“Hasta el año 2012, las causas promovidas por funcionarios públicos en los juzgados laborales eran prácticamente desconocidas. Todos los operadores del sistema parecían entender que los funcionarios públicos no podían recurrir a la justicia laboral y debían dirigirse a la Contraloría General de la República. Pero en 2013, sin mediar cambio regulatorio alguno, se produjo una explosión de causas”. Así comienza un análisis del Observatorio Judicial, respecto a las implicancias que ha tenido para el Fisco el explosivo aumento de causas laborales de trabajadores del sector estatal.
El informe, titulado “Funcionarios públicos en la justicia laboral: ¿Qué hacen tan lejos de la Contraloría?”, analizó las sentencias dictadas por los juzgados del trabajo relacionadas con funcionarios públicos entre 2010 y 2018.
De acuerdo al informe, hasta 2013 los pronunciamientos en la justicia laboral eran prácticamente inexistentes. Pero el escenario cambió en 2014, cuando se observó un aumento relevante en el número de sentencias, el cual alcanzó su tope en 2016, con 118.
Entre 2010 y 2018, los fallos que acogieron las reclamaciones de funcionarios públicos significaron para el Fisco un costo de $ 1.308 millones.
En el citado período, la Justicia acogió un 31% de las reclamaciones, dándole la razón al Estado en el 69% restante de los casos. “Ello contrasta con los casos en que el empleador es un privado, donde la tendencia tiende a ser la contraria”, destaca el informe.
De acuerdo al Observatorio Judicial, el escenario actual no es del todo prometedor. Al 31 de enero de 2019, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se encontraba tramitando 771 causas promovidas por funcionarios públicos ante la justicia laboral. De dicha cifra, el 53% de las demandas corresponden a tutela de derechos constitucionales; mientras que un 42% corresponden a juicios por despidos (nulidad, despido injustificado, etc).
Dichas demandas involucran un monto que alcanza los $ 23.250,8 millones.
Un llamado a legislar
A modo de conclusión, el informe sostiene que el modelo actual del empleo público “ha sido completamente superado por la realidad”, argumentando que se debe a que el sistema fue concebido para estar compuesto mayoritariamente por empleos a planta.
“Hoy la inmensa mayoría de los funcionarios públicos están a contrata. Por su parte, los servicios a honorarios, contrariando la naturaleza de su contrato, ejercen funciones permanentes en la administración del Estado como cualquier funcionario público”, cuestiona el texto.
En esa línea, el Observatorio Judicial advierte que lo que ha significado este fenómeno es que “los tribunales acaban disponiendo del erario público, generando costos que no están previstos por la Ley de Presupuestos”.
Por último, el texto sostiene que la situación actual “no hace más que reforzar la idea de que la sede adecuada para solucionar la actual situación de los funcionarios públicos no es el Tribunal Constitucional ni los tribunales de la justicia ordinaria, sino que los órganos colegisladores, esto es, el Presidente de la República y el Congreso Nacional”.“
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