El pasado 6 de diciembre el Tribunal Constitucional (TC) emitió un polémico fallo que dejó sin tutela laboral a los trabajadores públicos. ¿Qué implica esto? Que los empleados estatales no podrían denunciar ante los tribunales de justicia despidos arbitrarios, discriminación, violación a la libertad de expresión, entre otras causas.
El fallo generó debate entre expertos y parlamentarios, quienes cuestionaron la sentencia del TC ya que revertía un pronunciamiento de 2014 de la Corte Suprema en la línea opuesta.
Tras el polémico pronunciamiento, han ingresado al menos 19 nuevas causas al TC solicitando la inaplicabilidad del artículo 485 del Código del Trabajo, el cual garantiza el derecho a los trabajadores de recurrir a la justicia en caso de que su empleador vulnere uno de estos derechos, los que se encuentran consagrados en la Constitución.
De las causas ingresadas, siete pertenecen al Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, cuatro a Felipe Salas Torres y tres a Mauricio Pontino Cortés, ambos jueces titulares de la institución; dos al Gobierno Regional de Los Lagos; dos a la Municipalidad de Coelemu; uno a la Municipalidad de Tierra Amarilla; uno a la alcaldía de San Felipe; dos a la Ilustre Municipalidad de Pitrufquén; una al Instituto Nacional de la Juventud (Injuv); dos a la Ilustre Municipalidad de Coquimbo; y uno al municipio de Lo Espejo.
Un llamado a legislar
El explosivo aumento de las causas para los expertos era un fenómeno esperable, pero aseguran que pone énfasis en la necesidad de crear una norma más clara en torno a esta materia.
“Hace falta una normativa estatutaria especial que regule en forma expresa la posibilidad de que los funcionarios públicos puedan demandar por vulneración de derechos fundamentales. Esa certeza jurídico procesal de estar demandando ante un juez competente para conocer de este tipo de demandas, no existe hoy, resultando evidente que se requiere una normativa específica que termine resolviendo este asunto”, planteó Jaime Salinas, director del Área Laboral en Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría.
Para Salinas, el fallo del TC y las nuevas causas en torno a esta materia, ponen urgencia al legislador para que se resuelva el asunto dictando una ley que, en forma expresa, establezca el procedimiento y competencia precisa bajo el cual se deberán conocer este tipo de denuncias.
Opinión similar entregó Luis Lizama, director del Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad de Chile, quien agregó que si bien no hay duda de que los empleados públicos, al igual que los del sector privado, tienen derechos fundamentales, “las vías para reclamar por esta materia son distintas. Ahí está el foco de la discusión”, explicó, y señaló que el fallo del TC lo que hizo fue “dejar en evidencia que nunca estuvo en la cabeza del legislador la decisión de prever este procedimiento para los empleados públicos”.
Para Jorge Arredondo, director del Grupo Laboral de Albagli Zaliasnik (AZ), el aumento en el número de causas de este tipo “era totalmente previsible”, por la incerteza que existe dado que aún no se tiene jurisprudencia sentada del TC. “Tenemos sólo un fallo, el que además es contrario a la tesis de la Corte Suprema. Entonces para los operadores del sistema, dentro de los cuales están los jueces, claramente se requiere claridad del marco normativo a aplicar”, dijo.
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