El próximo sábado faltarán exactamente seis meses para que concluya la actual administración. Dado lo anterior, en el Ejecutivo se encuentran en un trabajo intenso para definir las prioridades en la recta final del actual período, siendo una de las principales -en el caso del Ministerio de Hacienda- la modernización del Estado.
Por lo mismo, la cartera se encuentra afinando los detalles para ingresar al Congreso un proyecto de ley para modernizar el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP), con el foco de insertar el mérito como el motor del ingreso a la administración estatal.
Alejandro Weber subsecretario de Hacienda.
La propuesta incluirá un punto clave, ya que tradicionalmente tensiona los cambios de gobierno, en especial cuando son administraciones de signos políticos opuestos: la permanencia de los directivos estatales.
Así, el proyecto determinará que los cargos ejecutivos del segundo nivel jerárquico, como los directores regionales y los subdirectores de algunos servicios, no podrán ser removidos por causales de confianza política -como es la norma hoy-, sino que se establecerá un mecanismo objetivo que regule la remoción y que esté basado en mérito y una evaluación objetiva.
Según datos del Ejecutivo, esto permitiría que más de mil cargos de segunda línea del aparato estatal no puedan ser despedidos por causales políticas. Un directivo en el segundo nivel jerárquico hoy permanece, en teoría, por tres años en su puesto.
El subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, plantea que esta definición es "fundamental", porque entrega "mayor continuidad operacional" al servicio público y desvincula del ciclo político a quienes son los responsables de ejecutar políticas de Estado, "en áreas tan fundamentales como salud, educación, vivienda, servicios sociales, fomento y obras públicas".
"Esto es una buena noticia, porque permite no solo que nuestro Estado entregue mejores servicios a los usuarios, sino que nos permite avanzar en la construcción de mayor cohesión social y confianza entre las personas y sus instituciones", agrega la autoridad.
Hoy, forman parte del Sistema de Alta Dirección Pública 4.958 cargos, un récord desde su génesis en 2003. Del total, 1.280 son cargos "adscritos". O sea, de primer y segundo nivel jerárquico, sujetos a todas las reglas de ingreso, desempeño y remoción que establece la ley que crea ADP.
Luego hay 3.172 cargos de directores de escuelas y liceos municipales; 260 directores de departamentos municipales de educación; y 246 cargos "no adscritos", los que incluyen, por ejemplo, a los directores de empresas públicas como Codelco o ENAP, cuyo proceso de selección es conducido por el Consejo ADP, pero las condiciones para el ejercicio del cargo se rigen por otros marcos legales.
Movilidad horizontal
La propuesta legislativa también incorpora la potestad para que un alto ejecutivo estatal pueda ser transferido de una posición a otra al interior del sector o servicio que corresponda, pero solo por "motivos fundados" y en la medida que cumpla con el último perfil aprobado por el Consejo de Alta Dirección Pública.
Dicho traspaso deberá ser aprobado por cuatro quintos de sus integrantes.
En el Gobierno aseguran que con esto se busca generar una "movilidad horizontal" al interior del Sistema ADP, al mismo tiempo que resuelve necesidades "urgentes" de la autoridad para velar por el buen funcionamiento de los servicios públicos y la provisión de servicios a la ciudadanía.
Agenda amplia
Este proyecto es parte de una batería de iniciativas con las que el Ejecutivo busca modernizar el aparato estatal, como por ejemplo ampliar los cargos adscritos al sistema ADP, incluyendo a más de 100 directorios en 22 empresas estatales, como Metro, BancoEstado,Correos y Enami, entre otras; y dotar a la dirección nacional del Servicio Civil de mayores facultades en el diseño estratégico de políticas de personas, análisis de dotaciones, coordinación de la capacitación, selección y movilidad horizontal de los servidores públicos.
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