El subsecretario del Interior, Luis Cordero, reiteró este martes la defensa del proceso de regularización acotada que estudia el Gobierno y que involucra el universo de 182 mil empadronados como parte del proceso que finalizó en febrero.
“Este proceso es inevitable para este o el próximo Gobierno. Si alguien quiere negar la realidad tenemos un problema, porque no se pueden hacer buenas políticas públicas si enfrentar esta situación”, sostuvo ante la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados.
Ante los parlamentarios, detalló que de los 182.119 personas empadronadas, el 90% es de nacionalidad venezolana, además de estar instalados en Chile hace cuatro años.
Más específico, dijo que el 66% del registro ingresó entre marzo de 2018 y febrero de 2022 al país y solo un 2,3% desde mayo de 2023 en adelante.
A juicio de Cordero, hay razones de seguridad y económicas para resolver el tema, por cuanto todos entraron por pasos irregulares y el 85,7% dijo estar ocupado. Esto último es más alto en hombres 92,3% que en mujeres 79,2% y un 34% de quienes tienen trabajo tiene un contrato escrito.
Además, el 13,3% informó que tiene un hijo menor de 18 años con nacionalidad chilena; el 25,8% tiene educación superior completa; el 52,1% dejó su país para reunirse con familiares en Chile; y un 96% declaró “necesidades económicas” para salir de su país.
El subsecretario agregó que solo el 0,06% del total empadronado, es decir 20 mil, registra algún antecedente policial o penal en las bases de datos de las policías y quedan automáticamente fuera del proceso en estudio.
Cordero explicó que se exigirá antecedentes penales del país de origen y que en el caso de Venezuela se obtienen y se apostillan en línea. El análisis también incluye una solicitud de informe policial de antecedentes.
Aporte fiscal
A nivel macroeconómico, mencionó que entre 2017 y 2023, las personas migrantes aportaron en promedio casi un punto porcentual anual (0,8%) al crecimiento del PIB chileno. Y que en ese período, los migrantes elevaron el gasto público en US$ 1,8 mil millones, pero aportaron en impuestos US$ 2,9 mil millones, por lo cual contribuyeron a la reducción de déficit fiscal en US$ 1,1 mil millones.
Además, generaron en promedio 863 mil empleos nuevos durante 2017-2023 y precisó que un número significativo de estos trabajos fue para personas chilenas.
Cordero también indicó el impacto fiscal de los migrantes, que en Chile pagan por impuestos (especialmente IVA) más de lo que reciben en servicios de salud, educación, transferencias y subsidios.
En 2022, planteó que por cada peso de beneficio a un chileno, el fisco recibió $ 1,01 de impuestos; y que en ese mismo año, por cada peso que recibieron en beneficios sociales, los migrantes venezolanos pagaron en impuestos $ 1,62 y los de otras nacionalidades $ 1,61.
Cordero reconoció que el estudio de la regularización “ha granjeado críticas y ningún apoyo, detrás de esto no hay una estrategia de popularidad o electoral, pero es una responsabilidad como país”.
Afirmó que “el Gobierno no tiene acuerdos con nadie, ni con empresarios ni con la iglesia o con senadores. Nada más lejos que un acuerdo con el gran empresariado, pero no es muy difícil darse cuenta que este es un problema del cual tenemos que hacernos cargo independiente si estás en la izquierda o la derecha, si eres trabajador o empresario, ateo o creyente”, subrayó.
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