fruta chilena genera ingresos por US$ 3.500 millones y la creación de cerca de 19.500 puestos de empleo por temporada para EEUU, además de contribuir con US$ 2 mil millones a su Producto Interno Bruto (PIB).
“Chile tiene una institucionalidad laboral sólida, el sector cumple estrictos estándares internacionales y las cadenas de valor son trazables y auditables”, afirmó Marambio.
Según estudios de Delphy & Peterson Solutions, la fruta chilena genera ingresos de US$ 3.500 millones y la creación de cerca de 19.500 puestos de empleo por temporada para EEUU, además de contribuir con US$ 2 mil millones a su PIB.
Desde la industria agropecuaria, el presidente de SalmonChile, Patricio Melero, explicó que la prioridad será “explicar técnicamente por qué el salmón de cultivo debe ser incluido en las exenciones y no verse expuesto a este arancel del 12,5%”.
Melero agregó que lo fundamental ante el USTR será “precisar que el salmón chileno no compite con la producción estadounidense, sino que la complementa para asegurar el abastecimiento de ese mercado. Imponer este gravamen sería un error estratégico que terminaría operando como un impuesto directo al consumidor estadounidense”.
Por su parte, Vinos de Chile –gremio que participará del panel 13 del segundo día de audiencias y reúne a más de 100 viñas– presentará antecedentes para respaldar el carácter estratégico del vino chileno en el comercio bilateral con EEUU. EEUU es uno de los principales destinos del vino nacional junto con Brasil, China, el Reino Unido y Canadá, con US$ 43 millones en envíos esta temporada.
“Un eventual arancel podría afectar la competitividad del vino chileno en uno de nuestros principales mercados de exportación y alterar las condiciones bajo las cuales se ha desarrollado una relación comercial sólida entre Chile y EEUU”, declaró el director comercial de Vinos de Chile, Julio Alonso Ducci.
En tanto, Corma apuntará a que “Chile tiene un marco legal laboral sólido, ha ratificado los convenios internacionales sobre trabajo forzado, y nuestra cadena productiva opera bajo certificaciones reconocidas mundialmente que incluyen auditorías independientes en esta materia. No existe ningún hallazgo ni evidencia de trabajo forzoso en productos forestales chilenos”, afirmó el presidente de la corporación, Rodrigo O’Ryan.
En esta industria, EEUU es el segundo mayor mercado de las exportaciones forestales, concentrando el 46% del total y sobrepasando los US$ 1.000 millones en ingresos. La aplicación de este arancel “categórico” sería un golpe al sector forestal nacional, el cual representa un 1,3% del PIB y en torno al 15% de la actividad económica en regiones.
Sin embargo, este impacto también tendría un efecto “bumerán”, dijo O’Ryan, hacia la población norteamericana: “Subirán los precios de los materiales de construcción, encareciendo el costo de vida americano en un momento en que la vivienda ya es una preocupación nacional seria. Y los fondos de inversión y pensiones americanos con activos en bosques chilenos verán deteriorarse sus inversiones, lo que se traducirá directamente en menores pensiones para los ciudadanos estadounidenses”.
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