El martes, el gobierno oficializó la remoción del director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, el número 22 en sus 120 años de existencia y el segundo que más tiempo duró en el cargo desde el regreso a la democracia, luego de Javier Etcheberry entre 1990 y 2002. Será reemplazado a partir del 1 de abril por Hernán Frigolett.
Y si bien la gestión de Barraza era valorada en lo técnico, dado su carácter transversal -fue designado por Bachelet en 2015 y ratificado por Piñera en 2018 y 2021-, lo cierto es que la gestión de los denominados casos de platas políticas fue el factor que inclinó la balanza a favor de su remoción, ante la decisión de ejercer la acción penal como último recurso en algunos casos de financiamiento irregular de campañas, priorizando multas y sanciones administrativas.
Según datos de las cuentas públicas 2016-2021 del SII y que circulan entre los equipos cercanos del ingeniero, uno de los temas que marcó la administración fue el uso “intensivo” de tecnologías de información y comunicación –como big data y analítica- focalizando las acciones de tratamiento proporcionales al riesgo de incumplimiento en los segmentos que tienen mayor impacto en la recaudación.
Dentro de este enfoque preventivo, destaca la suscripción de 52 acuerdos de colaboración tributaria con gremios empresariales y de pequeñas y medianas empresas (PYME), para fomentar “buenas prácticas” entre sus asociados con el objetivo de “adelantarse al incumplimiento”.
A lo anterior se suma la implementación total de la factura electrónica; la nueva Propuesta de Declaración de IVA; la aplicación de la obligatoriedad de la boleta electrónica; y nuevas aplicaciones para dispositivos móviles que permiten, por ejemplo, emitir facturas y verificar la validez de los documentos tributarios electrónicos a través de celulares; y la creación de un informe personalizado para que los contribuyentes conozcan en qué se gastaron sus impuestos.
El período del saliente director recorrió tres reformas tributarias: la de 2014, su simplificación en 2016 y la modernización del ejercicio 2020, esta última en proceso de emisión final de circulares y, cuya recaudación en el primer año, superó en un 85% la meta prevista.
Algunas medidas nuevas que debió poner en marcha fueron la sobretasa del impuesto territorial para los bienes raíces más caros, la rebaja de contribuciones para el adulto mayor y el IVA a los servicios digitales.
Los detractores
Con los gremios de funcionarios y fiscalizadores la relación fue zigzagueante, primero por la polémica por los casos de platas políticas y luego por la implementación de una serie de ayudas estatales en medio de la pandemia que -de forma inédita- quedaron a cargo del SII, como el Bono Clase Media y el Préstamo Solidario estatal.
Los errores iniciales en la puesta en marcha, la detección de 430 mil personas que obtuvieron beneficios sin calificar, y las críticas en las redes sociales fueron resentidas en las organizaciones gremiales, que publicaron duros comunicados hablando de “improvisación” de Barraza y el entonces ministro Ignacio Briones y criticando que el organismo se estaba “desviando” de su misión institucional.
Los defensores de Barraza recalcan que en un período acotado se entregaron cerca de 12 millones de ayudas estatales y que se levantó un sistema “que no existía” para pagar los beneficios.
Pero fue en las platas políticas donde estuvo el principal flanco, ya que la decisión del directivo fue limitar el uso de querellas solo a casos de gravedad y reiteración del uso de boletas ideológicamente falsas, recalcando tanto interna como externamente que el financiamiento irregular de las campañas eran un delito “electoral y no tributario”.
Esto derivó en constantes enfrentamientos con el Ministerio Público, siendo el más reciente en agosto del año 2021, cuando la Fiscalía decidió no perseverar contra 34 imputados en el caso SQM ante la inexistencia de querellas por parte del SII.
Aquello provocó una dura respuesta de la entidad, que informó que se presentaron 22 querellas criminales y denuncias por eventuales delitos tributarios en la causa entre 2015 y 2018 y señaló que se opusieron a las suspensiones condicionales del procedimiento de 27 involucrados que se acordaron con la Fiscalía.
Según cifras del SII, entre 2015 y 2020 se presentaron 1.555 acciones penales, siendo el peak las 360 de 2017.
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