Tras casi dos meses de trabajo y en medio de la publicación de cifras negativas del mercado laboral en mayo, la Mesa de Reactivación Laboral puso sobre la mesa una ambiciosa hoja de ruta para intentar sacar al mercado laboral de su peor momento en años.
El informe final, entregado este martes al ministro del Trabajo, Tomás Rau, reúne 22 propuestas que van desde acelerar la sala cuna universal y reformar el sistema de capacitación hasta flexibilizar normas laborales y revisar las reglas sobre despidos, con el objetivo de impulsar la creación de empleo formal y aumentar la participación femenina.
El documento, elaborado por la instancia presidida por el economista David Bravo, parte de un diagnóstico poco alentador: el país acumula más de 40 meses con una tasa de desempleo superior al 8%, el empleo formal continúa debilitándose y la recuperación del mercado laboral ha sido más lenta que la actividad económica.
A ello se suma el aumento de los costos laborales derivados de reformas recientes, como el alza del salario mínimo, la reducción gradual de la jornada a 40 horas y el incremento de la cotización previsional de cargo del empleador, factores que -advierte- dificultan especialmente la contratación en empresas de menor tamaño.
Sobre esa base, la comisión organizó sus recomendaciones en cinco grandes áreas: empleo femenino y cuidados; subsidios e incentivos a la contratación; capacitación; regulación laboral; e información para mejorar el funcionamiento del mercado del trabajo.
Apuesta por ampliar el sistema de cuidados
El primer bloque de propuestas apunta a elevar la participación laboral femenina, que la mesa identifica como uno de los principales desafíos estructurales.
Entre las recomendaciones figura aprobar con urgencia el proyecto de sala cuna universal actualmente en tramitación en el Senado, respaldando las indicaciones ingresadas recientemente por el Ejecutivo. Además, el documento propone fortalecer la red pública de salas cuna, asegurar que el monto del beneficio sea suficiente para financiar una vacante en cada comuna, monitorear periódicamente la sostenibilidad del nuevo fondo y evaluar permanentemente su impacto sobre el Seguro de Cesantía.
Pero el proyecto de sala cuna no es el único foco. La instancia liderada por Bravo también propone avanzar hacia una cobertura universal de jardines infantiles para niños entre dos y cuatro años, donde Chile mantiene una brecha superior a 20 puntos porcentuales respecto del promedio de la OCDE. Asimismo, se propone crear un sistema nacional de cuidado extraescolar para niños entre 6 y 13 años y una plataforma única que concentre la oferta pública y privada de salas cuna, jardines infantiles y programas de cuidado.
Subsidios, jóvenes y formalización
En un segundo eje, el informe propone fortalecer los instrumentos de apoyo a la contratación formal.
Una de las recomendaciones es introducir ajustes al Subsidio Unificado al Empleo para que los empleadores conozcan antes de contratar si un trabajador es beneficiario del incentivo, de manera que realmente opere como un estímulo a la contratación. También plantea flexibilizar el instrumento en períodos de emergencia económica y revisar el diseño del Registro Social de Hogares para evitar que actúe como un desincentivo a la formalización.
La comisión también propone implementar un programa denominado "Talento Joven", orientado a estudiantes de la educación media técnico-profesional, con el objetivo de fortalecer la formación dual mediante prácticas laborales tempranas desarrolladas en alianza con empresas.
Entre las medidas de corto plazo aparece además una propuesta para que las obras públicas puedan operar con dos o incluso tres turnos diarios, buscando acelerar los proyectos de inversión y multiplicar la generación de empleo.
Reforma al sistema de capacitación
En este tema, la mesa propone mantener la franquicia tributaria de capacitación, pero modificar profundamente su funcionamiento. Entre otras medidas, recomienda establecer copagos para las empresas, reducir las comisiones de administración, fortalecer la fiscalización y privilegiar cursos con mayor impacto en empleabilidad. Asimismo, busca ampliar los beneficios para las pequeñas y medianas empresas y permitir que la franquicia financie prácticas laborales y programas de formación dual.
También se plantea reformular los programas administrados por el Servicio Nacional de Capitación y Empleo (Sence), incorporando certificaciones de calidad para los organismos de capacitación, financiamiento plurianual para instituciones con mejores resultados, incentivos asociados a la inserción laboral efectiva y un sistema de vouchers para que los propios trabajadores desempleados puedan elegir dónde capacitarse.
Como propuesta de largo plazo, el informe recomienda crear un Sistema de Desarrollo Continuo de Habilidades Productivas, que integre en una sola plataforma información sobre vacantes, capacitación, certificación de competencias y colocación laboral, utilizando registros administrativos para medir qué programas efectivamente logran insertar trabajadores en empleos formales.
Cambios a la regulación laboral
El capítulo que probablemente concentrará mayor debate es el referido a la regulación laboral. En este ítem la mesa plantea nueve propuestas destinadas a aumentar la adaptabilidad del mercado del trabajo, reducir la incertidumbre jurídica y facilitar la creación de empleo formal, especialmente en un contexto de mayores costos laborales.
Entre las recomendaciones figura ampliar el período para promediar la jornada laboral desde las actuales cuatro semanas hasta 15 semanas -equivalente al promedio de los países de la OCDE- o incluso 52 semanas, manteniendo el límite máximo semanal de horas.
Además, se propone crear un mecanismo permanente para reducir temporalmente la jornada durante crisis económicas, utilizando recursos del Seguro de Cesantía para complementar los ingresos de los trabajadores y evitar despidos.
Otro de los planteamientos apunta a eliminar el sistema de indemnización por años de servicio. Aquí, la mesa propone evaluar una transición gradual hacia una indemnización a todo evento, financiada mediante una cotización adicional al Seguro de Cesantía y aplicable inicialmente a los nuevos contratos, argumentando que el sistema actual desincentiva la movilidad laboral y eleva los costos de contratación.
El informe también propone modificar el artículo 161 del Código del Trabajo para dar mayor certeza a la causal de despido por necesidades de la empresa. En concreto, plantea explicitar en la ley que esta causal comprende cambios en la organización interna o externa de las compañías, como cierres de establecimientos o bajas sostenidas en las ventas o la producción, y reincorporar la "falta de adecuación del trabajador" dentro de las circunstancias que permiten poner término al contrato. A juicio de la mesa, ello reduciría la incertidumbre jurídica y la creciente judicialización de estos despidos.
En la misma línea, el grupo de expertos recomienda fortalecer la polifuncionalidad laboral mediante cambios al Código del Trabajo para permitir pactar expresamente funciones de distinta naturaleza en un mismo contrato, revirtiendo las interpretaciones restrictivas que, según el informe, han surgido en los últimos años. Asimismo, propone crear una mesa entre los ministerios del Trabajo y de Justicia para analizar el aumento de la litigación laboral y evaluar mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
Más información para mejorar las políticas de empleo
Como último eje, la mesa liderada por Bravo plantea fortalecer la información disponible sobre el mercado laboral para mejorar el diseño y la evaluación de las políticas públicas. En esa línea, propone que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entregue una explicación técnica sobre las diferencias que han surgido entre las cifras de cotizantes estimadas por la Encuesta Nacional de Empleo y los registros administrativos de la Superintendencia de Pensiones, discrepancias que han llevado a diagnósticos distintos sobre la evolución del empleo formal entre marzo de 2022 y marzo de 2026.
Además, recomienda que el Ministerio del Trabajo implemente un sistema abierto de información laboral basado en microdatos anonimizados, que reúna en una sola plataforma antecedentes del Seguro de Cesantía, los programas y subsidios administrados por Sence, el Registro Social de Hogares, la Dirección del Trabajo, la Superintendencia de Pensiones y la Superintendencia de Seguridad Social.
El objetivo es contar con una base de datos integrada que permita monitorear con mayor precisión el impacto de las políticas públicas sobre el empleo, las remuneraciones y la formalidad laboral.
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Carolina León
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