Uno de los respaldos más amplios observados en sus mediciones mensuales logró en junio el Panel de Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Un 94% de los expertos que reúne la instancia se mostró a favor de la necesidad de “elevar las exigencias para una acusación constitucional, requiriendo que primero ocurra una interpelación y haciendo más estrictas las causales y reglas de aprobación”.
Justamente en la semana en que el Senado deberá votar la AC presentada en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau; y cuando un grupo transversal de senadores y diputados presentaron una reforma constitucional para elevar los requisitos.
Las respuestas de los economistas y profesionales de diversas disciplinas de centroizquierda y centroderecha que componen el panel -que se realiza en alianza con Radio Pauta y Diario Financiero- dieron cuenta de que un 62% se manifestó muy de acuerdo con la afirmación, un 33% de acuerdo; mientras que un 3% dijo estar muy en desacuerdo y un 3% neutral.
Al comentar lo que consideró una abrumadora mayoría, el profesor de la Escuela de Gobierno de la UC, Diego Gil, sostuvo que ello responde a lo ocurrido no solo con la última acción contra el exministro de Hacienda, sino que con otras previas que también han involucrado a secretarios de Estado de distintos gobiernos.
“Hay una cierta sensación de que se está abusando de esta herramienta política y que se está realizando lo que la literatura llama lawfare, es decir, el abuso de herramientas legales para conseguir victorias políticas”, opinó.
El académico explicó que “son victorias que deberían ocurrir en el terreno político o en materia electoral; y, a veces, se utilizan los tribunales o procedimientos constitucionales legales para buscar un triunfo político y eso es lo que ha ido pasando en los últimos gobiernos”.
Propuesta de cambio
Reconociendo que es un tema complejo, Gil valoró la oportunidad para lograr avances en materia de elevar los requisitos para la AC, como lo sugiere el proyecto presentado por un grupo de parlamentarios.
Entre otros aspectos, la iniciativa eleva de 10 a 20 las firmas necesarias de diputados patrocinantes para presentar una AC, exige que previamente se haya realizado una interpelación y sube de mayoría en sala a mayoría absoluta la aprobación de una AC.
Todo indica, expresó el académico, que terminado la tramitación de la actual AC en contra de Grau se debiera dar un tiempo para analizar la propuesta sin “la contingencia política y con una mirada más de largo plazo, ahí se podría conseguir esta mayoría, pero es algo incierto”.
En cuanto a las nuevas exigencias y los efectos disuasivos para no abusar del citado mecanismo, afirmó que “el requisito previo de interpelación no creo que genere un desincentivo muy fuerte a entablar acusaciones constitucionales. De hecho, incluso podría ser al revés, porque se interpela y ya con el convencimiento de que un ministro lo ha hecho mal, acto seguido se procede con la AC”.
Explicó que dentro de las modificaciones que se han mencionado “lo más fuerte sería aumentar los requisitos de la aprobación de una AC en la Cámara de Diputados, cambiar esa mayoría relativa de los diputados y que sea de una mayoría absoluta, que es lo que se exige en el caso del Presidente de la República y los gobernadores regionales. Creo que ese sí sería un desincentivo”.
El profesional también sostuvo que más allá del cambio de reglas, lo que se necesita es un cambio en la actitud de los políticos.
“Las reglas tienen un efecto, pueden facilitar o pueden entorpecer cosas que uno quiere que no ocurran. Pero, al final del día, las reglas no cambian la cultura política. Cuando uno tiene una cultura política muy polarizada y adversarial, en la medida en que no haya una mayor conciencia de parte de nuestros legisladores de que estas herramientas legales tienen que usarse adecuadamente, no hay regla que lo vaya a impedir”, argumentó Gil.
“La creciente tendencia al abuso de las AC obliga a revisar sus exigencias para evitar que se exprese solo una indeseable polarización y degradación de la acción política”.
Alejandro Ferreiro,Vicepresidente Chile Transparente
“La AC ha perdido su sentido original por el mal uso que le ha dado el Congreso. Dada la experiencia de los últimos 10 años, amerita revisar las exigencias para usar este instrumento”.
Sylvia Eyzaguirre, Investigadora CEP
“Desde el segundo gobierno del Presidente Piñera el usu de las AC ha sido explosivo, siendo utilizada más como un mecanismo de remover ministros/as o de revancha política”.
María Jaraquemada, directora del Consejo para la Transparencia
“Hay que crear reglas para evitar que los sectores más extremos de coaliciones políticas arrastren a toda su coalición en acusaciones que están debilitando la gobernabilidad”.
Sebastián Soto, profesor Facultad de Derecho UC
“La acusación constitucional debe ser un instrumento de máxima rigurosidad en su fundamento, propósito y tramitación”.
Paulina Saball, exministra de Vivienda
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