La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) alertó que los mercados y actividades ilícitas mueven US$ 5.700 millones anualmente, de acuerdo a su último estudio "Por un Chile sin economía ilícita", que presentó este jueves.
Según lo informado, de este monto US$ 3.722 millones corresponden al sector real y US$ 2.000 millones al sector financiero.
Por mercados ilícitos, la multigremial entiende los sistemas económicos paralelos, estructurados y operados por organizaciones criminales, que abarcan todas las etapas de la cadena de valor: producción, distribución, comercialización, financiamiento y lavado de activos. Su expansión se basa en la explotación de brechas regulatorias, debilidades en los sistemas de fiscalización y marcos sancionatorios insuficientes, lo que facilita su escalamiento, diversificación y consolidación.
“Estamos hablando, entonces, de prácticamente 1,5% del PIB al año. Es el equivalente a sectores completos, como la pesca, equivalente al PIB de una región completa, como la de Los Lagos. O sea, estamos hablando realmente de una actividad cuya magnitud es muy relevante”, explicó la presidenta de la CPC, Susana Jiménez.
En el detalle por actividad, las economías ilícitas con mayor valor de mercado son casinos en línea (US$ 625 millones); tabacos (US$ 617 millones); aseo, desinfección y cosméticos (US$ 600 millones); agroindustria (US$ 530 millones) y pesca (US$ 430 millones).
Además, según los cálculos del gremio, los mercados ilícitos provocan pérdidas tributarias anuales superiores a los US$ 1.500 millones. En tanto, para los privados también tiene otro costo asociado, ya que destinan cerca de US$ 2.700 millones en prevenir y disuadir la ocurrencia de delitos.
"Las economías ilícitas dejaron de ser un problema sectorial”, indicó Jiménez. Y agregó que “hoy constituyen una amenaza estructural para el desarrollo de Chile, porque afectan simultáneamente la seguridad, la inversión, el empleo, la recaudación fiscal y la confianza en nuestras instituciones”.
Propuestas para combatir el fenómeno
En esa línea, el documento de la CPC también entregó 45 propuestas, para combatir el comercio y las finanzas ilícitas, además de los ilícitos en materias primas.
De estas, se desprenden cinco medidas transversales: desarrollar una política nacional contra las economías ilícitas; crear una unidad de economías ilícitas, donde se pueda sistematizar la información existente, tanto del sector público como del privado; y fortalecer de la trazabilidad de los flujos financieros.
Además, impulsar campañas educativas para la ciudadanía e implementar una sistema integrado de denuncia segura.
“El riesgo de la inacción es inminente. Necesitamos mucha mayor coordinación. Necesitamos abocarnos a este tema con la seriedad que significa y con la magnitud que tiene y que pudimos ver en la cifra. Necesitamos esta seguridad jurídica y también la seguridad física, que está muchas veces asociada a estas actividades ilícitas, y fortalecer nuestras instituciones, porque esa es la manera que podemos también generar un mayor impulso al crecimiento económico”, dijo Jiménez.
“El Estado ya está permeado”
Una serie de advertencias lanzó la presidenta ejecutiva de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos (ACCJ), Cecilia Valdés, en un panel posterior a la presentación del estudio, visibilizando las problemáticas existentes en la regulación vigente sobre los sitios de apuestas en línea, comprendidas en las economías ilícitas.
Valdés aseguró que el problema “no es una maquinita en un lugar de abarrotes, con el tema digital es peor, porque no lo vemos, no tenemos idea”.
Aseguró además que este tipo de sitios son una “tendencia que está muy normalizada”, por lo que “pareciera que esto es algo normal, que está avalado”. Y en esa línea, interpeló al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas –quien estaba presente en la audiencia–, cuestionando “¿cuáles son las señales que estamos dando? (como Estado)”.
Además, la representante gremial se refirió a la reciente circular del Servicio de Impuestos Internos (SII) que instruyó gravar a los sitios en línea con el IVA de 19%, lo que en su opinión es “muy contradictorio, es crítico”.
Esto ya que según sostuvo “le estamos abriendo la puerta del Estado chileno a personas que no sabemos, a organizaciones criminales que no tenemos idea de dónde vienen, quiénes son o cuáles son sus recursos”.
Asimismo, Valdés hizo un llamado a regularizar desde la raíz este tipo de actividades, ya que según lanzó, “el Estado ya está permeado” frente a las irregularidades relacionadas a las casas de apuestas en línea, y dijo que es necesario “una ley que regule esto y proteja al consumidor”.
“Una buena experiencia y una esperanza”
Quien también abordó las implicancias de las economías ilícitas fue el presidente de la Asociación de Bancos de Chile (ABIF), José Manuel Mena.
Desde su posición, el representante del gremio bancario amplió la mirada sobre la necesidad de la “colaboración público - privada”, donde dijo poder compartir “una buena experiencia y una esperanza”.
En el primer caso, explicó que antes “cuando los fiscales requerían levantar el secreto bancario y entregar la información, era bastante inorgánico”, lo que según dijo cambió “hace más de un año”, con un formato estandarizado con el Ministerio Público donde “está claro qué es lo que se pide”.
En segundo lugar, la esperanza de Mena –según expuso– es que “con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) podamos hacer lo mismo”, afirmando que es necesario actualizar la ley que rige a este organismo ya que “la UAF tiene una ley que se generó en el 2003, cuando el Estado se defendía del espacio criminal de una forma distinta a como lo hace a día de hoy”.
El representante de la banca ejemplificó este punto con la reciente investigación de la “operación Tokio”, en la cual “el empleado venezolano del Banco Santander había sido informado por el Banco BCI en la cuenta que tenía ahí. Santander nunca supo porque no se puede, hoy en día es secreto”.
Es por esto que según Mena “tenemos que salir de este archipiélago sin conexiones, sin puentes de las instituciones público privadas y pasar a un espacio de colaboración donde la información es la clave”.
“Comité estratégico de economías ilícitas”
Desde el mundo público compartió su opinión el coordinador penal del Servicio de Impuestos Internos (SII), Gonzalo Mardones, quien destacó la creación de la Oficina de Crimen Organizado en el organismo hace dos años, la que “rompe esta dinámica que estamos pensando solo en una función de determinación de impuestos, en una función de delito tributario”.
Mardones aclaró que esta oficina tiene como enfoques principales “un trabajo de inteligencia con un análisis de recopilación de información para ver fenómenos criminales determinados, y articular la respuesta del SII en conjunto con otros organismos públicos”.
Además, Mardones presentó en el panel de conversación la creación del “Comité Estratégico de Economías Ilícitas”, que dijo busca “articular internamente una institución que es grande, que tiene distintas facetas y distintas divisiones”.
En esa línea, detalló que la idea del comité es además “coordinar al SII con asociaciones gremiales, empresas privadas, universidades y think tanks”.
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