El próximo martes se retomará en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, propuesto por la diputada del PC, Camila Vallejo.
Y si bien la moción logró ser aprobada en general y, con ello iniciar formalmente su discusión, su tramitación podría enfrentar una serie de obstáculos.
El primero de ellos serán los argumentos del propio Gobierno. El martes expondrá ante la citada comisión el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, quien intentó frustradamente hacerlo la semana pasada.
El segundo frente será el relacionado con la constitucionalidad de la propuesta. Si bien logró ser declarada admisible en 2017 por la Sala de la Cámara Baja, a juicio del Gobierno y de los diputados del oficialismo, la propuesta es inconstitucional.
La misma Dirección de Presupuestos (Dipres) ya sentó precedente al respecto, pues expuso que se trata de un proyecto “cuya iniciativa corresponde en forma privativa al Presidente”, ya que altera las bases que determinan beneficios económicos y altera el orden macroeconómico del país.
“La Dirección de Presupuestos fue bastante clara en un oficio en donde señala que ese proyecto irroga gasto fiscal, y cualquier proyecto que irrogue gasto fiscal es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República”, recalcó ayer el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, quien agregó que “cuando se presentó el proyecto de disminución de 48 a 45 horas, ese proyecto tuvo que ser patrocinado por el Ejecutivo en la época, porque en primera instancia se declaró inadmisible”.
Incluso si salva el Congreso, la propuesta deberá pasar por el control de constitucionalidad que sí o sí deberá realizar el Tribunal Constitucional (TC).
“Al momento que comenzó la discusión nosotros dijimos que es inconstitucional y que sí o sí requiere del patrocinio del Ejecutivo. El propio TC el día de mañana por control de constitucional lo puede anular, seguir aventurando este proyecto en la Cámara es irresponsable, la opción de que el TC lo anule es alta”, advirtió el diputado UDI, Patricio Melero.
El ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, reafirmó ayer una opinión similar, y agregó que el proyecto no procede y es inadmisible. “Los ministros, subsecretarios y parlamentarios al momento de asumir los cargos juramos y prometemos cumplir las leyes y la Constitución, por tanto, uno no puede obviar el cumplimiento de la Constitución, hay que ser muy estricto y apegado, es la base y esencia de una democracia republicana y ese proyecto la misma secretaría de la mesa de la Cámara de Diputados la declaró inadmisible, la sala después revirtió esa decisión”, expresó.
Sin embargo, a juicio de la presidenta de la comisión de Trabajo, la frenteamplista Gael Yeomans, el argumento del oficialismo es “mañoso”. “Hemos hablado con algunos constitucionalistas, como Fernando Atria, y otros que han estado siguiendo el debate, y al final el uso de este argumento de supuesta inconstitucionalidad es más bien un argumento bien mañoso, porque impediría que básicamente presentáramos cualquier tipo de proyecto de ley”.
Yeomans recalcó que como oposición están abiertos a mejorar el proyecto, pero siempre y cuando se respete el fin de la propuesta. “Estamos abiertos al diálogo, pero que no nos pasen gato por liebre”, dijo.
Luego del próximo martes, la diputada tiene contemplado dar una semana de plazo para que los parlamentarios y el Ejecutivo puedan presentar indicaciones a las propuesta, y luego de ello discutirla en particular.
Se espera que la propuesta luego de ser despachada por la comisión de Trabajo sea analizada por la de Hacienda y posteriormente por la Sala.
Si el proyecto lograse avanzar en su tramitación, una alternativa que tendría el Ejecutivo para frenarla, es la presentación de un veto.
Melero confirmó esta posibilidad, pero recalcó que espera que los diputados patrocinantes de la propuesta “se den cuenta de que tal como está generará un impacto negativo para el mercado laboral. El Gobierno puede presentar un veto, pero espero que no lo use y que se encuentre un acuerdo en torno a la propuesta de adaptabilidad laboral”, dijo.
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